La documentación sobre la intervención del Banco Popular el 6 de junio de 2017 y su inmediata adjudicación al Santander por un euro, hecha pública, aunque con datos clave censurados, por la Junta Única de Supervisión (JUR) el 2 de febrero está provocando la exigencia de mayor información y transparencia a este organismo del Banco Central Europeo (BCE). Al mismo tiempo, está avivando las demandas de afectados por el desplome de la entidad financiera española, que han perdido prácticamente toda su inversión (salvo los particulares que han suscrito los bonos ofrecidos por el Santander como compensación).

Los bufetes de abogados que canalizan las demandas de afectados consideran que los informes de la JUR y de Deloitte, aunque estén censurados, confirman que los accionistas y titulares de bonos subordinados del Banco Popular fueron injustamente tratados, y que no se tuvo en cuenta el precio que se podría obtener por los activos de la entidad en un proceso ordenado de venta. Por tanto, deben ser adecuadamente indemnizados.

De momento, estos bufetes volverán a presentar una petición al Panel de Recursos de la JUR para que se obligue a la Junta que preside Elke König a que proporcione, si no toda la información, al menos más datos.

Lo más probable, si no accede la JUR a hacer pública toda la información de la que dispone, es que los tribunales terminen exigiéndola, porque la ausencia de datos fundamentales sobre el proceso provoca indefensión jurídica en los afectados.

El Banco Central Europeo debe enfrentarse a una batalla judicial sin precedentes, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá, previsiblemente, la última palabra en un proceso que se antoja largo y complejo, y que puede complicar la Unión Bancaria.

La cuestión más importante es si los acreedores del Banco Popular habrían recibido más dinero si la entidad se hubiese liquidado de forma ordenada en vez de la opción elegida: intervención y rápida adjudicación, por un euro, al Santander.

Con los datos que se conocen hasta ahora, parece evidente que el Popular no incurría en una situación de insolvencia antes de la intervención, pero que ésta se produjo por falta de liquidez, provocada por una ‘fuga’ masiva de depósitos (cuyo alcance se ignora por la censura de la JUR).

En estos casos, el BCE suele dar liquidez a las entidades a cambio de un colateral (garantías)  adecuado. El problema del Popular fue, aparentemente, que se quedó sin activos para poder garantizar nuevos préstamos de emergencia del BCE. Pero este asunto también está censurado en los informes de la JUR.

¿Cuánto vale el Popular?

Otra cuestión es cuánto valía el Banco Popular en ese momento, teniendo en cuenta todos los potenciales riesgos a los que se enfrenta el comprador y los costes que deberá asumir éste. El rango de valoración del Banco Popular se fijó entre -8.000 millones de euros en el escenario más pesimista y de 1.300 millones positivos en el optimista (que no puede ser utilizado por la JUR ya que las normas obligan a optar por una valoración conservadora). El escenario intermedio o ‘neutral’ habla de -2000 millones. Como referencia, el último día de cotización del Popular indicaba un valor de 1.300 millones.

El análisis de Deloitte, que reconoce que se hizo en muy poco tiempo (entre 10 y 12 días) y sin acceso a “información crítica”, no aclara mucho: el ‘agujero’ del Popular oscila entre los 11.800 millones, en el mejor escenario, y los 20.600 millones, en el más pesimista.

Según el informe, cuyo objetivo era estimar el valor que podría haber ofrecido un potencial comprador por el banco, la estimación más probable del ajuste de valoración de la entidad era de 14.700 millones.

El supuesto agujero, según esta estimación final, se debe a un déficit de provisiones de 3.500 millones de euros en créditos, de 3.100 millones en activos fiscales diferidos, de 2.700 millones por activos intangibles y de 500 millones por capital e ingresos fijos. También se mencionan 3.100 millones “como consecuencia de la mala aplicación, por parte del Popular, de las normas comunitarias y españolas sobre valoración de activos».

El Popular tuvo que provisionar 7.300 millones antes de pasar a propiedad del Santander durante la resolución aplicada por la JUR y que arrasó con sus recursos propios (casi 11.000 millones, entre ellos los 3.400 millones que corresponden a accionistas y bonistas). Y el Santander tuvo que realizar una ampliación de capital de 7.000 millones para poner los recursos propios en positivo.

La JUR oculta los datos sobre riesgos legales y sobre el coste de las alianzas, empresas conjuntas y filiales, como las que el Popular tiene con Allianz, Credit Mutuel o Värde, que oscilan entre 1.200 millones y 4.100 millones de euros.