El Gobierno ha matizado hoy su propuesta de introducir cambios en el sistema de cálculo de la pensión de jubilación del sistema público de pensiones. Según ha anunciado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, la idea del Grupo Popular de permitir elegir los mejores años de cotización que fijen el importe de la futura pensión, solo afectaría a quienes acrediten 38 años cotizados, y no incluiría además a las jubilaciones anticipadas.

En una entrevista en Radio Nacional, el secretario de Estado rechazó, sin embargo, que su propuesta sea un globo sonda, tal y como asegura la oposición, y restó valor a las críticas vertidas contra la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien desveló hace unos días los planes del Grupo Popular.

Sin embargo, en la práctica, la formulación hecha hoy pública por Burgos restringe a unos pocos trabajadores los beneficios de la idea de que se puedan elegir los años de cotización, y descartar los peores para quienes hayan sufrido despido o disminución de rentas en la recta final de su vida activa.

Para determinar la pensión, a partir de 2022, se mirarán los últimos 25 años de cotización (hoy son 21 años). Por su parte, la edad de jubilación irá ascendiendo desde los 65 años y 10 meses de 2020, hasta los 67 años en 2027, según prevé la penúltima reforma del sistema.

Pues bien, la idea es que se puedan elegir, o bien esos últimos 25 años como base para el cálculo, o bien otros 25 años que sean más beneficiosos para el futuro pensionista.

Sin embargo, para poder acogerse al beneficio, habría que acreditar 38 años cotizados, según matizó hoy Burgos. Y eso significa que solo se admitiría una laguna de cotización de 4 años para aquellos que quieran jubilarse a partir de 2027; es decir que habría que haber trabajado desde los 25 hasta los 67 años, con solo cuatro años sin cotización.

Sin embargo, la principal dificultad para las personas despedidas a partir de los 50 años radica en hallar un empleo y seguir cotizando de manera continuada.

Viabilidad del sistema

En cualquier caso, el secretario de Estado ha defendido la propuesta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, que cuenta, ha dicho, con el “aval” del ministerio de Empleo, y que habría de aprobarse en el seno de la subcomisión del Pacto de Toledo, que vela por el futuro del sistema de pensiones, tras su discusión.

Por otro lado, Burgos ha matizado que el objetivo de la medida “no es salvaguardar el sistema de pensiones”, al que añadiría previsiblemente más gasto, sino que este sea “más equitativo y justo” en su reglamentación.