
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CC.OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acordado con los sindicatos el Estatuto del Becario; un nuevo catálogo de derechos de los estudiantes en prácticas no laborales, que trata de atajar el fraude en este campo. Sin embargo, muchos dudan de la entrada en vigor de la nueva norma; en primer lugar, por el rechazo de la patronal y la comunidad educativa; y más directamente, por las dudas que su aprobación suscita, tras la disolución de las Cortes derivada de la convocatoria electoral.
El Estatuto del Becario acordado hoy entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT choca con el rechazo frontal de los rectores universitarios y otros miembros de la comunidad educativa. Tampoco gusta a CEOE, la patronal, que se ha negado a suscribir el acuerdo.
Además, el tiempo político conspira contra la entrada en vigor de un acuerdo, que obliga a las empresas a compensar a los becarios los gastos de desplazamiento y manutención, además de prever fuertes multas a las empresas que incumplan sus postulados.
La disolución de las Cortes, debido a la convocatoria electoral del próximo 23 de julio, obliga al Gobierno a aprobar la norma como real decreto ley, en el seno de la llamada Diputación Permanente, un retén de guardia pensado para garantizar cierto funcionamiento de la Cámara entre legislaturas, pero que podría denegar la urgente necesidad de la entrada en vigor de la norma, tal y como exige la figura del real decreto ley
Compensación de gastos, límite al número de becarios
Básicamente el Estatuto del Becario obliga a las empresas a compensar a los estudiantes en prácticas sus gastos de desplazamiento o manutención. Y establece límites al número de becarios en cada centro de trabajo; además de fijar un duro régimen sancionador para las empresas que transgredan los límites.
Además, el nuevo Estatuto del Becario limita la duración total de las prácticas, que no podrán superar determinados porcentajes del número de créditos ECTS de la titulación; un 25% de las horas en el caso de las prácticas curriculares, y un 15% en el caso de las extracurriculares; cuya definición aporta además, en este último caso.
En términos generales, el número de becarios no podrá superar el 20% de la plantilla total del centro de trabajo; o de un máximo de dos personas en el caso de las empresas más pequeñas, entre otras excepciones.
Las empresas deberán compensar a los becarios los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención, siempre que no se haga ya a través de otras ayudas.
Cotización a la Seguridad Social
A partir del 1 de octubre, independientemente de la aprobación de esta norma, todos los becarios deberán estar dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social; si bien será el Estado el que corra con la mayor parte del coste de esta cotización obligatoria.
La obligación de cotizar a la Seguridad Social, sin embargo, es una obligación que no depende de la entrada en vigor del Estatuto del Becario, puesto que se aprobó el pasado mes de marzo, como parte de la segunda fase de la reforma del sistema público de pensiones.
El Estatuto del Becario incluye un régimen sancionador con multas de 7.501 euros a 225.018 euros, en función de la gravedad de los hechos; que deberá vigilar la Inspección de Trabajo, con una encomienda anual específica en esta área y la creación de una comisión de seguimiento sobre la materia.
Aun en caso de contar con luz verde en el Congreso, la norma excluye a los programas de prácticas no laborales que fueran acordados antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.
Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Estatuto del Becario “permite cerrar el círculo de la formación de calidad y el empleo digno para las personas jóvenes”.
“Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes como trabajadores de usar y tirar”, ha dicho Díaz, durante la presentación del acuerdo junto a los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez.
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