El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española proporcionó algunas pistas de los requisitos para acceder a los ansiados fondos de recuperación europeos o NextGenerationEU. Sin fecha de disposición oficial, pero formando parte de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, y a la espera de que el Parlamento Europeo acuerde el reglamento que regirá su funcionamiento definitivo, las empresas ya sabemos cuáles son las palabras claves sobre las que deberemos sustentar futuras propuestas: la transición ecológica, la digitalización y la reindustrialización como palancas de transformación.

Con un capital comprometido de 140.000 millones de euros en subvenciones y créditos hasta 2026, España deberá recibir una primera inyección de hasta 27.400 millones durante el presente 2021. Sabemos que la Unión Europea ya ha enviado algunos condicionantes sobre cómo se deberían aunar inversiones y reformas, en el plan que España debe presentar a Bruselas antes del 30 de abril, es decir, de modo inminente.

Tener claros los pasos previos para optar a esas ayudas resulta fundamental. Lo primero es, obviamente, trabajar en la definición de las necesidades, elaborando proyectos concretos de inversión que se puedan enmarcar en el plan de ayudas. Un plan detallado de implementación, una descripción clara de los objetivos, indicadores bien definidos y un presupuesto razonado de gastos, resultan imprescindibles.

Por citar algún impedimento de contexto, uno de los principales ha sido el problema endémico de nuestro modelo para gestionar con anterioridad la totalidad de las ayudas. En este sentido, se están produciendo cambios normativos orientados a mejorar la productividad y la eficiencia del gasto público.

Pocas reformas
Es bien sabido que nuestros procesos de contratación pública son comúnmente calificados como “cuello de botella”, por la dificultad de adjudicar y ejecutar. El Real Decreto 36/2020 por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no ha introducido, desafortunadamente, grandes reformas: se han elevado levemente las cuantías de los procedimientos simplificados ya previstos, se posibilita la declaración urgente de las contrataciones —lo que terminará reduciendo el plazo de presentación de oferta— y se reduce el plazo de interposición de recurso especial a diez días naturales, frente a los previos 15 días hábiles, aunque el auténtico problema no ha sido el plazo de interposición sino el real de resolución en los tribunales.

Diría que hemos desaprovechado un tanto la oportunidad de promover un mecanismo como el de compras conjuntas o sistemas dinámicos de adquisición. Pero siendo optimistas y dejando de lado las reformas menores operadas, la apuesta parece clara: España deberá llevar a Europa macroproyectos de inversión que actúen como agregadores de otros proyectos menores que tengan coherencia institucional, incorporen a múltiples actores públicos y privados, faciliten la gestión de los fondos y sean liderados por un departamento ministerial, comunidad autónoma o gobierno local. Este podría ser un breve resumen de esta figura clave que serán los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). De estos, y gracias al esbozo que la normativa dibuja, podemos extraer algunas ideas generales.

Tal vez una de las más sorprendentes sea que los PERTE tienen vocación de permanencia y no de aplicación temporal o condicionada. Su vocación estructural desdice su concepción contingente y la vincula sólo parcialmente con el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), e incluso parece buscar superar el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

La inscripción en el registro del Ministerio de Hacienda de los PERTE comportará la posibilidad de ser beneficiario de subvenciones, lo cual dejaría de lado acudir a la contratación pública y, en consecuencia, la aplicación directa de la Ley de Contratos del Sector Público. Lo acabamos de ver en el primero de ellos, anunciado recientemente, en el que el Estado español, Seat, Volkswagen e Iberdrola crearán un consorcio público-privado, cuyo fin será fabricar baterías para vehículos.

Conviene no olvidar que serán las propias comunidades autónomas y otros organismos estatales —como el ICEX, CDTI, Red.es, SEPES, el Instituto Carlos III o IDEA, entre otros— los responsables de gestionar los presupuestos de los fondos de recuperación.

Finalmente, si aspiran a que sus iniciativas resulten aprobadas, las empresas deben tener presente que necesitan articular una estrategia que permita adaptar su proyecto a los requerimientos de las líneas de actuación. Tan importante es la identificación de las áreas de interés y el análisis de contexto como la exposición clara de los objetivos del proyecto. Por consiguiente, construir sólidamente un PERTE requiere tener en cuenta que tales proyectos de inversión deben venir acompañados de programas de reforma que afecten claramente al tejido económico-social o a la Administración Pública.

 

Fernando Díaz Pérez es director del área de Sector Público de IMC Group (@IMCGroup_), firma proveedora de servicios, soluciones y productos de tecnología y consultoría. Presentes en Europa y Latinoamérica con más de 200 profesionales, IMC Group ayuda a sus clientes a optimizar sus sistemas de información, con sus más de 200 profesionales ubicados en Europa y Latinoamérica.

Más información
⇒ En las Preguntas y respuestas sobre los Fondos de Recuperación y los PERTE