La empresarial española CEOE se mantuvo hoy firme en su decisión de romper relaciones con el Ministerio de Trabajo, y dar por finiquitado el diálogo social a las puertas del año electoral. Su presidente, Antonio Garamendi, negó hoy motivos políticos en su decisión de ruptura, y acusó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de no respetar el acuerdo firmado hace un año para la reforma del mercado de trabajo — “el acuerdo más importante de la legislatura”, dijo.

Garamendi acusó hoy a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz — cuyos planes para liderar un proyecto aglutinador de la izquierda en las próximas elecciones generales no acaban de arrancar — de mentir cuando ayer, después de la decisión de CEOE de romper relaciones, la ministra afirmó que los empresarios conocían desde hace un año los planes del Ejecutivo.

“No tiene mucho sentido que nos sentemos a negociar para que nos lo cambie al día siguiente”, dijo este jueves el máximo responsable de los empresarios españoles, que el próximo 21 de diciembre someterá la cuestión a la aprobación de la junta directiva de CEOE.

Garamendi negó que los empresarios conocieran el contenido de la enmienda que ha desatado la polémica, la más grave de los últimos años, después de que el Congreso aprobara el miércoles en comisión una enmienda presentada por EH Bildu y apoyada por PSOE y Unidas Podemos, que devuelve a la Administración la última palabra a la hora de aprobarse un despido colectivo.

Según Díaz, sin embargo, los empresarios conocían un segundo documento, aprobado hace un año por el Consejo de Ministros, que preveía un informe vinculante de la Inspección de Trabajo para constatar que una empresa dice la verdad cuando presenta un expediente de regulación de empleo (ERE) a fin de despedir a una parte importante de la plantilla.

Además, Díaz aprovechó ayer para contraatacar al afirmar que los empresarios mienten cuando afirman que esta cuestión de los despidos colectivos se abordó durante la negociación de la última reforma laboral, y fue aparcada en aras del consenso.

“Nunca se trató este asunto en la reforma laboral”, afirmó la ministra, quien se pregunta dónde está el problema de que un inspector de Trabajo compruebe la veracidad de las causas alegadas por una empresa para presentar un despido colectivo.

Lo cierto es que, lejos de arreglarse, las relaciones entre los empresarios y la ministra de Trabajo no pasan por su mejor momento, a pesar de que la patronal despejó el futuro de su liderazgo con unas elecciones que dieron el triunfo a Antonio Garamendi el pasado 23 de noviembre; momento que se presumía favorable para retomar algunas negociaciones pendientes.

La más inmediata, entre las comandadas por Díaz, es la fijación del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023; una decisión exclusiva del Gobierno, aunque debe antes consultar con los agentes sociales.

Sin embargo, los empresarios ya dan por descontado que no se sumarán a la subida del SMI, al igual que no lo hicieron en 2022; con incluso más motivos, pues se malician que el Gobierno buscará enviar un mensaje de apoyo a las clases populares en un año electoral.

Otras negociaciones en curso son la del Estatuto del Becario —donde los empresarios sí desearían dejar su impronta, a fin de rebajar los costes que la nueva ley pretende imponerles —, así como la segunda pata de la reforma de pensiones; si bien esta última negociación no depende de Díaz, sino de José Luis Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, que capitanea las conversaciones y el contenido del acuerdo.