Las cooperativas integradas en la Federació de Cooperativas Agràries de Catalunya (Fcac) ha formulado una rotunda negativa a la propuesta de la Generalitat sobre la bancarización de sus secciones de crédito y su traspaso a cajas rurales o a otras cooperativas de crédito. Todo lo contrario. Los 300 representantes reunidos en la XIX asamblea general ordinaria de la Fcac, celebrada en Lavern-Subirats, en el Alt Penedés, hacen una decidida apuesta por el mantenimiento del modelo de cooperativa agraria con sección de crédito.

En Cataluña hay 108 secciones de crédito de cooperativas agrícolas, concentradas en las provincias de Lleida y Tarragona, que gestionan depósitos por valor de 670 millones de euros y una cartera de 144 millones de euros en préstamos a socios más 85 millones a las propias cooperativas. La Fcac está formada por 237 cooperativas, con unos 78.000 socios y una facturación conjunta de 1.350 millones de euros en 2011.

El presidente de la Fcac, Josep Pere Colat, destaca que las secciones de crédito de las cooperativas son una alternativa al crédito bancario para el sector agrario, y aportan 230 millones de euros para impulsar este tipo de proyectos en un momento de restricciones crediticias por parte de la banca. Evitan así la dependencia de “una financiación bancaria escasa y muy cara”. Además, las secciones de crédito tienen oficinas abiertas en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Y están presentes en 23 municipios catalanes, donde no hay sucursales de entidades financieras. Su desaparición, por tanto, incrementaría la exclusión financiera de los habitantes de estos pueblos de Cataluña.

«¿Cómo es posible que propongan desde la Conselleria de Economía bancarizar todas las secciones de crédito cuando la mayor parte de entidades bancarias presentan problemas graves«, se pregunta, con habilidad dialéctica, Colat. El presidente de la Fcac señala que esa iniciativa no solo pone en peligro a las secciones de crédito, sino que también amenaza la viabilidad de las cooperativas agrarias, porque verían limitadas sus fuentes de financiación.

Decálogo de la Generalitat

Para evitar nuevas situaciones como el corralito sufrido por la cooperativa de L’Aldea en diciembre de 2011 por culpa de su sección de crédito, el departamento de Economía de la Generalitat catalana ha elaborado un decálogo de buenas prácticas para garantizar la “solvencia a largo plazo” de las cooperativas agrícolas, e insta a las 108 cooperativas con secciones de crédito a bancarizar éstas, traspasando el negocio financiero a cajas rurales y otras cooperativas de crédito. Anima a las cooperativas a incluir esta propuesta en la próxima asamblea general de socios que convoquen, y a comunicar “con celeridad” a la Administración autonómica si optan por esa vía. Para facilitar y “acelerar” el proceso, la Generalitat está elaborando un protocolo para las entidades que deseen traspasar su sección de crédito a una caja rural u otra cooperativa de crédito.

Si la cooperativa agraria catalana decide mantener su sección de crédito, en contra de la recomendación de traspasarla a una cooperativa de crédito, deberá contar con un coeficiente de liquidez de un mínimo del 10%, y además prever «retiradas estacionales» de depósitos por parte de los socios que deben poder atenderse, que el total del pasivo exigible no exceda en más de ocho veces los recursos propios, y que la actividad de la sección de crédito no puede tener un peso superior al 70% en el balance.

Además, deberá colocarse un cartel en el mostrador que indique que se trata de una «sección de crédito» y no una «entidad de crédito”, y dejar muy claro que los depósitos no cuentan con protección. Los socios y colaboradores deberían firmar un documento de «toma de conocimiento» cada vez que contraten un depósito en el que conste que son conscientes de que no está cubierto por el Fondo de Garantías de Depósitos. Y deberán publicitarse las condiciones económicas aplicables a las operaciones tanto de activo como de pasivo de la sección de crédito.

Por último, se limitará la práctica de las cooperativas de cubrir sus pérdidas con recursos de los socios de la sección de crédito. Y los créditos concedidos a los socios deberán instrumentarse siempre mediante escritura pública o póliza intervenida por fedatario público para poder realizar ejecuciones en caso de impago.