El Gobierno, los empresarios y los sindicatos se reúnen en la tarde de hoy miércoles para avanzar en la regulación del trabajo en Glovo, Deliveroo y el resto de plataformas digitales. Una regulación compleja cuyo alcance los empresarios desean recortar. Y que llega después de la prórroga de los ERTE aprobada ayer, y del anuncio de protestas por parte de los sindicatos en contra de la reforma laboral.

La reforma de los riders — los repartidores — centra el calendario de reformas en el ministerio de Trabajo. Después de que ayer los agentes sociales lograran pactar la renovación de los ERTE y de las ayudas a los autónomos afectados por la crisis Covid, cuyo coste rondará los 7.000 millones de euros entre el 31 de enero y el 31 de mayo, avanzó hoy Escrivá, el ministro del ramo, la actividad regresa a los despachos de la sede del ministerio.

La vuelta a la negociación coincide con la demanda sindical de abordar ya la retirada de la reforma laboral del PP. Una exigencia que lleva incluso marcado un plazo, una o dos semanas, según estableció ayer el líder de CCOO. Pero que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, parece dispuesta a desoír; decidida a centrar ahora sus prioridades, y las de su gabinete, en la reforma del tablero normativo que regula el trabajo de los repartidores.

Los negociadores se reúnen esta tarde en la sede del ministerio. Y retoman una negociación que quedó anclada en el mes de noviembre, cuando algunas voces incluso hablaron de acuerdo inminente. Sin embargo, las disensiones entre empresarios y sindicatos, y otras prioridades, han terminado por retrasar un pacto, que interesa tanto a sindicatos como empresarios, por su poder transformador de la nueva economía.

En principio, el ministerio parecía decidido a abordar una regulación en profundidad, después de que el Tribunal Supremo declarara en septiembre la existencia de una relación laboral, y no mercantil, entre una de esas empresas, Glovo, y uno de sus repartidores; negando de este modo que la empresa actúe como simple intermediaria — como defienden las plataformas—, e impulsando así las aspiraciones de quienes desean acabar con este modelo laboral basado en ‘falsos autónomos’.

Sin embargo, a pesar de esa sentencia del Supremo, la ministra de Trabajo se vio a la postre obligada a rebajar sus expectativas. Fuentes de la negociación señalaban entonces que el ministerio habría retirado del borrador de la ley algunas de las principales exigencias de los sindicatos, como el registro obligatorio que recoja todas las plataformas que operan en el país, junto al algoritmo o programa informático del que se valen para repartir el trabajo.

Un golpe a las aspiraciones sindicales, que consideran que deben conocerse estos algoritmos. Y que se vio incluso incrementado por otro aspecto más. Como es la intención de constreñir el alcance de la ley, y que pase a regular solo a los riders o repartidores, y no a todos los trabajadores, sin importar el sector, que prestan sus servicios, como autónomos, a estas plataformas de la llamada nueva economía colaborativa.

A vueltas con los despidos

En cualquier caso, la vuelta a la negociación coincide con dos hechos notables en el ámbito laboral. Uno es la nueva prórroga de los ERTE, pactada ayer. Y otro la convocatoria de la primera protesta sindical contra el Gobierno de coalición, el próximo 11 de febrero.

Dos aldabonazos, de muy distinto signo, que esconden elementos clásicos del diálogo social, como el salario mínimo. Pero donde opera además, de forma muy importante otra discusión, como es la del despido.

De hecho, el tira y afloja protagonizado ayer por empresarios, sindicatos y Gobierno en torno a la posibilidad de despedir en las empresas en ERTE contrasta con la reivindicación sindical de endurecer el despido a través de una contrarreforma laboral.

De momento se habla de los riders.