Un contrato tipo que reduzca todas las modalidades existentes en el mercado laboral español y que facilite la contratación podría ser la alternativa del Gobierno tras la polémica surgida desde el año pasado cuando la CEOE propuso un contrato único con una indemnización de 20 días por año, con un máximo de doce meses y que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo descartó en sus primera reuniones con los agentes sociales.

No obstante, el debate surgido en las últimas semanas sobre la posibilidad de crear una modalidad contractual que acabe con la gran segmentación de la contratación en España (temporales e indefinidos) podría llevar al jefe del Ejecutivo a buscar una solución intermedia con la aprobación de un contrato que podría convertirse en el referente del acceso al mercado laboral.

Estos últimos días este tipo de contrato vuelve a estar en boca entre académicos y centros de estudios económicos. El último en unirse a esta idea es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que ha presentado diez principios para lograr una reforma laboral «eficaz y justa».

La propuesta estrella  vuelve a ser un contrato indefinido único, que sustituya los actuales ordinario y de fomento del empleo, con un coste por despido progresivo con un máximo de 33 días por año, al que une un sistema de ‘bonus-malus’ para que aquellas empresas con más rotación de personal paguen mayores cotizaciones sociales y las vean reducidas cuando tengan más empleo estable.

Este contrato único tendría una indemnización por despido, tanto procedente como improcedente, creciente en virtud de la antigüedad, desde los 8 a 12 días previstos para los temporales (para desincentivar este tipo de contrato y reducir la rotación) hasta un máximo de 33 días, en virtud de la antigüedad y a razón de dos días más por año trabajado.

Además, este contrato iría acompañado de un uso de los contratos a tiempo parcial para actividades estacionales o para personas que quieren conciliar su vida laboral y familiar. Según Fedea, esta nueva estructura de contratos derivaría en la supresión de muchas modalidades de contrato temporal, como los de obra y servicio o el contrato eventual.

En este área, Fedea también propone eliminar las restricciones para que las empresas de trabajo temporal puedan operar plenamente y suprimir la autorización administrativa para los despidos colectivos.

En este sentido, Fedea considera que la propuesta de un contrato con indemnización máxima de 20 días por año que propone la CEOE para los tiempos de crisis «se superpone» a las modalidades existentes, pero no soluciona la dualidad en los contratos.

Finaliza el plazo dado por el Gobierno

Esta semana finaliza el plazo dado por Rajoy para que los agentes sociales señalasen desde el acuerdo lo que sería la próxima reforma laboral tal y como les indicó el presidente del Gobierno antes de tomar posesión como presidente en las primeras reuniones celebradas en Génova.

La ministra de empleo, Fátima Báñez, ya adelantó el miércoles que el Gobierno no ampliaría el plazo para que patronal y sindicatos buscasen un acuerdo completo en reforma laboral. El fracaso de la reunión del martes les llevó a remitir al Ejecutivo un documento que plasmaba las materias a las que habían llegado a un consenso y en las que mantenían sus diferencias con la intención de ganar más tiempo para seguir negociando. Desde ese día se dejaba en manos del Gobierno la reforma laboral.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, daba por hecho este jueves que el acuerdo con los sindicatos no era posible, al menos en el plazo marcado por el Gobierno, aunque dejaba la puerta abierta a seguir buscando acuerdos más adelante para mejorar la situación económica y del empleo.

El dirigente empresarial desveló que el Gobierno pidió a los agentes sociales que trabajaran en una especie de «contrato de crisis». La CEOE entendió como un contrato fijo, con una indemnización por despido menor a la actual, y con vigencia temporal, posiblemente hasta 2013.

Rosell insistió en que para los empresarios es muy importante que haya facilidades de entrada al mercado laboral, con contratos «muy flexibles, muy abiertos y muy prácticos», pero también que se concreten los mecanismos de salida del mercado laboral, «no como ahora».

CCOO también está dispuesto a seguir negociando con la patronal las materias en las que no hay acuerdo, como son salarios o la articulación y vertebración de la negociación colectiva.

El sindicato espera que las negociaciones permitan que este país alcance un acuerdo para poder reactivar la economía y poder despejar esa idea de que la reforma laboral «pactada o sin pactar» va a ser elemento suficiente para terminar con los más de cinco millones de desempleados.

Desde CCOO se advierte de que con o sin reforma laboral no se va a generar empleo ya que desde que hace año y medio se aplica esa «reforma laboral impuesta», han aumentado en más de un millón los desempleados e insiste en que tanto la patronal como el Gobierno tienen que apostar por medidas  y «no reformas» en el mercado de trabajo y por una profunda reforma fiscal y del sistema financiero.

Los acuerdos y desacuerdos entre los agentes sociales

Los sindicatos y la patronal señalaron como principales desacuerdos la contratación a tiempo parcial, la intermediación y la flexibilidad interna; las altas y bajas por incapacidad temportal por contingencias comunes, en el capítulo de las mutuas y el fondo de capitalización de los trabajadores.

Otros temas como la flexibilidad interna, la estructura de la Negociación Colectiva y la renegociación del acuerdo de salarios vigente para 2012 y la orientación de la evolución de los salarios para los años 2012, 2013 y 2014 los incluyeron en un apartado en el que consideraron que por su naturaleza corresponden fundamentalmente a los interlocutores sociales, sin perjuicio de que alguna tenga trascendencia legislativa, dejando claro que no deberían ser objeto de legislación unilateral por parte del Gobierno.

Dentro de los acuerdos alcanzados  se centran en la solución autónoma de conflictos, la formación profesional para el empleo, el absentismo y las mutuas, la racionalización de los festivos, las jubilaciones anticipadas y las medidas de prejubilación, así como en lo relativo a las bonificaciones y reposición de prestaciones en los expedientes de regulación de empleo (EREs).