ACS se sitúa a la cabeza entre las constructoras cotizadas en cuanto a volumen pasivo pendiente de cobro con las administraciones públicas. La compañía de Florentino Pérez acumula un importe de unos 2.300 millones de euros de los que 1.600 millones corresponden a ayuntamientos y el resto a comunidades autónomas.
Le sigue FCC con un pasivo de 2.100 millones de los que 1.700 millones corresponden a deuda vencida y exigible. En tercer lugar se encuentra Ferrovial que tiene unos 1.000 millones pendiente de cobro sólo con administraciones locales.
{destacado}Sacyr Vallehermoso cuenta con 370 millones de euros de deuda y Acciona espera recuperar un pasivo de 360 millones. Por último se coloca OHL con 328 millones.
Según las patronales constructoras, la deuda de la Administración con la obra pública es de unos 22.300 millones de euros. De este importe, unos 16.800 millones, el 75,3% del total, es deuda vencida y en mora. Los plazos medios de pago se sitúan en unos 170 días.
El pasado viernes el Consejo de Ministros acordó una fecha límite, el 15 de marzo, para que los ayuntamientos envíen a Hacienda todas las facturas sin pagar. También estableció para el 31 de ese mismo mes que presenten un plan de ajuste para hacer frente a dichos pagos. Una mendida que pretende mejorar, sobre todo, la situación de las pymes y autónomos que se ven en condiciones muy difíciles por la morosidad de las administraciones públicas.
En cuanto al instrumento financiero para facilitar el pago de las deudas con proveedores por parte de las comunidades autónomas el Gobierno se limitó a indicar que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se analizará con los gobiernos autonómicos.
Esta iniciativa pretende dar liquidez a muchas empresas que tienen en la Administración su gran cliente y evitar muchos concursos de acreedores.
El Gobierno adelantó una modificación «temporal y puntual» de la normativa para permitir el establecimiento de garantías del Estado para hacer frente al pago de las deudas con los proveedores. Una vez se den estos pasos se establecerá el mecanismo financiero que se pondrá en marcha para hacer frente a estos pagos, mecanismo que no concretó, como tampoco la cifra que baraja el Gobierno sobre a cuánto asciende la deuda comercial de las administraciones públicas.
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