El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará la reducción del número de liberados sindicales y el recorte de las empresas y entes públicos de la región, dos medidas que se engloban dentro de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2011, a la que se dara luz verde para su posterior debate y aprobación parlamentaria, informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, dijo que aunque el Gobierno regional «agotará» hasta el «último momento» el plazo para negociar con los sindicatos la reducción del número de liberados sindicales, «haya o no acuerdo» la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos «incluirá» un apartado de adaptación.

«Seguimos con el mismo objetivo, intentar que esta adaptación a la Ley, esta racionalización de los liberados sindicales se haga con el acuerdo de los sindicatos. Yo comprendo la dificultad de renunciar a una serie de derechos adquiridos, pero la situación actual, desde el punto de vista económico, nos obliga a todos a hacer un esfuerzo y desde luego a los sindicatos», añadió.

El consejero puntualizó que la «racionalización» en el número de delegados sindicales se llevará a cabo «sin erosionar el derecho constitucional» de los trabajadores de estar representados por las centrales sindicales. «Entendemos que hay que reducirlo de manera importante, siempre dentro del marco legal. Y en esa discusión estamos», subrayó.

En el caso de que no haya acuerdo «global» Granados se mostró «optimista» porque en un «futuro» se pueda llegar a un acuerdo al haber pactado el número de horas.

Postura sindical

Sin embargo, los sindicatos dan por fracasadas las negociaciones y no creen que se llegue a un acuerdo a pocas horas de ser presentada la propuesta de disminución de liberados al Consejo de Gobierno. De hecho, critican que «realmente no ha habido un interés por llegar a un acuerdo por parte de la Comunidad».

«Es un discurso de intoxicación, un modelo de imposición dirigido para acabar con la fuerza sindical en Madrid. Al principio decían que iban a quitar 3.500, que parece que ahora han ido descendiendo a los 1.500. Pero no es un problema de cifras o de ahorro, sino unas medidas destinadas a acabar con el movimiento sindical en Madrid», ha indicado a Europa Press el portavoz de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Fernando Sánchez Martín.

En este sentido, instan al Gobierno regional a que «si tanto quiere ahorrar, que ponga encima de la mesa los casi 4.000 empleados de personal de confianza y asesores».

«El Gobierno regional ha decidido de manera totalitaria y antidemocráticamente acabar con la filosofía y la legitimación de las elecciones sindicales conculcando todos los marcos legales, incluido la Constitución. En el ámbito del propio mapa electoral, es una actuación que van encaminada a lanzarnos fuera de la realidad de la Comunidad, para quedarse en una situación de llevar a cabo todo el proceso de regulación, de despidos y privatizaciones, que es la agenda oculta de Esperanza Aguirre en los próximos años», ha señalado Sánchez Martín.

Por su parte, el secretario del Sector de Administración autonómica de CC.OO, Javier Díaz Toril, ha indicado que la última comunicación que han mantenido con el Gobierno regional fue este lunes. «Nos dijeron que a partir de ahora nos van a organizar cómo teníamos que hacer las elecciones laborales y cómo tenemos que comportarnos. Es una cortina de humo, de Gürtel, Fundescam, y Tamayo y Sáez. Los sindicatos le molestamos», ha apostillado.

Los representantes sindicales han indicado que una vez conozcan el alcance de la ley tomarán «las acciones políticas correspondientes». «No vamos a renunciar a la vulneración radical de un modelo de derechos consolidados que no ampara la Constitución», han concluido.

Menos empresas públicas

Además de la reducción de liberados, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar el recorte de empresas y entes públicos de la región. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, aseguró el pasado viernes en una entrevista a Telecinco, recogida por Europa Press, que «hay que seguir reduciendo el sector público» ya que «el empleo lo crea la empresa privada».

Tanto esta medida como la rebaja de liberados ee incluyen dentro del Plan de Austeridad que puso en marcha la Comunidad de Madrid a mediados de 2008 y que se inició con la rebaja del número de consejerías.

De este modo, han desaparecido los departamentos de Inmigración (integrado ahora en Empleo y Mujer), Cultura (dentro de Vicepresidencia), Economía (se ha sumado a Hacienda), Justicia (agregada a Presidencia e Interior) y Medio Ambiente (incluida en Vivienda y Ordenación del Territorio), entre otras.

Ese mismo año ya se anunció la disminución del 13 por ciento en arrendamiento y mobiliario o el descenso del 30 por ciento en publicaciones. Asimismo, el Ejecutivo regional se propuso reducir un 9,1 por ciento el gasto en material de oficina, las atenciones protocolarias un 10 por ciento y los anuncios y comunicaciones oficiales un 15 por ciento,

Otras de las iniciativas que ha desarrollado el Gobierno de Aguirre para ahorrar han sido el recorte del número de coches oficiales y la bajada de sueldos de la presidenta y del Consejo de Gobierno.