Dos tercios del personal público al servicio de la Administración General del Estado (AGE) trabajan de forma no presencial durante la presente crisis de coronavirus, según los datos del Gobierno facilitados hoy viernes.
Los datos oficiales parecen excluir a los empleados públicos que prestan sus servicios en los organismos autónomos, según se deduce de cotejar los datos con las cifras facilitadas hoy por el el ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Según estos datos, el 62,5% del personal “del conjunto de todos los ministerios”, cifrado en un total de unos 175.000 efectivos, trabaja en la actualidad de forma “no presencial” en modalidades como teletrabajo, por teléfono o trabajo remoto; esto es, unos 109.000 trabajadores.
Además, otros 48.000 continúan prestando sus servicios de forma presencial, el 27,5%. Mientras que 6.150 más – el 3,5% – se encuentran en situación de aislamiento a consecuencia de la pandemia.
Un 6,5% adicional se encuentra en “otras situaciones laborales” cuya naturaleza el ministerio no especifica.
No incluye fuerzas y cuerpos de seguridad
Quienes trabajan de forma presencial pertenecen a servicios esenciales, precisa el ministerio; lo cual afecta a unos 48.000 trabajadores. Sin embargo, en esta cifra no están incluido militares, ni guardias civiles, ni policías que dependen de la Administración central, que, según el último boletín estadístico del personal del servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP), ascienden a otros 258.000 efectivos, con datos julio.
Hoy, el ministerio cifra el total de efectivos del “conjunto de todos los ministerios” en unos 175.000 efectivos. Sin embargo, según el citado boletín, este sector de la Administraciones General del Estado (AGE) estaría compuesto en su totalidad, por unos 232.000 miembros, incluyendo los 64.000 empleados que hasta julio trabajaban en organismos autónomos, como las distintas agencias, la Biblioteca Nacional y otros organismos como el Consejo Superior de Deportes, y que parecen haber sido excluidos de este recuento.
La Administración General del Estado dictó unas resoluciones los días 10 y 12 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, ordenando a su trabajadores atenerse a la modalidad de trabajo no presencial en la medida de lo posible.
Desde entonces, los empleados públicos de la AGE han celebrado más de 26.500 reuniones telemáticas, así como más de 1.500 cursos no presenciales; aunque han debido suspenderse, a causa de la crisis sanitaria, otros 1.100 cursos.
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