El Covid-19 está teniendo un gran impacto en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Nos ha hecho despertar, de repente, en una realidad en la cual nuestra economía ha resultado ser mucho más frágil de lo que podíamos pensar a priori. La excesiva regulación a la que estábamos sometidos, junto con la complejidad del sistema, pueden llegar a significar un importante lastre que nos impida adaptarnos a las nuevas circunstancias con la flexibilidad necesaria, o incluso nos haga incurrir en responsabilidades jurídicas, aun habiendo actuado de buena fe. Los precios de transferencia representan un buen ejemplo de todo esto.

Según ya comentamos en otro artículo publicado en diarioabierto.es, los precios de transferencia representan una respuesta fiscal de los Estados frente a la globalización. Se crearon para evitar que, con operaciones intragrupo, las empresas transfieran sus beneficios a otros países cuya carga impositiva es menor. Por ejemplo, sin salir de la UE, tenemos países como Malta, donde el Impuesto de Sociedades es del 35%, y otros, como Irlanda, donde las empresas pagan solo un 12,5%.

Al aplicar precios de transferencia, la regulación impone que toda operación entre dos sociedades del mismo grupo se realice a “precio de mercado”, es decir, como si fuesen dos empresas ajenas. En la práctica, las directrices que marca la OCDE en relación con los precios de transferencia se materializan en dos ámbitos, uno interno para la propia compañía, asociado con la obligación de documentación de las operaciones, y otro externo, que dependiendo del volumen de operaciones puede llegar a significar la elaboración de una declaración, de un informe país por país, con carácter anual. La documentación se deberá adaptar a las particularidades fiscales de cada Estado, y en ella se detallarán, entre otras circunstancias, los precios de transferencia asignados a cada operación relevante, junto con la descripción del método empleado para el cálculo en cada caso.

Ahora bien, ¿Qué sucede si en dos meses cae el precio del barril de petróleo de 60 a 20 dólares? ¿Cómo reaccionamos si en un país se suspende la actividad de nuestras fábricas por decreto ley? Durante estos meses de pandemia, muchas empresas están sufriendo pérdidas, desabastecimientos, cambios de precios en sus materias primas, viéndose en ocasiones abocadas a realizar los ERTE o incluso a cerrar líneas completas de actividad. La política asociada con los precios de transferencia de toda la organización se debería adaptar a todos estos cambios vinculados con las operaciones.

Ante todo, prevenir
Una primera idea: es imprescindible documentar todas las decisiones que se vayan adoptando y las operaciones que se realicen. En paralelo, es conveniente revisar todos los contratos y acuerdos dentro del grupo, incluyendo cláusulas que detallen el posible impacto de los cambios. Por todo lo anterior, las políticas e informes del año 2020 no podrán ser un mero corta y pega de la documentación del 2019. De hacer esto, la empresa se estaría exponiendo a un importante riesgo jurídico. ¿Como pueden calcular las empresas los precios de transferencia?

♦ Método de coste incrementado. Es uno de los métodos de cálculo aprobados por la OCDE. Con él, las empresas tienen calculado unos márgenes de beneficio que, en las circunstancias actuales, pueden haber perdido el sentido económico. Como se ha comentado, la pandemia ha provocado graves alteraciones del proceso productivo (encarecimiento o escasez de materias primas, cierre de fábricas, etc.) lo que termina repercutiendo en los costes de producción.

♦ Comparativa dentro del sector. Otro sistema de cálculo de los precios de transferencia consiste en comparar la operación intragrupo con otras transferencias que se hayan realizado anteriormente dentro del mismo sector. Las operaciones de hace unos meses ya no sirven como referencia en el momento actual dado que, en muchos casos, los precios han variado significativamente. El Covid-19 ha impactado claramente en el consumo reduciendo la demanda, y consiguientemente, los precios de muchos productos no esenciales. Sin embargo, podemos ver el efecto contrario en otros productos, como es el caso de los sanitarios, cuya demanda ha aumentado exponencialmente, lo que ha disparado su precio.

Todo lo anterior supone un esfuerzo añadido para las compañías, que no solo tienen que adaptarse a las nuevas condiciones económicas, sino que además deben cumplir con toda la normativa vigente. En el caso de los precios de transferencia, como en tantos otros, la buena planificación y la recopilación sistemática de documentación puede representar la diferencia entre exponerse a un importante riesgo jurídico o tenerlo controlado.

Luis Garvía Vega es profesor en las áreas de contabilidad y finanzas, matemática financiera, ética y estrategia, en la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. Estudió Ingeniería Industrial Superior en ICAI, Administración y Dirección de Empresas y Derecho en la UNED y un Executive MBA en IESE Business School. Doctor en finanzas por ICADE, investigó la relación entre el riesgo sistémico y los proyectos financiados por Project Finance.

Sergio Pérez Villalba estudió Economía y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Málaga y actualmente es alumno del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior, en la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE.