Los ‘riders’ serán empleados. Ya no serán falsos autónomos. Sino que gozarán de las ventajas que otorga un contrato de trabajo. Una cobertura lograda tras meses de forcejeo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal CEOE. Y que incluye, además de la laboralidad forzosa de los repartidores, la obligación de las plataformas de ceder los secretos que encierran sus algoritmos a la hora de repartir y organizar el trabajo. Una cuestión que ha costado ya un serio disgusto a la patronal.

El Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme sellaron anoche un acuerdo que obliga a las plataformas de reparto a dar de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores, y olvidarse de un modelo que ha estado basado en la utilización de falsos autónomos, tal y como certificaron en septiembre los jueces del Tribunal Supremo.

El acuerdo, que se plasmará previsiblemente en un real decreto ley, y que ofrecerá a las empresas un plazo de tres meses para dar de alta a los ‘riders’, ha costado ya un disgusto a la patronal CEOE, que, inmediatamente después del anuncio del pacto, fue acusada por las plataformas de “cesiones totales” a los intereses sindicales, al avenirse a desentrañar las fórmulas que utilizan las plataformas, no solo de comida, sino de muchos sectores, para distribuir la faena y premiar y penalizar a los trabajadores.

La nueva norma pone fin a una carrera que concitó a jueces e inspectores de Trabajo, en cuyos despachos se agolpan las resoluciones, mayoritariamente en contra de la utilización de falsos autónomos, y a favor de la laboralización del colectivo.

Una carrera que llegó incluso al Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre, cuando los magistrados del Alto Tribunal fijaron doctrina, estableciendo que los ‘riders’ son asalariados, y no autónomos, tal y como pretendían las compañías, perseguidas en su empeño por la Inspección de Trabajo, que les reclama sumas millonarias por las cuotas impagadas a la Seguridad Social.

Los algoritmos serán desvelados

El acuerdo incluye como principal novedad la obligación de las empresas, no solo las de reparto, encuadradas en el modelo de plataforma digital — y las hay en muy diversos sectores; por ejemplo, en profesionales liberales — de hacer públicos los algoritmos con los que distribuyen el trabajo, premian a unos trabajadores y penalizan a otros, en virtud de ciertos criterios que ahora —cuando la norma entre en vigor— las plataformas deberán publicar.

Esta publicidad de los algoritmos de la organización del trabajo —el resto podrá permanecer a buen recaudo— ha puesto el grito en el cielo de las plataformas de reparto. Agrupadas en una asociación, esta patronal cargó nada más conocer el acuerdo contra CEOE a la que acusa de una “cesión total” a los intereses sindicales y del Gobierno, y predijo poco menos que un hundimiento completo de la economía digital en España por culpa de la futura norma.

En concreto, esta asociación de plataformas de servicios de demanda (APS), en representación de Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart, lamentó el acuerdo alcanzado, y aventuró que la cesión de datos sobre la organización del trabajo —que había recomendado la OIT— “atenta contra los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad intelectual”.

“Lamentamos profundamente la posición que la CEOE ha tenido en la mesa del diálogo social. Las cesiones de la CEOE han sido totales, incluyendo la obligación de revelar los algoritmos”, sentenciaron.

Una obligación que, sin embargo, otras voces ven necesaria, en aras de la preservación de principios fundamentales, como el de la igualdad y no discriminación en el trabajo. Así lo certificó recientemente la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un informe en el que, tras alertar del peligro de pérdida de derechos que esconde el auge de las plataformas, y señalar que estas pueden constituir, sin embargo, una oportunidad para personas con dificultades de inserción laboral, certificó el veloz crecimiento del sector de la economía de plataformas en todo el mundo, y sobre todo en Estados Unidos y Asia.