“El balance no es positivo”. Los sindicatos han enjuiciado hoy los nueve meses de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. Y su frustrada tentativa de contrarreforma laboral. Un movimiento que nunca estuvo sostenido por una negociación real entre los socialistas y los grupos políticos. Y que ha derivado además en una radicalización de CEOE, a la que acusan de interferir en la campaña electoral con “propuestas de máximos” que dinamitan el diálogo social.

Para los líderes de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, y Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, el Gobierno de Pedro Sánchez nunca negoció “en serio” los cambios laborales que el Gobierno prometió a los sindicatos y que llegaron a plasmarse incluso en un borrador de decreto ley redactado por el equipo de la ministra Magdalena Valerio.

Aun así, las organizaciones sindicales no pierden aún la esperanza de que el Gobierno legisle por decreto y cambie los aspectos más “lesivos” de la reforma laboral del PP; a pesar de que son conscientes de la situación política que atraviesa el país, y del ambiente electoral que ha trufado de rumores y cruces de acusaciones el aire que respiran las fuerzas políticas.

Así, el Gobierno acusa a PNV y PDeCAT de tumbar la contrarreforma al oponerse a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa que ambicionan las organizaciones sindicales, y a Podemos de frustar estos cambios al aspirar a máximos en la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que regula la subcontratación; mientras que, de otro lado, los nacionalistas vascos y catalanes niegan que el Gobierno llegara siquiera a negociar con ellos esa presunta contrarreforma laboral.

“Nos sentimos profundamente decepcionados. El balance de la legislatura no puede ser positivo”, insisten Sordo y Álvarez, quienes, no obstante, destacan algunos aspectos “positivos” de la gestión de Sánchez, como la recuperación del subsidio para mayores de 52 años y la subida del salario mínimo – SMI – a 900 euros; un 22% más.

Evitar que las ‘kellys’ ganen un 40% menos

En esencia, los sindicatos ambicionaban de Sánchez tres cambios en la legislación laboral, como son, por un lado el del artículo 42 del ET que regula las subcontrataciones, amparando a los trabajadores de las subcontratas bajo el convenio de referencia del sector; la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresas; y la prórroga ilimitada de los convenios colectivos, una vez vencidos – la llamada ultraactividad –.

Advierten incluso las centrales sindicales “cierto consenso” en estas materias. Y llaman a Sánchez a dar un “golpe de efecto” con la aprobación de un real decreto, cuya convalidación precisa del apoyo suficiente de las fuerzas políticas en el Congreso.

La aprobación de este real decreto ley, que el Gobierno ha descartado, obligaría a los partidos políticos a “retratarse” y explicar en tal caso su oposición a que las conocidas ‘kellys’ – el acrónimo de ‘las que limpian los hoteles’ con que se conoce a las camareras de piso hoteleras – vean su salario reducido un 40%; o que los trabajadores de más de un millar de empresas vean desaparecer el articulado de sus convenios colectivos, improrrogables; o que algunas empresas multiservicios hagan “competencia desleal” al resto de empresas, tirando los precios, al devaluar los sueldos, amparadas por la prevalencia del convenio empresarial que inauguró la reforma laboral en 2012, argumentan.

“Un dogma neoliberal”

En su argumentación, arremeten además contra quienes defienden que las pequeñas empresas necesitan el convenio de empresa mantenga una jerarquía superior al de sector como mecanismo de flexibilidad interna, tal y como también se dispuso en la reforma laboral.

“Esto es falso. Es un dogma neoliberal”, argumenta Sordo, que enarbola en su explicación datos sobre los 195 trabajadores de tamaño medio de estas empresas firmantes de convenios de empresa. “Esto no es una pyme o micropyme en España”, critica, sino “empresas multiservicios, muchas de ellas trasnacionales” que utilizan el convenio colectivo de empresa para devaluar los salarios, por ejemplo de ‘las kellys’, concluye.

Por el contrario, continúa, la fórmula que utilizan en España las pequeñas empresas para adaptarse a la mala marcha económica es la inaplicación, defiende el líder de CCOO, con nuevos datos que indican que el tamaño medio de las empresas que se descolgaron de su convenio colectivo en 2017 era de 21 trabajadores. “Así es como se adaptan las empresas a las condiciones económicas”, reitera, en relación a las inaplicaciones.

“Involución” en CEOE

Por último Sordo y Álvarez han lanzado además duras críticas contra el documento de propuestas que CEOE lanzó ayer, y donde la patronal que lidera Antonio Garamendi se muestra a favor de retrasar la edad de jubilación a medida que aumenta la esperanza de vida.

Según los sindicatos, esta medida contradice lo firmado con los patronos en relación con el sistema público de pensiones, y supone una “involución” en la organización que atribuyen más al “derecho de veto” que en su opinión, el Gobierno de Sánchez concedió a Garamendi en la frustrada contrarreforma laboral.

En este sentido, y después de avisar a los patronos de que “van por mal camino” con este tipo de propuestas, Sordo atribuye esta “propuesta de máximos” por parte de CEOE al tiempo perdido por el Gobierno tratando de atraer a la patronal en la negociación de los cambios laborales, a pesar de que los patronos “nunca tuvieron intención” de retocar la reforma laboral del PP.

Los salarios se recuperan

A pesar del tono crítico, los sindicatos han resaltado algunos hechos positivos, como la evolución salarial, que atribuyen a la movilización que culminó en el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (IV AENC), firmado con los patronos el pasado verano, y que ha contribuido a “dinamizar la negociación colectiva”, ha dicho Sordo, en referencia al alza salarial del 2,23% pactada hasta febrero, duplicando el avance de los precios, lo que supone una “importante” ganancia del poder adquisitivo de los trabajadores.

Finalmente, en lo relativo al control horario, fuentes sindicales han anunciado anuncian que ofrecerán en breve plazo instrucciones a sus negociadores para que estos trasladen a los convenios en negociación, la inclusión de este registro horario llamado a evitar las jornadas abusivas, que el Gobierno aprobó recientemente en una versión “descafeinada”, en opinión de las centrales.