Quien avisa no es traidor. Cuando el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, puso en marcha la segunda reforma financiera, tres meses después de la primera (más dos anteriores iniciadas por el Gobierno de Zapatero y con Elena Salgado como vicepresidenta económica), ya hubo voces, dentro y fuera del Gobierno de Rajoy, que alertaban respecto a que las exigencias adicionales de provisiones sobre activos inmobiliarios sanos iban a dificultar las subastas de entidades intervenidas, como adelantó diarioabierto.es. Entonces se hablaba de adjudicar antes del verano el Banco de Valencia y CatalunyaCaixa, a la espera de que en septiembre los gestores de NovaGalicia demostrara o no su capacidad de captación de inversores privados. Mientras se iniciaba el proceso de venta de estas dos entidades, hubo que nacionalizar Bankia a través de la matriz, Banco Financiero y de Ahorros, llevándose por delante la presidencia de Rodrigo Rato, sustituido por el ex consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri.

El Gobierno de Rajoy se ha encontrado con que el Estado controla el 20% del sistema financiero nacional a través de BFA/Bankia, CatalunyaCaixa y Novagalicia, que suman 466.000 millones de euros (CaixaBank y Banca Cívica suman 345.000 millones), ya que el Banco de Valencia, una pesada herencia de Bancaja a Bankia, será finalmente adjudicado, aunque el número de entidades interesadas en su compra se está reduciendo peligrosamente, dentro del calendario previsto.

Esta situación no termina de gustar ni al Gobierno ni al PP, que ven cómo se va a cumplir tras el verano el primer aniversario de la entrada del Frob en CatalunyaCaixa y en NovaGalicia sin que se vislumbre un futuro privado para las dos entidades a corto plazo. Y queda toda la labor de saneamiento de Bankia, en la que el Estado tiene previsto permanecer tres años.

Por ese motivo, Luis de Guindos insistía en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la segunda 5reforma financiera en que “ahora todas las alternativas están abiertas”, manejándose con una intencionada y calculada ambigüedad. Aunque no se ha hecho público, se retrasa sine die la subasta de CatalunyaCaixa, ante la evidencia de que pueda quedar desierta o se presenten ofertas muy a la baja. Para disgusto del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, tampoco se tienen muchas esperanzas en que José María Castellano y César González-Bueno consigan inversores privados por el 20% de NovaGalicia.

En el Ministerio de Economía y Competitividad estudian constituir un grupo financiero público en torno a Bankia. Algunos dentro del departamento que dirige De Guindos prefieren hablar de “una dirección conjunta” de las tres entidades, sin que tenga que producirse una fusión entre las entidades. La idea es que el Estado se mantenga como accionista de ese grupo durante un plazo de tiempo nítidamente acotado, preferiblemente menos de tres años, y desde luego salir lo antes posible. Eso sí, al menor coste posible para los contribuyentes y para el déficit español.

En Economía dejan muy claro que, de llevarse a cabo alguna iniciativa en esa dirección, quedará meridianamente claro que el Estado no tiene vocación de permanencia como accionista de las entidades financieras y que en la medida en que las condiciones de los mercados lo permitan se facilitará que el capital privado vuelva lo antes posible.

Tensiones autonómicas

Pero no todos en el Gobierno ni en el PP comparten esa idea del departamento de Economía. Al PP gallego, muy influyente en el Gobierno de Rajoy, y a la Xunta no le gusta nada que el Estado controle NovaGalicia y mucho menos que la gestión de la entidad pueda pasar de una forma o de otra a manos del nuevo equipo de Bankia, y prefieren que se les deje trabajar en paz a Castellano y González-Bueno, y no se le pongan más dificultades a la ya de por sí compleja labor de captación de inversores privados.

A CiU tampoco le gusta que las decisiones sobre CatalunyaCaixa se puedan tomar fuera de Cataluña. El PP catalán cree, como algunos miembros del Gobierno, que lo que hay que hacer es esperar a conocer las ofertas vinculantes que se presenten al proceso de adjudicación de CatalunyaCaixa. Y sólo después tomar una decisión al respecto.

Los bancos prefieren que se aplacen las subastas de entidades nacionalizadas, porque los esfuerzos adicionales de provisiones de la segunda reforma financiera reducen el número de posibles compradores. Y los que están interesados harán propuestas a la baja. Además, el Fondo de Garantía de Depósitos, que se financia con las aportaciones de las entidades en función de sus volúmenes de recursos de clientes, se ha quedado sin dinero para pagar las adjudicaciones de entidades intervenidas.

Además, tanto en el sector financiero como entre miembros del Gobierno se insiste en que el proceso de venta de las entidades nacionalizadas debería paralizarse hasta no conocer los resultados de la valoración de los balances de la banca española que Economía ha encargado a las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman, y que se conocerán a mediados de junio.