CECA, que agrupa a las cajas de ahorros y a los bancos nacidos de ellas, habla de un «sólido y contundente» informe emitido por el BCE, destacando sus advertencias respecto a que el impuesto puede generar distorsiones en la competencia y afectar a la solvencia de las entidades, a su capacidad para conceder crédito y, por tanto, al crecimiento económico.

También señala que el dictamen del BCE confirma que el gravamen no es proporcional a la rentabilidad de las entidades de crédito, ya que no tiene en cuenta ni los costes de explotación ni el coste del riesgo de crédito, y resalta que espera que las entidades de crédito reflejen en los precios de sus préstamos todos los costes en los que hayan incurrido, incluidos los fiscales.

«Desde CECA se espera que durante la tramitación de la norma se tenga en cuenta la opinión del BCE», señalan.

En la AEB insiste en que el impuesto «es perjudicial para la economía y para el empleo», al afectar a la capacidad de concesión de crédito. «En este momento tan complicado necesitamos un sector bancario fuerte para apoyar a las familias y a las empresas como hizo en los peores momentos de la pandemia», argumentan.