La banca tiembla después de la segunda reforma financiera puesta en marcha por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa. La primera medida aprobada por el Gobierno es la tasación de toda la cartera inmobiliaria de las entidades por dos firmas independientes, ya anunciada por diarioabierto.es . La decisión, que supone adelantarse a una exigencia de Bruselas, es aplaudida por el sector, porque contribuirá a despejar dudas sobre su situación real y el grado de toxicidad de su ladrillo.

A la banca le ha gustado mucho menos (por no escribir nada) que De Guindos se haya salido con la suya y tenga que multiplicar por más de cuatro las provisiones sobre sus activos inmobiliarios sanos: del 7% de la primera reforma financiera diseñada por el ministro de Economía en febrero se pasa al 30%. De media, porque el suelo deberá estar cubierto en el 52%, el mismo porcentaje que para los créditos que no tienen garantía real; el 29%, las promociones en curso; 14%, las ya terminadas.

La segunda reforma financiera se traduce en un esfuerzo adicional que los más optimistas cifran en 28.000 millones de euros, y otros estiman que superará los 40.000 millones. El 30 de junio, cada entidad deberá entregar al Banco de España un plan detallado sobre cómo va a cumplir con las nuevas exigencias.

De Guindos ha dejado muy claro tras el Consejo de Ministros que las nuevas provisiones deberán cargarse contra resultados, lo que puede provocar pérdidas en algunas entidades. En ese caso, deberán  asumirlas contra capital. Si, como consecuencia de las nuevas provisiones, la entidad entra en en déficit de capital, tiene la posibilidad de recurrir al dinero del Estado, que se canalizará mediante bonos contingentes convertibles (CoCos), que tendrán un coste del 10% anual. El ministro de Economía augura que “el Tesoro acabará ganando dinero con estas operaciones”, quizás para que Bruselas no agite el fantasma de las ayudas públicas a la banca.

Pero lo que menos ha gustado a la banca es que la segunda reforma financiera establece la obligatoriedad de crear “una sociedad anónima para la gestión de activos” inmobiliarios adjudicados. Éstos serán traspasados a esta versión de banco ‘malo’ a “valor razonable” y, cuando no sea posible, a “su valor contable neto”, una vez deducidas las provisiones exigidas en la primera reforma financiera de febrero.

Cada año, las entidades estarán obligadas a vender un 5% de estos activos, lo que significa que, en el peor de los casos, la liquidación del ladrillo de la banca puede prolongarse durante 20 años. Y esa sociedad de liquidación sólo quedará fuera del balance de la entidad en el caso de que ésta encuentre un socio que asuma la participación mayoritaria y el control de la gestión, lo que abre la puerta a los fondos ‘buitre’ y a otros inversores especializados en el ladrillo.

A cambio de todas estas nuevas exigencias y de la obligatoriedad del banco ‘malo’, el sector sólo ha conseguido un mes adicional para llevar a cabo fusiones: 30 de junio, cuando antes era el 31 de mayo.

Subastas más complicadas

La primera valoración de las nuevas medidas del Gobierno que hacen responsables del sector se centra en que se complica la participación de la banca en la subasta de entidades intervenidas: Banco de Valencia y CatalunyaCaixa. También se ennegrece el futuro de NovaGalicia, que trata de evitar precisamente la subasta mediante la entrada de inversores privados. Y se refuerza la nacionalización del Banco Financiero y de Ahorros/Bankia, lo que deja las manos libres a José Ignacio Goirigolzarri para meter el bisturí.

“Si la banca tiene que hacer un esfuerzo adicional de 40.000 millones en provisiones, habrá menos recursos disponibles para hacer ofertas competitivas sobre las entidades intervenidas”, señala un ejecutivo de una de las instituciones que ha presentado oferta no vinculante por CatalunyaCaixa. “Esto se verá cuando se conozcan las ofertas vinculantes, si es que llega a haber más de una, en las dos subastas”, añade, recordando lo que sucedió con Banco CAM, por el que sólo pujó el Sabadell.

Al mismo tiempo, ese endurecimiento de las exigencias va a provocar que las entidades realmente interesadas en competir por el Banco de Valencia o por CatalunyaCaixa van a reclamar esquemas de protección de activos mucho más amplios, que ofrezcan mayores coberturas contra pérdidas futuras, como compensación por esas provisiones adicionales. Lo que supone más presión sobre el Fondo de Garantía de Depósitos, necesitado de recursos. Lo que significa más presión sobre la propia banca, que es la que nutre de dinero al Fondo.

