La patronal de los bares y restaurantes que operan en los aeropuertos españoles se han unido a los sindicatos en demanda de una solución en el conflicto entre Aena y sus inquilinos. Los empresarios y los sindicatos acusan a Aena de poner en riesgo 12.000 empleos y abocar a sus negocios a la ruina. Bares, comercios y restaurantes desean renegociar sus rentas al menos hasta 2024 cuando estiman que se recuperará el tráfico aéreo.

La patronal y los sindicatos han escrito una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informándole del riesgo de quiebra a partir del 5 de marzo, cuando Aena podría ejecutar los avales de los contratos firmados con sus inquilinos.

En enero, Aena, empresa de capital público en un 51% y propietario de los locales comerciales en los aeropuertos que gestiona, después de meses de negociación, pasó a exigir a los titulares de los negocios el 100% de la renta por el alquiler a partir del próximo mes de septiembre; en realidad, el 100% de una denominada renta mínima garantizada (RMGA) con que el gestor trata de blindar sus ingresos frente a vaivenes en el negocio de sus inquilinos.

Antes el gestor había aceptado perdonar la renta de sus inquilinos durante el Gran Confinamiento, entre marzo y junio del año pasado. Y la mitad de este alquiler a partir de entonces y hasta el próximo 9 de septiembre.

Muchos de los hosteleros y comerciantes se oponen. Estiman que, para entonces, sus negocios no se habrán recuperado. Y exigen en cambio un marco de negociación que abarque al menos hasta 2024, año en que, según los cálculos de Aena —dicen— se habrá recuperado plenamente el tráfico aéreo.

Pero lo peor, prosiguen los inquilinos, son los métodos expeditivos empleados por Aena. En julio del año pasado, cuando prácticamente se había llegado a un acuerdo, el gestor se desmarcó, alegando que su consejo de administración rechazaba la propuesta. En enero “suspendió de facto cualquier negociación” una vez que se conoció la aprobación de un real decreto que arbitraba las medidas de apoyo a comercio, hostelería y turismo; a pesar de que este real decreto “no es de aplicación en el entorno aeroportuario”, protestan sus inquilinos.

Desde entonces, a quien no ha aceptado su plan de quitas, que implica renunciar expresamente a ejercitar cualquier acción legal contra Aena, el gestor aeroportuario le reclama toda la renta RMGA; incluso aquella que se corresponde con el Gran Confinamiento, cuando todo el país permaneció recluido en sus casas.

Ruina a partir de marzo

“El importe del alquiler de marzo a diciembre puede llegar a ser hasta siete veces superior a las ventas de ese mismo período”, se quejan sus inquilino. “Incluso en caso de aceptar sus condiciones sería más de tres veces superior”, continúan.

¿Qué ocurrirá si no pagan? La ruina, dicen.

El próximo 5 de marzo, en caso de no hacer frente al pago de estas facturas, se ejecutarían los avales, “lo que evidentemente supondría la quiebra inmediata de la gran mayoría de las empresas que representamos”, advierten desde las patronales Hostelería de España y Marcas de Restauración, firmantes junto a CCOO y UGT de la carta a Pedro Sánchez.

La solución defendida por los inquilinos pasa por adaptar la renta al bajón del tráfico aéreo, un 72% en 2020. Y por ir luego adaptándose en un marco temporal que se extienda hasta 2024, y no solo hasta el próximo mes de septiembre.

Según repiten, ese año, 2024, es el año en que se habrá recuperado el tráfico aéreo, tras el descalabro provocado por un virus.