El Ejecutivo modificará el acceso a las prestaciones por desempleo. En 2013, los trabajadores que se vean afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) que limite su jornada laboral o suspenda temporalmente su contrato, dejarán de percibir hasta seis meses de prestación por desempleo, en contra de lo que sucedía hasta la fecha.

La medida, que se incluye en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), no afectará, en cambio, a los ERE que tengan lugar en 2012, según matizó ayer miércoles el ministerio de Empleo, informa Servimedia.

El Ejecutivo presidido por Rajoy pretende así ahorrar hasta 1.807 millones de euros, junto a otras medidas, según señala en la presentación de los PGE. Así, en julio, se redujo en 180 días el período máximo de cobro de la prestación, hasta 18 meses. Otra parte del ahorro llegará del “agotamiento” de las prestaciones de los beneficiarios del desempleo, añade.

La medida resta atractivo a los ERE temporales

La reposición de prestaciones es una medida aprobada por el Gobierno anterior en 2009, que se venia prorrogando desde entonces. Su eliminación supone, según UGT, un “golpe” a este sistema concebido para evitar despidos.

Cuando una empresa quiere retener a sus trabajadores, pero atraviesa una mala situación económica, recurre a estos ERE temporales. Solicita entonces la aprobación de uno de estos expedientes, mediante los cuales se reduce la jornada de trabajo o se suspende por un tiempo la relación laboral con sus trabajadores.

En estos casos, el Servicio Público de Empleo (SPE) paga las nóminas de los trabajadores afectados, hasta cubrir el tiempo de trabajo que no se ha realizado. De estos costes se hace cargo el Servicio Público de Empleo, que financia las nóminas recurriendo a las prestaciones por desempleo que correspondan a cada uno de los trabajadores.

El problema es que los trabajadores afectados consumen una parte de sus prestaciones. Algo que se quiso evitar cuando, en 2009, el Gobierno decidió subsidiar estos costes y ‘regalar’ por tanto hasta 180 días de prestación a las personas incluidas en uno de estos ERE.

Sin embargo, el Gobierno actual ha puesto la prioridad en la reducción del déficit público. Contra este deseo choca el ritmo de crecimiento de la factura por desempleo, que se ha disparado hasta los casi 26.700 millones presupuestados en 2013.

Hasta 2007, el gasto en desempleo se autofinanciaba con la aportación de empresas y trabajadores. Sin embargo, en 2013, el Estado se verá obligado a aportar 10.340 millones para sostener la atención a los parados, pesar de la reducción prevista del 6,3 por ciento del total de la factura.

“Golpe” al escudo contra los despidos, según UGT

Tras conocer la medida, el líder de UGT, Cándido Méndez, tildó el miércoles la supresión de la prórroga de reposición de prestaciones como un “golpe” a los ERE temporales, una medida muy utilizada para evitar despidos y por tanto, gasto en prestaciones.

El Ministerio no tardó en responder a Méndez y anunció por la tarde que la supresión de la prórroga no afectará a los despidos que se produzcan en 2013, siempre que los ERE hayan tenido lugar durante 2012.

Sin embargo, la rectificación del Ejecutivo provocó una nueva reacción por parte de UGT, el sindicato que ha acusado este jueves al Gobierno de decir “medias verdades” en relación a los ERE temporales, tras recordar el creciente número de desempleados que carecen de protección por desempleo.

Niveles de protección: contributivo y asistencial

La política de desempleo se articula en dos niveles de protección: uno de carácter contributivo, que se concreta en la prestación por desempleo, y otro de carácter asistencial complementario del anterior, que comprende el subsidio por desempleo, la renta agraria, el subsidio agrícola para Trabajadores Eventuales SEASS y la renta activa de inserción, destaca la presentación de los PGE.

En el nivel contributivo, el gasto previsto asciende a 19.368,58 millones de euros, lo que permitirá dar cobertura a 1.300.000 beneficiarios, añade. El subsidio por desempleo (incluida la renta agraria) se dota con 5.865,21 millones de euros, con una previsión de 1.062.000 beneficiarios; el subsidio SEASS se dota con 664,71 millones de euros, con una previsión de 115.000 beneficiarios y la renta activa de inserción, con 797,50 millones de euros, lo que permitirá atender a 155.000 beneficiarios.