Las fusiones se aceleran

La segunda reforma financiera, en cambio, espoleará la concentración. La primera de De Guindos provocó tres operaciones: la integración del Banco Pastor en el Banco Popular, la fusión entre Caja 3 e Ibercaja, y la incorporación de Banca Cívica (la primera que hubo entre las cajas) a CaixaBank. Los grandes incentivos ofrecidos en febrero se mantienen: dos años para cumplir con las exigencias adicionales de provisiones sobre el ladrillo y cargar éstas contra patrimonio y no contra resultados, evitando que se generen pérdidas.

Pero hay varios problemas. Uno, que los mercados penalizarán a los grupos que recurran a los dos años. De hecho, muchas entidades optaron por adelantar provisiones ya en 2011 y algunas, como CaixaBank o Bankinter, a cumplir de golpe con la norma en el primer trimestre. Ahora, además, hay provisiones adicionales, cuyo cumplimiento lo antes posible va a ser premiado por los mercados.

Otro, que nadie se quiere fusionar, y quedan menos entidades en este peculiar juego de las sillas. Al margen de lo que suceda con las subastas del Banco de Valencia y de CatalunyaCaixa, que sin duda van a provocar movimientos en función de qué entidades sean las compradoras, las miradas se centran en los cuatro grupos de cajas medianas: Unicaja España Duero, BMN, Liberbank e Ibercaja. De Guindos, que fue consejero de BMN, defiende la tesis de que para sobrevivir en la nueva banca que sale de las reformas financieras y, sobre todo, para acceder a los mercados internacionales de financiación mayorista, hay que tener una dimensión mínima de 100.000 millones de euros en activos.

Para cumplir con ese requisito, que muchos en el sector ponen en solfa, cada uno de los cuatro grupos necesita hacer una operación, siempre y cuando no logren el Banco de Valencia (unos 25.000 millones en activos), porque CatalunyaCaixa, con 76.000 millones en activos, no parece que esté a su alcance. Unicaja España Duero tiene 79.000 millones, BMN, 68.000 millones; Ibercaja, 65.000 millones; y Liberbank, 54.000 millones.

Con la incógnita de la segunda reforma financiera ya despejada, los cuatro grupos van a acelerar sus contactos. Economía parece preferir una operación a cuatro bandas, del que saldría un grupo de 266.000 millones, capaz de competir con CaixaBank (345.000 millones), BBVA (340.000 millones en activos en España) y Santander (338.000 millones), pero sobre todo con Sabadell (166.000 millones) y Popular (161.000 millones). Algo que provocaría un efecto dominó y un mayor interés de los grandes grupos por participar de verdad en las subastas de las entidades intervenidas.

Pero una unión de los cuatro grupos de cajas parece misión imposible o finanzas ficción. Lo más probable es una doble operación. El problema es cómo realizar las combinaciones. La Junta de Andalucía, el reducto socialista, prefiere que, si Unicaja tiene que fusionarse, lo haga con BMN. La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, pide tiempo para la malagueña digiera Caja España Duero. Pero el tiempo ahora es un bien muy escaso.

BMN insiste en que su prioridad es el Banco de Valencia, para cerrar su apuesta por el arco mediterráneo. Liberbak cree que puede cumplir con las exigencias por sus propios medios, lo mismo que Ibercaja.

Bankinter, descolgado

Si se cumplen los pronósticos y hay baile de parejas en los grupos de cajas, con o sin el Banco de Valencia de por medio, y si CatalunyaCaixa termina en manos de una entidad mediana (Kutxa parece el mejor colocado), la segunda reforma financiera sólo dejará por debajo de los 100.000 millones de euros en activos a Bankinter, que tiene 44.000 millones. Muchos analistas creen que el banco controlado por la otra rama de los Botín no tendrá más remedio que quedarse como entidad de nicho (gestión de patrimonios más seguros) o entrar en el baile de las compras. Bankinter nunca ha participado en fusiones. Tiene dos accionistas destacados: Cartival, la sociedad de Jaime Botín y de su familia, y Crédit Agricole, pero el banco francés no está para muchas aventuras en España (frenó la integración de su filial española Bankoa con Ipar Kutxa, que finalmente se integró con Caja Laboral).