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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, aprovecha la presentación a los medios de comunicación del Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea el viernes 30 de abril, para subrayar que este programa «ambicioso» de reformas y de inversiones tiene «una ejecución compleja, que requiere la colaboración de todos, el sector público, el privado, y también los partidos políticos y los agentes sociales», porque se trata de «un proyecto de país» que supone un «gran salto cualitativo y cuantitativo» en la transformación de España.
Uno de los objetivos del Plan de Recuperación es animar la inversión pública, alicaída desde la crisis financiera internacional de 2007. Entre 2021 y 2023 se realizarán inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones€, que tendrán un impacto «inmediato» en la economía y en el empleo. Los otros 70.000 millones se gestionarán en los tres años siguientes.
Nadia Calviño estima que el efecto de los fondos europeos elevará 2 puntos el PIB tanto para este año como para el que viene y permitirá la creación de 800.000 puestos de trabajo en 6 años.
Otro objetivo es lograr empleo «de calidad», lo que supone reducir la elevada temporalidad, para conseguir un «crecimiento económico sostenible, justo, inclusivo».
Para ello, Nadia Calviño urge a pactar la reforma del mercado laboral «de aquí a finales de este año» para pueda entrar en vigor en 2022, y garantizar así la creación de empleo de mayor calidad.
El Plan de Recuperación contempla la simplificación de los contratos, la modernización de la negociación colectiva, una «adecuada» regulación de las subcontratas, la revisión de las bonificaciones a la contratación y la puesta en marcha de un mecanismo de estabilidad en el empleo a partir de la experiencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la pandemia.
La reforma laboral se acompaña de medidas como la regulación del teletrabajo, la modernización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la denominada ‘Ley de Riders’, que será aprobada próximamente en Consejo de Ministros.
Mantenimiento «a largo plazo» del poder adquisitivo de las pensiones
La vicepresidenta económica del Gobierno también meta prisa para conseguir antes de final de año la reforma de las pensiones, para que pueda entrar en vigor en 2022. Esta reforma, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, busca culminar la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social; aproximar la edad efectiva de jubilación a la legal, desincentivando la jubilación anticipada y las prejubilaciones; asegurar el mantenimiento «a largo plazo» del poder adquisitivo de las pensiones, y diseñar un sistema de cotización de autónomos en función de sus ingresos reales para su entrada en vigor en el segundo semestre de 2022.
También se contempla el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad; el impulso a los sistemas complementarios de pensiones; la reforma de la base y la pensión máxima, y la adaptación del periodo de cómputo de las pensiones «a las nuevas realidades del mercado laboral».
El Gobierno se propone aprobar la elevación gradual de la base máxima de cotización, acompasada de una adaptación a la misma de la pensión máxima, antes de finalizar 2022, aunque su implementación abarcará las próximas tres décadas.
La adaptación del periodo de cálculo de la pensión a las nuevas carreras laborales se pretende aplicar de manera progresiva a partir de 2023. «Se plantea adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora en las carreras más largas, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional», explica el Gobierno.
También se pretende aprobar antes de finalizar 2022 la sustitución del factor de sostenibilidad por otro mecanismo de solidaridad intergeneracional.
El Gobierno pretende dar un impulso a los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial, con la creación de instrumentos de promoción pública, pero gestión privada, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación; simplificar los trámites en la adscripción y gestión de los planes de pensiones, diseñar mecanismos que favorezcan la movilidad de los trabajadores entre empresas y sectores; un nuevo incentivo fiscal dirigido a impulsar este tipo de instrumentos colectivos, que beneficie especialmente el ahorro de las rentas medias y bajas e incorpore a los jóvenes de manera más eficaz, así como limitar los costes de gestión de los planes de empleo por debajo del 0,30% de los activos gestionados.
La reforma de la Ley Concursal, prioritaria
Nadia Calviño menciona también la urgencia de la reforma de la Ley Concursal: «Es algo prioritario para los próximos meses». El objetivo es tenerla «encarrilada» antes de que termine la moratoria extraordinaria a final de año.
Con la reforma de la Ley Concursal se pretende, además deagilizar los procedimientos, facilitar las soluciones negociadas y tratar de minimizar la destrucción de valor para el conjunto de la economía. transponer la Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.
Se establecerá un procedimiento de segunda oportunidad para personas «más eficaz», que permita una exoneración de las deudas sin liquidación previa. Y se introducirán los planes de reestructuración exigidos por la Directiva de insolvencia, como un nuevo instrumento pre-concursal más eficaz, con el objeto de prevenir la insolvencia y el concurso subsiguiente. También se contempla el establecimiento de un procedimiento especial para las micropymes que reduce la duración y el coste y que se tramitará íntegramente por medios electrónicos.
