En el Ministerio de Economía y Competitividad todos los indicadores confirman que la recesión no tardará mucho en llegar a España, lo que viene a complicarse aún más con la confirmación de que el déficit público cerró el año en el 8% del PIB y el Gobierno de forma urgente se ha visto obligado a un primer recorte de 8.900 millones. Ante esta situación, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no oculta que nos vienen aún tiempos peores y que será necesario un “esfuerzo más”, lo que según sus palabras “no será en vano”.

Aún no han transcurrido los clementes 100 días que se da al Gobierno y ya se ha subido el IRPF e IBI 0 recortado el sueldo de los funcionarios y demás ajustes. En ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cambio, asegura que no se subirá el IVA y, si la economía vuelve a su ritmo normal, a finales de la legislatura incluso pagaremos menos impuestos.

Desde fuera de nuestras fronteras están mirando con lupa las medidas que se están adoptando. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya cuenta con el beneplácito de la canciller alemana, Angela Merkel, aunque desde algunos rotativos extranjeros comienzan a apuntarse algunos primeros errores, como que hubiera sido mejor subir el IVA y no el IRPF.

El empeoramiento económico está afectando a casi todos los ámbitos de la economía, con un deterioro de gran parte de la industria, caída del consumo e incluso las ventas de las empresas de mayor tamaño, que estaban logrando salvar sus cuentas gracias a su actividad en el exterior, hasta el pasado noviembre en que han visto cómo las exportaciones han empezado a ceder posiciones. Únicamente el sector turístico intenta salvar los tratos, aunque el empuje de los visitantes llegados a España en los últimos meses se está desacelerando.

Mientras, los préstamos sigue sin llegar a empresas y familias, y las agencias internacionales continúan bajando la calificación crediticia de algunas de las cajas de ahorros, y el sistema financiero se enfrenta a un nuevo ajuste, que según los planes del ministro de Economía, Luis de Guindos, traerá nuevas fusiones.

Ante todo lo que se avecina, Sáenz de Santamaría ha asegurado a los ciudadanos que de los nuevos sacrificios que deberemos realizar, al menos se salvarán parados y pensionistas. En el resto se puede esperar de todo, hasta el adelgazamiento de las Administraciones Públicas y sus empresas. Montoro ya ha adelantado que desaparecerán 450. Todo irá encaminado a reducir el déficit público si es que queremos salir de la crisis y que empiece a crear empleo. Los nuevos requerimientos del Gobierno se conocerán, según todo parece indicar, la próxima semana.

Con los impuestos a vueltas

En el Ministerio de Hacienda, uno de los más atareados, ante la urgencia de nuevas medidas, su titular está convencido que subir el IRPF (renta) y el IBI (bienes inmuebles) ha sido el “mal menor”, al pedir a los ciudadanos un ajuste “equitativo”, y no descarta nuevos “toques” en el sistema impositivo español, que en ningún caso según el propio Montoro supondrán una subida del IVA.

En todo caso, Montoro asegura que pese a estas subidas y las que se puedan aprobar en el primer trimestre, dentro de cuatro años, los ciudadanos habrán visto que los impuestos han bajado. Las bajadas más inminentes de impuestos se verán en los gravámenes que pagan pymes y autónomos, donde el Gobierno está decidido a sacar todo tipo de ayudas para recuperar la actividad. El Gobierno trabaja con la idea de que incentivando a las pequeñas y medianas empresas la economía empezará a funcionar y llegarán a las arcas del Estado más impuestos.

En esta línea, el ministro de Hacienda ha avanzado que «dentro de poco» bajarán los gravámenes a pymes y autónomos para estimular su actividad. El argumento con el que ha sostenido su anuncio de que al final de la legislatura se pagarán menos impuestos es que en estos cuatro años habrá crecimiento económico, más empresas abiertas, más autónomos y más empleo, por lo que habrá más gente contribuyendo y se habrán ensanchado las bases de los impuestos.

Hasta el momento, las subidas de Hacienda afectan a las rentas del trabajo, y el grueso de los 4.100 millones que se esperan ingresar procederán de la clase media asalariada, a lo que se sumarán los 918 millones más que tendrán las Administraciones Públicas gracias al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Desde el exterior ha llamado la atención que España sea el único país en el que se ha subido el IRPF entre las 20 principales economías del mundo.

Este viernes habrá más medidas. El Gobierno quiere ya la reforma laboral, aunque empresarios y sindicatos siguen ofuscados en lo que les separa (salarios y negociación colectiva). Mariano Rajoy ya advirtió cuando se reunió con los agentes sociales, en la propia sede del PP en la madrileña calle de Génova –aún no había jurado su cargo-, que si no llegan a un acuerdo el Ejecutivo deberá asumir su responsabilidad, ya que se necesita una reforma laboral.

Tampoco sería de extrañar que el ministro de Guindos adelantara las nuevas medidas sobre el sistema financiero. La pasada semana reconoció en una entrevista al Financial Times, que bancos y cajas deberán provisionar 50.000 millones. Antes de llegar al ministerio ya había reconocido que se necesitan más fusiones bancarias.