La Autoridad Fiscal Independiente (Airef), entidad de evaluación del gasto antes presidida por al hoy ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, ha entregado hoy al Gobierno un avance de sus trabajos de evaluación de la eficacia del gasto en incentivos al empleo. El ente, que analiza además la idoneidad del gasto público en beneficios fiscales, gasto hospitalario e infraestructuras de transporte, prevé finalizar sus trabajos el próximo verano.

La Airef sigue estudiando cómo se emplean los 2.000 millones de euros que España gasta cada año en bonificar algunos contratos y reducir los pagos a la Seguridad Social de empresarios cuando estos contratan a trabajadores de determinados colectivos.

Ya en 2019 el organismo antes presidido por el hoy ministro Escrivá criticó con dureza las llamadas políticas activas de empleo, que, en el reparto de competencias del actual Gobierno, han quedado en manos de la ministra de Trabajo procedente de Unidas Podemos, Yolanda Díaz.

En aquella evaluación, la Airef criticó que un 40% del gasto anual en políticas activas en España – entre 6.100 y 6.500 millones anuales – se dedicara a reducir o bonificar la factura con la Seguridad Social de empresarios y autónomos, a pesar de que estos incentivos al empleo han demostrado una escasa eficacia, especialmente cuando se usan de forma indiscriminada.

En aquella ocasión, por ejemplo, la autoridad fiscal criticó los 1.420 millones gastados desde 2012 en el plan Prepara y su poca eficacia a la hora de reintegrar a parados de larga duración en el mercado laboral.

Los actuales trabajos de evaluación suponen una continuación de aquel análisis de las políticas activas de empleo entregado el año pasado. Sin embargo, ya entonces, la autoridad fiscal criticó la excesiva proporción que estos incentivos suponen dentro del conjunto del gasto en políticas activas. A diferencia de Alemania, por ejemplo, donde estas bonificaciones suponen un 20% del total del gasto en políticas de empleo, en España estos incentivos se llevan cada año un 40% del total del presupuesto dedicado al fomento del empleo.

Siete tipos de incentivos

La evaluación se centra sobre siete tipos de incentivos utilizados durante el período 2012 – 2018; a saber, menores de 30 años, mayores de 45 años, mujeres con infrarrepresentación en ciertos sectores; conversiones de contratos temporales en indefinidos, la tarifa plana de los autónomos, bonificaciones y reducciones específicas de los autónomos e incentivos para la contratación de personas con discapacidad.

Estos siete incentivos analizados cubren el 80% del total del presupuesto dedicado a esta labor.

Aunque el trabajo no se completará hasta el verano, el Gobierno ha podido conocer hoy ya un 40% de sus conclusiones, fruto de un análisis de los incentivos completado al 80% y de una evaluación terminada en un 75%.

En su análisis, la Airef se ha destacado por su utilización de modernas técnicas de explotación de datos. Por ejemplo, en su análisis anterior, en 2019, los técnicos de la autoridad fiscal cruzaron los datos de 3,1 millones de parados con los registros de la Tesorería de la Seguridad Social. Un cruce hasta entonces nunca utilizado en España que supuso manejar datos de 41 millones de demandas de empleos correspondientes a 1,2 millones de personas para un período de cinco años a partir de 2012.

Entonces la autoridad fiscal recomendó al Gobierno acometer profundos cambios en la labor de intermediación laboral que se realiza en las oficinas del Servicio Público de Empleo a fin de incentivar a los funcionarios u oficinas para la consecución de objetivos, al igual que se hace en otros países, donde funciona bien este sistema de incentivos.

Además, la Airef propuso en 2019 la adopción de un cheque formación en el área de formación para el empleo que rompa con el sistema de inventivos perversos que dominan un sistema donde la Autoridad detectó incrementos artificiales de facturas por parte de los centros de formación, y sobre todo la falta de adecuación de los cursos a las necesidades de las empresas.

Ademas de estos incentivos al empleo, la Airef entregará en verano su evaluación sobre otras áreas de gasto público, como son los beneficios fiscales, el gasto hospitalario del sistema nacional de salud (SNS) y el gasto en infraestructuras del transporte.

El actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pretende utilizar esta amplia experiencia en la explotación de microdatos para dar un vuelco en el sistema asistencial de protección por desempleo, así como en la implantación de un ingreso mínimo vital que proteja a las personas contra la desigualdad y la pobreza grave.

Además, Escrivá presentará este jueves ante el Pacto de Toledo sus ideas para una reforma del pensiones que, tras el paso por esta comisión parlamentaria, el ministro de Seguridad Social quiere tener lista para 2020 a fin de eliminar una incertidumbre que, en su opinión, está perjudicando la solvencia del sistema público de pensiones.