UGT respondió hoy a las acusaciones lanzadas ayer por el presidente de la patronal, Juan Rosell. El presidente de CEOE acusó a los sindicatos de incumplir el pacto de moderación salarial (AENC) firmado en enero. Según Rosell, los sindicatos paralizan la firma de convenios en represalia por la aprobación de la reforma laboral.

UGT ha culpado a los empresarios de paralizar la renovación de los acuerdos que deberían servir para bajar a las empresas el pacto de moderación de salarios. “Las cúpulas patronales han bloqueado la negociación colectiva”, ha afirmado el responsable de la Federación de Industria y Agroalimentaria del sindicato, Ramón Ruiz.

“En la industria, tenemos 12 convenios sectoriales estatales bloqueados”, afirmó durante unas jornadas organizadas por el sindicato para explicar el impacto de la reforma laboral sobre la negociación colectiva. Según su estimación, solo en ese sector, donde también faltan por firmar algunos convenios provinciales, hay 400.000 trabajadores afectados. “Estamos convencidos de que esto continuará así al menos hasta que el Parlamento apruebe definitivamente la reforma laboral”, afirma.

En el comercio y la hostelería se vive una situación parecida. “La parálisis es total”, afirma Santos Nogales, responsable del sector del sindicato. “El 54 por ciento de la negociación colectiva la tenemos paralizada”. Desde 2009, no se han renovado salarios ni otras condiciones de trabajo. “Los empresarios se están beneficiando de un descuelgue generalizado”, concluye.

En el caso de Paradores Nacionales, una empresa pública que da empleo a 4.000 trabajadores, la ausencia de nuevos convenios se ha unido a la aprobación del decreto-ley de reforma laboral. “Llevamos más de dos años sin convenio colectivo”, afirma Nogales. Eso no quita para que la empresa haya decidido utilizar algunas medidas previstas por la reforma. “La nueva dirección” –tras la llegada del PP al Gobierno- “pretende aprobar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo antes de tener aprobado el convenio colectivo”, lamenta.

Despidos masivos en las Administraciones

En el sector público, la aprobación de la reforma laboral ha añadido incertidumbre sobre la continuidad de los empleos. “Aquí, la indefensión es doble”, afirma la responsable del área del sindicato, Carmen Barrera. La sindicalista se refiere a dos medidas previstas por la nueva normativa laboral. La reforma permite a las Administraciones Públicas despedir personal siempre que haya insuficiencia presupuestaria. Por otro lado, prohíbe aligerar los costes salariales temporalmente a las Administraciones con reducciones de jornada o suspensiones de los empleos, previstas en expedientes de regulación de empleo (ERE). Unos expedientes que sí están permitidos en el sector privado.

A estas “indefensiones”, a las que aludía Barrera, se suma otra medida reciente del Ejecutivo, el préstamo por 27.000 millones para pagar las facturas atrasadas de ayuntamientos y comunidades. A cambio, el Gobierno exige a estas Administraciones cuadren sus cuentas.

En los próximos días se empezarán a conocer los planes de los Ayuntamientos para reducir sus déficit. UGT teme que las Administraciones locales y autonómicas recurran a los despidos para lograr el equilibrio presupuestario a que les obliga el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.  “La propia Administración puede crear una insuficiencia presupuestaria”, advierte Barrera.

“Incluso podría darse que un trabajador público despedido sea reclamado para prestar esos servicios” de forma gratuita, reitera, en referencia a la obligación de prestar servicios sociales que tendrán los parados que cobren prestación, según los planes del Gobierno. “Desconocemos si los desempleados podrían negarse a esta posibilidad”, advierte Barrera.