El SEPE refuerza un 20% su plantilla ante su mutación en Agencia Española de Empleo

21/12/2021

Luis Martínez del Amo. El Consejo de Ministros aprueba una oferta de empleo público extraordinaria, con 926 plazas adicionales.

El Gobierno ha aprobado hoy una convocatoria extraordinaria de 926 plazas destinadas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). De este modo, el organismo llamado a afrontar próximamente una profunda transformación que lo convertirá en la futura Agencia Española de Empleo, refuerza un 20% su plantilla, incluyendo a interinos, frente a la que inició este 2021.

Las plazas convocadas en el SEPE mediante el real decreto ley aprobado hoy martes por el Consejo de Ministros se unen a las 373 plazas convocadas mediante la oferta ordinaria de empleo público correspondiente a 2021, informa el ministerio de Hacienda y Función Pública.

La norma aprobada hoy contiene 926 plazas, repartidas entre las 192 del cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, y las 724 del cuerpo general administrativo de la Administración del Estado, que sumadas a las citadas 373 de la oferta ordinaria del presente ejercicio, y a 250 interinos que prestan sus servicios allí, completan una plantilla compuesta por unos 9.000 efectivos del ente destinado a profundos cambios.

Futura Agencia Española de Empleo

El refuerzo de personal, que elude gracias a su carácter extraordinario el corsé de la tasa de reposición, busca apuntalar la plantilla del organismo que en breve se transformará en Agencia Española de Empleo, según los planes del Ejecutivo.

Hace tres semanas el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Empleo. Un artefacto legal que, en caso de aprobarse definitivamente, permitirá la transformación del cuestionado organismo, encargado de la intermediación entre los parados y las empresas, en una agencia moderna que, guiada por la tecnología, mejore su dotación de servicios.

Una mutación exigida además por Bruselas, cuyos fondos servirán para digitalizar la Administración encargada de ejecutar las llamadas políticas activas de empleo, cuya distribución competencial recae por un lado en las comunidades autónomas, que gestionan formación, cursos…; y el Estado central, que paga los subsidios.

El interés del Gobierno es que los Servicios de Empleo Públicos —a pesar de esa bicefalia— ganen utilidad para la legión de parados, y especialmente algunos colectivos de difícil empleabilidad, como los jóvenes, los mayores de 45 años o los parados de larga duración.

Así, la futura Agencia del Empleo de España, si resulta finalmente aprobada su creación, tratará de ofrecer a estos colectivos un trato más personal, que incluya el diseño de itinerarios individualizados a los citados colectivos, y a otros nuevos, como son las personas con discapacidad intelectual, los migrantes, las víctimas de violencia de género y los trabajadores de sectores en reestructuración, como los de la mina, por ejemplo, según avanzó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando presentó la norma.

Además, el anteproyecto de Ley de Empleo prevé además la creación de una Oficina de Análisis del Empleo, que, además de emitir informes, deberá centralizar todas las ofertas de empleo que se publiquen en España, cuyo envío será obligatorio para todas las empresas y agencias de colocación, según prevé este anteproyecto.

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