Jesús Fernando Martínez Usano, el inspector del Banco Central Europeo (BCE) encargado de revisar el funcionamiento del Banco Popular, declara al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que la entidad llevó a cabo una liberación de coberturas «contraria a la norma», cifrando el déficit de provisiones entre 1.153 millones€ y 1.355 millones.

En su segunda comparencia como testigo, se ha centrado en el informe elaborado por el BCE en 2018, dos años después del primero (que protagonizó su primera testifical) que se centraba en los adjudicados del banco y en los inmuebles que estaban en cartera.

A lo largo de más de tres horas, el inspector ha ratificado el documento y ha reconocido que la inspección reveló problemas relacionados con las provisiones que el banco debía hacer sobre esos inmuebles.

En su opinión, el Popular levantó una serie de coberturas de una forma «contraria a la norma» y apoyándose en normas contables incorrectas, provocando un déficit.

Sobre si las valoraciones de los inmuebles eran correctas. Usano confirma que fueron realizadas por tasadoras supervisadas por el Banco de España. Por tanto, si hubo apreciaciones ciertamente optimistas en los desarrollos urbanísticos de un suelo la responsabilidad era del tasador y, en ningún caso, del Popular.

Sobre Thesan Capital, una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis que obtuvo financiación por parte del Popular para tratar de reflotar una serie de sociedades con una frágil situación económica, considera que era «un agente fiduciario» del banco. Algo que se contradice con las conclusiones de un informe de los peritos del Banco de España.