La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado hoy que el nuevo Estatuto del Becario que se negocia con empresarios, sindicatos, universidades y estudiantes terminará con el fraude en un sector donde intervienen anualmente entre 400.00 y 500.000 estudiantes que realizan prácticas no laborales.

“El mal uso de las prácticas se ha terminado”, ha afirmado la ministra al término de una reunión con estudiantes este lunes por la mañana en la sede del ministerio de Trabajo.

Díaz ha dejado claro que “no se trata de una retribución”, sino de una “compensación de los gastos” que los estudiantes de Universidad y Formación Profesional (FP) que realicen prácticas no laborales recibirían en caso de que se apruebe el citado Estatuto del Becario.

“No es un sueldo, son compensación de gastos”, ha recalcado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, quien ha destacado además que la Inspección de Trabajo perseguirá el fraude en este ámbito donde ya se han levantado “más de 3.000 actas de infracción”, fruto de un plan específico en la materia.

La reunión con los estudiantes supone otro hito en una negociación que implica, además de al ministerio de Trabajo, a otros departamentos, como la Seguridad Social o el ministerio de Educación y las comunidades autónomas.

Preguntada sobre las reticencias expresadas por los rectores a un encarecimiento de las prácticas que podría retraer a las empresas, Díaz se ha limitado a subrayar que las “deficiencias” de financiación de la Universidad española no puede ser soportada por persona que realizan tareas que son “puramente productivas”, es decir, que están desempeñando un puesto de trabajo, sino que debe ser resuelta por las entidades de las que depende dicha financiación universitaria, esto es, las comunidades autónomas y el Gobierno de España, ha dicho.

Díaz ha añadido que la “importancia del Estatuto del Becario es máxima” y que se encuadra dentro del “compromiso del Gobierno de España” en la lucha contra la gran “lacra” de la “precariedad”.

Sin embargo, la ministra ha reconocido que la futura norma deberán conciliar los intereses por un lado de los estudiantes, pero también de las empresas, a fin de que estas no se retiren de un modelo que debe ofrecer “prácticas de calidad”, según reclaman los estudiantes.

Díaz ha apuntado una posible vía para incentivar la participación de las empresas dentro del plan de Garantía Juvenil; una iniciativa europea centrada actualmente en los jóvenes que no estudian ni trabajan, a los que se les promete formación o prácticas en unos meses a partir de su entrada en el programa.

A pesar de la falta de datos se estima que un 63% de los estudiantes en prácticas de este modelo lo hacen en fraude de ley, al desempeñar funciones propias de un puesto de trabajo y no de una beca formativa, según datos de 2013 del Eurobarómetro facilitados el jueves por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que participa en la negociación.

CCOO reclama una compensación mínima a los becarios de 290 euros al mes, además de la obligación de cotizar por ellos por todas las contingencias, salvo la del Fogasa o fondo de garantía salarial.