El juez de la Audiencia Nacional que investiga la quiebra del Banco Popular imputa a cinco exdirectivos de esta entidad por los delitos de estafa a inversores o falsedad contable en relación a la financiación a clientes para que acudieran a la ampliación de capital de 2016.

José Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, cita en enero de 2021 como investigado al ex director de Banca Minorista Antonio Pujol González (deberá acudir el 12 de enero a las 9,00), al ex director de Negocio de Clientes José Ramón Alonso Lobo (12 de enero, a las 11,00), al ex director de la Dirección de Riesgos José María Sagardoy (20 de enero, 9,00), al ex director de la Dirección de Auditoria Interna Jesús Arellano Escobar (13 de enero, 9,00) y a la ex jefa del Departamento de Auditoria Interna, Yolanda García Cagiao (21 de enero)..

Precisamente, esta decisión del juez llega después de que Yolanda García Cagiao declarara como testigo el jueves 26 de noviembre, hasta que José Calama interrumpió la declaración para anunciar que se la volvería a citar pero ya como investigada.

El magistrado explica en su auto que uno de los hechos investigados en esta causa es la presunta financiación facilitada por el Banco Popular a sus clientes para invertir en la ampliación de capital del año 2016, «ocultando el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio».

Indica que esta conducta «elusiva» pudo estar orquestada por el consejero delegado del Popular, Francisco Gómez, el director de Banca Minorista, Antonio Pujol y el director de Negocio de Clientes, José Ramón Alonso Lobo. Estos altos directivos mantuvieron reuniones el 24 y 25 de mayo de 2016 con directores territoriales y regionales del banco para «perfilar la actuación comercial» que se iba a desarrollar para que los clientes invirtieran en la ampliación de capital con financiación del Banco a través de pólizas de crédito o préstamos probablemente, según el juez, con un tipo de interés bonificado.

Además, el magistrado considera que los departamentos centrales del Banco de intervención, riesgos y auditoría «podrían conocer y consentir dicha actuación ilegal». Y añade que en los registros contables del Popular «se asentaban las operaciones de activo con un código que no reflejaba el auténtico destino de la financiación, la inversión en la ampliación de capital».

Apunta que esa conducta implicaría «una grave alteración de la contabilidad del Banco», y resalta que tomaron la cautela «de no poner por escrito las instrucciones dadas a la red comercial del Banco para que procedieran en el sentido indicado, presuntamente con el objeto de dificultar la denuncia de dicho proceder, así como la actuación fiscalizadora del auditor externo (PwC) y del supervisor bancario (BCE)».

Por ese proceder el juez considera que aparte de la participación que pudieran tener en estos hechos los ya investigados Angel Ron (presidente del banco), Francisco Gómez y Javier Moreno (director financiero), también considera necesario ampliar la imputación a estos cinco directivos.

Recuerda que todos ellos, salvo Yolanda García Cagiao, aparecen expresamente citados en un informe de 2 de octubre de 2017, elaborado por dos vicesecretarios del Consejo de Administración, en el que se les atribuía su participación en la operación investigada.

Respecto a la exjefa del Departamento de Auditoría Interna, Yolanda García, que no viene mencionada en el citado informe, el juez explica que fue citada expresamente por uno de los autores del informe; además, por razones de su cargo, el magistrado considera «altamente improbable que no estuviera al tanto de una práctica tan irregular como frecuente, pues abarcaba a toda la red comercial de Banco Popular».

Calama recuerda que en la presente causa ya comparecieron testigos que participaron en la ampliación de capital y que aseguraron de forma inequívoca que los directivos del banco les ofrecieron financiación para participar en la operación.

Además, el juez avisa que en el caso de Yolanda García, Jesús Arellano y Jose María Sagardoy, la investigación se extenderá a otros ámbitos, como su conocimiento de la presunta sobrevaloración de las tasaciones de los activos inmobiliarios y su impacto en la provisión de la cartera de créditos del Banco.

En el auto, el juez ya señala las fechas para las citaciones de los nuevos imputados, y será todas en enero de 2021. Así, el día 12 de enero a las 9.00 horas declarará Antonio Pujol, y a las 11.00 horas de ese mismo día José Ramón Alonso.

El día 13 de enero a las 9.00 horas tomará declaración a Jesús Arellano, mientras que el 20 de enero a la misma hora será el turno de José María Sagardoy. La última en declarar será Yolanda García Cagiao, que volverá el 21 de enero de 2021.