La pugna por torear el morlaco de la inflación se abre paso en empresas y sectores. Mañana, jueves, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) reúnen a sus cúpulas directivas con la intención de poner negro sobre blanco su estrategia de “tensión” en la negociación de convenios colectivos. Una hoja de ruta que no rehúye la palabra huelga. Y que dejará magulladuras en los sectores y empresas que deben renovar sus convenios colectivos.

La ruptura de la negociación da paso a la guerra. UGT y CCOO se reúnen mañana para concretar su estrategia para la negociación de convenios colectivos, una vez que se ha demostrado la imposibilidad de acordar una recomendación general con los patronos de CEOE y Cepyme.

Los sindicatos afilan sus espadas de cara a la nueva etapa que se abre en la negociación de convenios colectivos en España. Un ámbito que negocia cada año entre 4.000 y 5.000 pactos. Y donde se echará en falta la existencia de una recomendación general, tras la ruptura de las negociaciones para reeditar el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

De momento apenas se han renovado los convenios de cinco millones de trabajadores, según los datos de abril. Y falta otros cinco millones por hacerlo, si nos atenemos a las cifras de un año normal.

Los sindicatos continúan denunciando la situación de grandes sectores, como los de los teleoperadores o Contact Center, las tecnologías de la información (TIC), los servicios de prevención ajenos y las ingenierías, donde permanece bloqueada la negociación desde hace años, dejando sin avances la protección de 800.000 trabajadores.

En total, son 800.000 personas cuyos convenios caducaron en la Nochevieja de 2019 —un año antes en el caso de los servicios de prevención—, y donde los sindicatos se quejan de cargas de trabajo excesivas, salarios por debajo del mínimo SMI en algunos casos, y actitud cicatera y postergadora por parte de los patronos —dicen— a la hora de aplicar nuevos derechos, como la compensación económica por el teletrabajo, entre otros.

La inflación es un miedo persistente que nadie quiere pagar, a ambos lados de la mesa. En CEOE se teme un aumento de costes sideral. Y se confía en que los precios acaben cediendo en apenas siete semanas, las que quedan del primer semestre, para terminar el año en un entorno del 4% interanual (la mitad que ahora), subrayaron los empresarios en la nota donde daban matarile al acuerdo con los sindicatos para 2022.

Los sindicatos, en cambio, creen que los precios tardarán en bajar. Y que cuando lo hagan serán las empresas las que se habrán embolsado los beneficios. Dejando sobre la descarnada espalda de los trabajadores todo el peso de la cruz de la pérdida del poder adquisitivo.

“No es de recibo”, protestó ayer martes el líder de CCOO, Unai Sordo, que “las empresas mejoren sus márgenes. Y que esto no llegue a la mayoría social”, dijo, anticipando el advenimiento de una ola de “descontento social” que ellos tratarán de “canalizar” hacia la negociación colectiva, con el principal objetivo de que las empresas acepten unas cláusulas de revisión salarial, que vinculan el alza salarial con el comportamiento de los precios.

Unas cláusulas han detonado el acuerdo con los empresarios. Y que CEOE llama a rehuir a toda costa a sus asociados. Empresas y sectores que, en caso de que tengan que incluirlas en sus pactos colectivos, nunca deberían ser retroactivas; pues desnuda a las empresas y les deja sin posibilidad de repercutir a sus clientes el alza de los costes, advierten.

Seis puntos de pérdida de poder de compra

Mientras tanto, el alza salarial permanece muy moderada hasta abril. Un 2,4%, según los datos conocidos ayer miércoles, que se sitúa seis puntos por debajo de la inflación de abril —8,4%—. Y que cuenta con la excepción de dos sectores —industria y construcción — que actúan como locomotoras de los salarios, por encima del 3,1% en ambos casos; en el caso de la industria precisamente por influencia de las citadas cláusulas, que tienen el 55% de sus empleados; el doble que en el conjunto de sectores.

Por último la inflación también plantea problemas al Gobierno. A final de año, el Ejecutivo enfrentarse a la segunda actualización de las pensiones según el nuevo sistema, ligado precisamente a la inflación pasada, lo que podría dejar en la factura un mordisco de más de 10.000 millones de euros anuales.

Además, en 2023, la Seguridad Social tiene previsto aplicar por primera vez un sobrecoste, destinado a pagar las pensiones del ‘baby boom’, la muy numerosa generación cuya cercanía a la edad de jubilación generará tensiones en el pagador de las pensiones.

Una sobrecotización que los empresarios pidieron ayer posponer hasta que escampe el difícil panorama dibujado por la guerra de Ucrania, que ha complicado la salida la crisis que motivaran dos años de pandemia.