Poco ha tardado el juez Manuel García Castellón en responder a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar al expresidente del BBVA, Francisco González, y a dos exdirectivos del banco, Juan Asúa y Eduardo Arbizu, por el escándalo Villarejo. Al día sguiente de la solicitud, la Audiencia Nacional cita como investigados el 18 de noviembre, dos días antes de la comparecencia del BBVA, imputado como persona jurídica, a Francisco González, a Juan Asúa, nombrado por el actual presidente del banco, Carlos Torres, Senior Advisor to the Chairman en diciembre de 2018; y a Eduardo Arbizu, que  julio, cuando fue cesado al conocerse la imputación del BBVA, era responsable de Regulación y Control Interno.

La imputación de los tres se produce en el marco de la pieza separada número 9 de la causa que investiga las actividades presuntamente ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, que habría estado desempeñando diversas tareas para el BBVA durante más de una década y facturando a cambio una cantidad que ronda los 10 millones de euros.

La investigación de esta pieza gana impulso con estas comparecencias del día 18 y con la del representante del BBVA el 20 de noviembre. La declaración del banco en calidad de persona jurídica, la primera vez que se produce, se ha suspendido dos veces por razones de agenda del juzgado y relativas a la defensa, y a la tercera parece que va la vencida.

El juez también tomará declaración sobre este asunto a personas del entorno de Villarejo, como el policía que en segunda actividad trabajaba para una de sus empresas, Antonio Bonilla, y que ya está imputado en otras piezas de la causa, por la participación que pudo tener en la ejecución de los encargos realizados para el BBVA y que iban desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.

Las pesquisas se siguen en la novena pieza separada de esta macrocausa que ya tiene 18 líneas distintas de investigación y que se prevé superará la veintena antes de que acabe el año, habida cuenta de la multitud de ‘proyectos’ y clientes del «clan parapolicial» mafioso que habría estado liderando Villarejo a través de sus empresas y de los que dejó constancia en los más de 40 terabytes de información que se le intervinieron cuando fue detenido en noviembre de 2017.

Una decena de directivos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional: el entonces CEO de la entidad, Ángel Cano, y el jefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros. Están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco, Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate y de la Operación Chamartín, Antonio Béjar González (despedido del banco tras declarar ante el juez), el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y el ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.

Todos a excepción de Béjar, que ya ha acudido varias veces a la Audiencia Nacional y ha prestado declaración, se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.

No obstante, el BBVA viene anunciando su absoluta disposición a colaborar con la justicia, ante la que ya habría presentado un informe ‘forensic’ encargado expresamente para conocer el pormenor de las relaciones con las mercantiles de Villarejo durante la etapa bajo la lupa, cuando presidía la entidad Francisco González.