Foto: Alberto Ortega – Europa Press

El Gobierno ha vetado la enmienda que pedía la exención de tributos para las víctimas del amianto. Esto supone que las víctimas deberán pagar a Hacienda casi la mitad de la indemnización que perciban en compensación por su enfermedad o la de sus familiares. Una profunda decepción para los sindicatos UGT y CCOO y las asociaciones de víctimas del amianto, que han acusado al grupo socialista en el Congreso y el Senado de haberles “engañado”.

El temor de las asociaciones de víctimas del amianto se consumó. Y el Gobierno atajó con su veto la posibilidad de que las víctimas del amianto estén exentas de tributación.

El Ejecutivo acudió a su derecho a vetar cualquier medida que suponga una reducción de ingresos o un coste en los próximos Presupuestos Generales del Estado, la ley que se quería enmendar a fin de facilitar el pago íntegro de las indemnizaciones a las víctimas reconocidas por el recién creado Fondo de Compensación a las Víctimas del Amianto.

Esta enmienda se presentó a instancias de los sindicatos CCOO y UGT y de la Federación que agrupa a las asociaciones de víctimas causadas por el mortal material de la construcción, que solo en España ha causado más de 7.000 víctimas, según algunas estimaciones, y que aún hoy motiva medio centenar de diagnósticos cada año, afirman desde Podemos.

Las enmiendas presentadas por UP, PP; ERC y EH Bildu fueron rechazadas. Y con ello se esfumó una nueva oportunidad de facilitar el cobro íntegro de las indemnizaciones a estas víctimas como así sucede en los casos de VIH y de terrorismo.

Ya solo queda un nuevo trámite, como es la aprobación del reglamento, que debería estar concluso a mediados del próximo mes de enero, para aprobar dicha exención, al tiempo que se fija otro aspecto esencial, como es la cuantía de las indemnizaciones.

Aprobación del fondo

El fondo se aprobó el pasado mes de octubre. Y supuso la culminación de una década y media de reclamaciones a los poderes del Estado para constituir un fondo que ayudara a las víctimas de las enfermedades pulmonares, mortales en muchos casos, causadas por la asbestosis.

La entrada en los pulmones de las diminutas fibras desprendidas del material resultó letal en muchos casos. Los afectados, además, se veían obligados a recorrer los juzgados, buscando una indemnización que compensara el daño.

El fondo de compensación pretendía evitar esta carrera judicial. Aunque las organizaciones sindicales condicionaron su eficacia precisamente a la aprobación de la citada exención fiscal.

En caso contrario, los beneficiarios se verán obligados a tributar por tramos del 45% al 47% el año que cobren la indemnización; y no solo de esta cuantía, sino del conjunto de sus rentas del trabajo o pensiones, advierten desde los sindicatos.

“Engañados” por el grupo socialista

Enfadados, UGT y CCOO acusaron hoy al grupo socialista en el Congreso y el Senado de haberles “engañado” respecto a dicha tramitación.

Según los sindicatos, el grupo socialista aconsejó incluir dicha exención en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Con esto se facilitaría la aprobación de la ley de creación del fondo, la llamada ley 21/2022.

Tampoco en el Senado se pudo introducir dicha exención, si bien los socialistas en la Cámara Alta se comprometieron a organizar una reunión conjunta con los ministerios de Hacienda y de la Seguridad Social, a fin de facilitar la exención.

“Dicha reunión no se ha producido”, lamentan desde CCOO y UGT. “Hemos sido engañados durante la tramitación de la ley por los portavoces del grupo parlamentario socialista, tanto en el Congreso, como en el Senado”, arremeten, también las asociaciones de víctimas.

De no incluirse la exención en el reglamento que debe aprobarse antes de mediados de enero, se dará además una paradoja, advierten los sindicatos. Y es que el fondo, que podrá pleitear contra las empresas responsables, obtendrá indemnizaciones exentas de tributación, por esta vía judicial, mientras los beneficiarios del propio fondo se ven obligados a pagar impuestos.

“La no aprobación de la exención tributaria a estas indemnizaciones discrimina a las víctimas del amianto respecto a otros colectivos. Y convierte al fondo en un instrumento ineficaz”, concluyen.