Foto: Alberto Ortega – Europa Press

El Senado aprobó ayer miércoles la creación de un fondo de compensación a las víctimas del amianto. Sin embargo, el fondo —que supone un “gran paso”, según las víctimas, tras décadas de lucha— deja pendientes algunos asuntos, como la exención fiscal de las indemnizaciones, y su cuantía, que ahora deberá fijar el ministerio de Seguridad Social.

La creación del fondo de compensación ha sido recibida con alegría por las asociaciones de afectados por las enfermedades causadas por este material, hoy prohibido, que se utilizó con profusión en España y el resto del mundo, y que aún ahora causa medio millar de diagnósticos cada año de enfermedades ligadas a la exposición al polvo del amianto, según Unidas Podemos, el partido de la coalición de Gobierno, que ha celebrado la aprobación del fondo de ayuda.

La creación del fondo aprobada ayer por el Senado se completará en el plazo máximo de tres meses con el desarrollo de un reglamento. El fondo tiene incluso dotación presupuestaria para el año próximo de 25 millones de euros, según anunció en julio la diputada socialista Mercé Pérea; y confirmaron hoy en redes sociales Unidas Podemos.

Sin embargo, el reglamento que debe desarrollar el ministerio de la Seguridad Social deberá dilucidar cuestiones fundamentales, como la cuantía de la indemnización, así como la exención fiscal, sin la cual las víctimas pueden perder casi la mitad de la indemnización, según denuncian las centrales sindicales CCOO y UGT.

“La aprobación de la ley del fondo de compensación de las víctimas del amianto es un gran paso para las personas afectadas, pero todavía insuficiente”, claman desde los sindicatos.

Estas organizaciones demandan que las indemnizaciones obtenidas por las víctimas estén exentas de tributar, como sucede con las víctimas del terrorismo o las personas afectadas por el VIH, enumeran.

En caso contrario, si las víctimas se ven obligadas a pagar impuestos por sus indemnizaciones, lo harán en los tramos más altos del Impuesto sobre la Renta, que en 2022 se sitúan entre el 45% y el 47%; es decir, pagarán en tributos casi la mitad de la indemnización que perciban.

Además, falta por fijar las cuantías de las indemnizaciones. Un asunto capital, aseguran, pues en caso de ser insuficientes, su escasa cuantía abocará a las víctimas a largas y costosas batallas judiciales.

Enmienda a los Presupuestos.

Desde la federación estatal de asociaciones de víctimas, los sindicatos CCOO y UGT proponen incluir la exención tributaría dentro de un trámite inminente, como es el de los Presupuestos Generales del Estado para 2023; en concreto, modificando el artículo 9 de la ley 18/1991 sobre el IRPF.

“Es un acto de justicia”, afirman desde UGT y CCOO, que denuncian que España fue uno de los Estados que más tardaron en prohibir completamente el uso de este material, a pesar de la existencia de una “contundente evidencia científica” sobre su efecto dañino sobre la salud.

Se calcula que en España han muerto por culpa del amianto más de 7.800 personas.

Recientemente, el Parlamento Europeo ha reclamado una reglamentación común en la Unión Europea sobre el amianto. Y una drástica reducción del umbral de exposición a las fibras del material.

Además, los parlamentario europeos proponen la creación de un catálogo europeo que recoja las construcciones afectadas. Y la obligación de inspeccionar edificios públicos y privados para demostrar la ausencia del letal componente.