No y no. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), ha recibido sendas negativas rotundas del Gobierno a las propuestas formuladas el pasado martes, 10 de abril, en su intervención en el XIX Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte y ABC con el patrocinio de la Sociedad de Tasación . El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, afirmó, 24 horas después en el mismo escenario en el que MAFO formuló sus propuestas, que el Gobierno no tiene en mente llevar a cabo la propuesta lanzada por el Banco de España para poner en marcha una ley por la cual las cajas dejasen de participar de forma significativa en sus bancos instrumentales o en otras entidades financieras.

Por si no fuera suficientemente claro en su rechazo a la propuesta de MAFO “de aprobar una ley que obligase a las cajas a que, en un plazo razonable, dejasen de participar de forma significativa en entidades de crédito e invirtieran en lo que deseen –y quizá con mayor rendimiento- para seguir desarrollando su Obra Social”, Jiménez Latorre aseguró que “no hay reformas adicionales previstas” sobre el sector de las cajas de ahorros. Ni hay en la agenda del Gobierno “un estudio de cambios adicionales” sobre la legislación del sistema financiero en España. Aunque el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa pareció guardarse las espaldas al introducir el matiz de “de momento”.

Estas rotundas negativas han sido interpretadas en el sector financiero como una clara desautorización del gobernador del Banco de España, al que le quedan apenas tres meses de mandato, y una demostración de las malas relaciones existentes con Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Desde la llegada de Luis de Guindos a Economía, las relaciones entre el Ministerio y el Banco de España, que nunca han sido sencillas, parecen haberse deteriorado. El Gobierno de Rajoy y el PP, que fue muy crítico con MAFO en la oposición, preferirían que MAFO no agotara su mandato. El discurso del gobernador, no obstante tener un cierto sabor a testamento, deja muy claro que se mantendrá en el puesto, con todas sus consecuencias, hasta el último día.

El Ministerio de Economía y Competitividad, que encabeza Luis de Guindos, no tiene previstas reformas adicionales en la legislación financiera para que las cajas se alejen del negocio bancario ni ve necesarios cambios para otorgar mayores competencias al Banco de España. Fernando Jiménez Latorre insiste en que no se esperan más cambios normativos tras la reforma financiera aprobada en febrero.

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa ha recordado que en la reforma financiera diseñada por De Guindos ya se recoge que si la participación de las cajas en sus bancos no les garantiza el control accionarial de los mismos, deben perder la condición de entidad de crédito. En ese caso, las cajas pasarían a convertirse en fundaciones. Sin embargo, la normativa no impide que esas fundaciones sigan teniendo participaciones en los bancos a los que las cajas traspasaron su negocio financiero.

En cuanto a la posibilidad de otorgar más poder y competencias al Banco de España, sobre todo para sancionar a entidades que incumplan la ley, quitándoselas al Ministerio de Economía, el secretario de Estado resta valor a esa petición. En su opinión, es «una cuestión puramente formal» porque el Ministerio de Economía aprueba «sistemáticamente» las propuestas de sanciones del Banco de España. Por eso, «no veo mucha incidencia práctica» a la propuesta, subraya Fernando Jiménez Latorre.

Las peticiones del gobernador

MAFO había pedido “instrumentos que permitan que las actuaciones de la supervisión se puedan desarrollar de una manera ágil y simple”. Entre ellos, traspasar del Ministerio de Economía al Banco de España “buena parte de las competencias del régimen sancionador, de otorgamiento de licencias”. Y apela a que esa sugerencia la viene realizando “desde hace tiempo” el Fondo Monetario Internacional.

También pide que el Frob asuma las funciones de la junta general de accionista en un banco intervenido, eliminar requisitos legales que retrasan la transmisión de activos y pasivos, dotar al Banco de España de “instrumentos propios de supervisión que le permitan la corrección temprana de los problemas”, y que se respete su autonomía en su actuación supervisora, evitando los Gobiernos la tentación de interferir en las decisiones de la supervisión.