La administración concursal de Unipost, la empresa propiedad de los Raventós en concurso de acreedores, ha anunciado un primer expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará al 25% de la plantilla, unos 560 trabajadores, a partir del mes de diciembre.

Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado que estudia pedir la declaración de concurso culpable contra el empresario Pablo Raventós, a quien la central responsabiliza de la quiebra de la compañía.

La primera fase de ERE de Unipost afectará a la cuarta parte de sus 2.400 trabajadores en plantilla, según comunicó el administrador a los sindicatos el pasado miércoles durante la segunda reunión del período de consultas para negociar el ERE, informan en CCOO.

Para el sindicato, el mantenimiento de la actividad del operador postal pasa por la aparición de un comprador. Sin embargo, en la reunión del pasado martes, el administrador concursal rehusó facilitar cualquier dato sobre una posible operación de compra, bajo el argumento de que aún no es el momento de desvelar los nombres de los hiptotéticos comprador o compradores, aseguran desde la central.

Tras la primera fase del ERE, se prevé una segunda fase de despidos que afectaría, de enero a mayo, a los restantes 1.730 trabajadores, la plantilla en su totalidad.

Sin embargo, en la primera fase no se contempla suspender la actividad en ningún ámbito territorial, sino ajustar los recursos para ofrecer un servicio mínimo en todos los centros.

Concurso culpable

CCOO ha anunciado que intensificará su campaña de movilizaciones a fin lograr que el Gobierno dé una salida, y apoye la búsqueda de un comprador, de tal modo que se facilite la continuidad de Unipost.

El sindicato, que aboga por que Correos se haga cargo del operador postal, estudia además pedir la calificación de concurso culpable, y obligar con ello al empresario Pablo Raventós a responder, con sus bienes personales, del pago de los seis millones que según CCOO se adeuda a la plantilla.

Para CCOO, resulta “prioritario” tomar las iniciativas necesarias para mantener la actividad a partir de enero, para lo que va a ser “imprescindible” la aparición de un comprador si se quiere evitar el cierre de centros.

Por otro lado, el sindicato ha vuelto a apelar al Gobierno para que intervenga e impida lo que puede convertirse en “uno de los mayores ERE de los últimos años” con el despido directo de 2.400 trabajadores, a los que suma otros 2.000 despidos “indirectos” de empresas asociadas.