El Gobierno también se compromete a abordar reformas normativas para mejorar el clima de negocios de las pymes e impulsar el emprendimiento, incluyendo una nueva Ley de creación y crecimiento empresarial, así como otra de startups, un Real Decreto que incorpora el test de proporcionalidad de la regulación sobre el acceso a profesiones y su ejercicio, una Ley que modifica textos legislativos relacionados con el ejercicio profesional de la abogacía y de la procuraduría.
La Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, que simplifica el proceso de constitución de una sociedad y lo hace totalmente digital, será aprobada por el Consejo de Ministros a finales de este año, por lo que la tramitación parlamentaria hará que su entrada en vigor se produzca bien entrado 2022
La Estrategia España Nación Emprendedora contempla un marco favorable para la constitución y crecimiento de empresas innovadoras, y un fondo público-privado Next-Tech para escalar las startups en tecnologías disruptivas, que será financiado a partir de 2022 mediante los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Con la Ley de startups se pretende establecer las reformas fiscales y de cotizaciones a la Seguridad Social como incentivos que favorezcan y faciliten el desarrollo de estas iniciativas, así como la atracción de emprendedores e inversores extranjeros. Habrá medidas específicas para las pymes, y particularmente para las micropymes.
Este apartado recibirá inversiones de 4.894,35 millones€, el 7% del conjunto del Plan de Recuperación: 3.509 millones a digitalización e innovación, crecimiento de las empresas (498 millones); emprendimiento (367,795 millones); apoyo al comercio (317,719 millones) e internacionalización (201,85 millones).
La reforma fiscal, en 2023
En cambio, no parece haber tanta prisa con la reforma fiscal. El Grupo de Expertos deberá entregar su informe en febrero de 2022, que por tanto no será recogido en los Presupuestos Generales del Estado para ese año. Y luego el Gobierno planteará su propuesta, que «en absoluto» se prejuzga en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas.
La reforma «en profundidad se realizará sobre la base de las recomendaciones que haga el grupo de expertos», tratará de incrementar la recaudación en línea con la media de los países del entorno, y crear un modelo fiscal «más progresivo, más redistributivo y más justo».
Nadia Calviño considera una «errata» la mención que hace un anexo del Plan de Recuperación a una supresión paulatina de la tributación conjunta en el IRPF. «Estamos hablando de una errata, y en la ficha fiscal lo que se prevé es la creación del grupo de expertos de la reforma fiscal, que evaluará las cuestiones de la Airef en cuanto a la eficacia de las bonificaciones fiscales que ya existen», explica la vicepresidenta económica del Gobierno. Nadia Calviño subraya que la Autoridad Fiscal Independiente cuestiona la tributación conjunta en el IRPF desde el punto de vista de la igualdad de género.
Aunque la reforma fiscal «en profundidad» no entre en vigor hasta 2023, sí ,lo harán algunos elementos, como os impuestos sobre plásticos y sobre residuos, que se remitirán a las Cortes en el segundo trimestre de 2021 para que entren en vigor en el tercer trimestre. En el primer trimestre de 2022 se analizarán y revisarán los impuestos sobre matriculación y circulación. En el segundo trimestre se aprobará la reforma del
Impuesto sobre Gases Fluorados. Y en el cuarto trimestre de 2022 se revisará la imposición sobre los hidrocarburos, con la finalidad de revisar las bonificaciones fiscales del diésel sobre la gasolina.
El Gobierno se compromete también con Bruselas a evaluar 15 beneficios fiscales entre el segundo trimestre de 2021 y 2024, que serán seleccionados por un grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda. Cada uno de esos tres años, se realizará una evaluación de cinco beneficios fiscales.
En el primer trimestre de 2022, 2023 y 2024 se presentarán el correspondiente informe y las conclusiones del análisis de los beneficios fiscales analizados en el ejercicio anterior y, en su caso, se tomarán las decisiones de reforma, «si la situación económica lo permite» que, en cualquier caso, se aprobaría en el primer trimestre de 2023, con el resto de la reforma fiscal.
La aprobación del Plan, en junio
El Gobierno espera que el Ecofin (el grupo de ministros de Economía y de Finanzas de la Unión Europea) autorice su Plan de Recuperación antes de junio. Tras esta aprobación, recibirá 9.000 millones€ de prefinanciación correspondientes a los fondos europeos, más un primer desembolso semestral este año.
España obtendrá en 2021 unos 25.000 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se suman a los 2.000 millones de ayudas del plan REACT-EU, destinado a reforzar el gasto sanitario y educativo de las comunidades autónomas, incluyendo, por ejemplo, las vacunas contra la Covid-19.
El Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 27.000 millones€ con cargo a dichos fondos.
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