El Tribunal Supremo dictamina  que son los clientes quienes deben pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas. El Pleno de la Sala Primera, que ha adelantado el sentido del fallo pero todavía no ha hecho pública la sentencia, da la razón a los bancos.

En diciembre de 2015, el Supremo declaró nulas por abusivas las cláusulas hipotecarias que cargaban en el cliente la totalidad de los gastos. Y dictaminó la «abusividad» de una cláusula que, «sin negociación y de manera indiscriminada», atribuye todo el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley hace una distribución de los mismos, y por tanto declaró nulas todas las cláusulas que imponían al cliente todos los costes de concertación del contrato y del pago de todos los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco.

Sin embargo, esa sentencia no detalló cuáles de esos gastos debían corresponder al cliente y cuáles al banco.

La nueva sentencia del Supremo sólo estima en parte los dos recursos de casación presentados por los clientes afectados y establece que por la constitución del préstamo, el pago incumbe al titular de la hipoteca. Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto corresponde a la matriz, que se abonará «por partes iguales» entre el prestamista y la entidad financiera que concede el crédito, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

La factura media para una hipoteca de 150.000 euros varía según cada comunidad autónoma, pero puede rondar los 5.000 euros, entre tasación, gestoría, registro, notaría y el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Este último supone cerca de dos tercios del total de los gastos.

La práctica habitual es que los clientes paguen los impuestos relacionados con la constitución de las hipotecas, el grueso de los gastos relacionados con la suscripción de este préstamos.

De nuevo el Supremo da la razón a los bancos frente a los clientes, como sucede por ejemplo en el caso del IRPH. No obstante, los jueces no siempre se dejan guiar por el criterio del Supremo y, como sucede en el asunto de este índice de referencia de las hipotecas, terminan elevando el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al entender que éste no cumple con la normativa comunitaria.

«Siempre tenemos a Europa»

La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, cree que «al Supremo le ha temblado el pulso» y que debería haber valorado que esos gastos se han insertado «en una cláusula declarada como abusiva por desequilibrada» y, por tanto, «el banco debe abonar todos los gastos”. Se pregunta por qué el consumidor tiene que abonar una escritura pública que al que interesa es al banco.

“Estamos seguros de que los tribunales europeos nos darán la razón y no vamos a bajar los brazos para que los bancos sigan abusando de los consumidores. Seguiremos luchando”, añade.

“Será otra vez en Europa. Las Directivas europeas y las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea inciden en que las consecuencias de la nulidad de una cláusula abusiva deben tener carácter disuasorio», señala la presidenta de Asufin.

«Comprendo que el impacto económico en los bancos y el aumento de la litigiosidad puede haber pesado en esta sentencia, pero los magistrados se han equivocado. Beneficiar a la banca contra los consumidores no es el camino”, remarca. “Si el importe medio de una hipoteca ronda los 200.000 euros, lo que se reclama ronda los 2.500 euros multiplicados por ocho millones de hipotecas, estamos hablando de muchos miles de millones”, reflexion.

“Nosotros hemos presentado 4 demandas colectivas contra la banca para que dejen de cargar los gastos de hipoteca al consumidor. Hasta ahora los juzgados han resuelto mayoritariamente (un 88%) obligando a la entidad a devolver, al menos, una parte, si bien es verdad que el IAJD se ganaba el 50% de las veces”, concluye.