La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anuncia que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se prorrogarán más allá del 31 de diciembre de este año y que incorporarán «cambios fuertes».

«Se van a prorrogar con una duración que permita solvencia a las empresas. El 31 de diciembre es una fecha mala porque estamos en Navidades, en la campaña de Navidad. Será una duración muy apegada a lo que necesitan las empresas», declara a La Sexta.

Aunque la ministra no ha especificado la fecha hasta la que se extenderán los ERTE, los sindicatos ya han pedido en la mesa de negociación que duren como mínimo hasta el 31 de enero de 2022.

El nuevo esquema incorporará «cambios fuertes»: la formación se introducirá de manera relevante para los trabajadores que sigan en ERTE, como ya avanzó el 16 de septiembre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, al tiempo que «se modularán las normas para este tramo de salida».

«Siempre digo que la salida es más compleja que la entrada. Aunque sean pequeñas cantidades de trabajadores en ERTE es muy importante cómo resolvemos la ecuación de salida. Por tanto, habrá cambios», justifica Yolanda Díaz, que espera que la negociación, iniciada el 16 de septiembre, con sindicatos y empresarios desemboque en un acuerdo.

La reforma laboral, antes del 31 de diciembre

Respecto a la reforma laboral que también se está negociando con los agentes sociales, Yolanda Díaz la vicepresidenta deja muy claro que antes del 31 de diciembre estará esa «gran reforma», que abordará principalmente la estabilidad en el empleo, la modernización de la negociación colectiva y medidas de flexibilidad interna para mantener las empresas y el empleo. «Vamos a cumplir con el acuerdo de gobierno», subraya.

Cree que España tiene que hacer grandes reformas para practicar el principio básico de la justicia fiscal y defiende que «los que más tienen, más aporten». «No se trata de subir o bajar impuestos, sino de quién los paga», subraya Yolanda Díaz, que asegura que en España hay una «enorme» percepción ciudadana de que hay injusticia fiscal y de que los servicios públicos están siendo sufragados por las clases medias y los trabajadores.