Los ninis viven al margen de la educación y al margen del mercado de trabajo. Hablamos mucho de los mayores y de los terribles efectos de la pandemia sobre ellos, pero en términos de empleo los jóvenes han sido tremendamente afectados. Los ninis adquirieron entidad propia tras la crisis iniciada en 2008 y desde entonces pasaron a formar parte de las prioridades políticas y se convirtieron en tema de conversación y estudio de los profesionales.

Los jóvenes menos cualificados, son los que tienen más posibilidades de terminar convertidos en ninis. Y acabar siendo un nini significa entrar en el túnel que puede conducirte a la pobreza, la marginación y, con frecuencia, a la enfermedad, el deterioro de la salud.

La Formación Profesional se convierte (y no sólo para los jóvenes menos cualificados) en uno de los mejores caminos para encontrar un empleo. La FP permite acceder a habilidades y cualificaciones que actúan como una defensa contra la exclusión. Una vez más, los procesos de acompañamiento y orientación se convierten en esenciales para aprovechar adecuadamente las aptitudes de cada persona.

Es cierto que las habilidades necesarias cambian continuamente. Precisamente por ello es necesario que la Formación Profesional se convierta en un instrumento flexible en conexión continua con la realidad del trabajo, fomentando las prácticas laborales y los sistemas de formación dual.

De hecho, casi el 90 por ciento de cuantos han pasado por la FP consideran adecuados y útiles los conocimientos adquiridos, mientras que poco más del 60 por ciento de los estudiantes, en general, manifiestan este mismo tipo de satisfacción. Por otro lado, casi dos de cada tres estudiantes graduados en FP consiguen un empleo estable  en un periodo breve de tiempo tras terminar sus estudios.

Es clave, en este proceso, contactar a esos jóvenes ninis, lo cual no es fácil. Muchos de ellos no están inscritos como parados, ni están en contacto con otros servicios públicos como los servicios sociales. Por eso hay que buscarlos en las asociaciones juveniles, clubs deportivos, o en las propias calles, incluyendo la utilización de las redes sociales.

Se trata de que la situación no se enquiste y algunos de ellos terminen alejados de las dinámicas sociales de formación y empleo. Es terrible que un joven nini acabe convertido en un adulto nini. Por eso en Europa, para combatir este riesgo, se pusieron en marcha los  Planes de Garantía Juvenil, precisamente en los tiempos más duros tras la crisis económica desencadenada en 2008.

Es cierto que el intento funcionó relativamente y contribuyó a disminuir los altos porcentajes de desempleo. Pero entonces llegó la pandemia y volvieron a crecer las tasas de desempleo juvenil. Desde entonces la Formación Profesional ha hecho todo lo posible para mantener a esos jóvenes desempleados en el sistema educativo, intentando evitar el abandono de la formación.

La crisis y la pandemia, después, han obligado a mejorar las competencias digitales y abordar nuevas prácticas formativas. Pero los jóvenes han visto empeorar su situación. Perdieron sus empleos y hasta la formación en prácticas en las empresas ha sufrido un retroceso. Los problemas de salud mental también se han cebado en este colectivo. Una de las consecuencias es que las desigualdades de todo tipo se han agudizado.

Se impone como una necesidad alcanzar un gran compromiso político y social. Todas las medidas que actúen sobre la inserción laboral de los ninis serán bien recibidas, pero esa accesibilidad al empleo debe comenzar por el reforzamiento de nuestra Formación Profesional. Lo que está en juego es el futuro de aquellos jóvenes que ni tienen un empleo, ni participan en procesos formativos.

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La comisión empieza a funcionar el lunes con la comparecencia del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, un político honrado al que hemos de agradecer su temple y capacidad de diálogo con los presidentes y consejeros autonómicos competentes en materia sanitaria. Es probable que a estas alturas se pueda precisar el número de fallecidos, si fueron 122.000 o fueron más. La cifra oficial frisaba esa cantidad hasta el 30 de junio del año pasado, según la agencia EP.Data. Y el número de españoles diagnosticado de coronavirus hasta esa fecha se cifraba en torno a 14 millones de personas de todas las edades.

Si, la pandemia se llevó a muchos, demasiados seres queridos. Pero fue también la gran oportunidad de la derecha extrema y la extrema derecha de enseñar las garras de una oposición cruda y acerada. El PP no soportó más de 15 días de confinamiento para evitar muertos y no apoyó las sucesivas prórrogas solicitadas por el Gobierno al Congreso ni votó a favor de una sola medida contra la pandemia. Muchos de sus dirigentes, como la señora Ayuso en Madrid, respaldaron manifestaciones de protesta contra el cierre de establecimientos no imprescindibles, bares, sobre todo. Y la ultraderecha protagonizó manifestaciones en coches y autobuses en la capital, algo insólito que solo ocurrió en España.

La oposición infundada de las derechas nacionales quedó de relieve contra las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez para salvar los puestos de trabajo con la aplicación de ayudas a las empresas y el pago de salarios a través de los expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes) durante el periodo de inactividad. Las garras aceradas y las lenguas afiladas de esas derechas patrioteras anduvieron prestas a destrozar a Sánchez cuando vieron que el presidente español era capaz de encabezar o liderar la respuesta común de la Unión Europea (UE) en el terreno económico y social. Cierto es que sus maniobras quedaron reducidas a un flautus vocis por sus correligionarios. A mayor ridículo, no renunciar a denunciar poco menos que el latrocinio de los fondos europeos por parte del malvado Sánchez aun antes de recibir un euro.

De los supuestos latrocinios (o mordidas) deberán responder precisamente la señora Ayuso a cuenta de las mascarillas que permitieron a su novio (pareja de hecho) embolsarse dos millones de euros con un amigo y colega del grupo sanitario Quirón. Por cierto que la sanidad privada le ofreció camas para los enfermos de Covid en las residencias de ancianos dependientes de la Comunidad de Madrid, donde murieron aislados 7.291 personas mayores. El protocolo sanitario dictado por el gobierno regional de Ayuso y con el que ni el consejero del ramo estaba de acuerdo (dimitió) disponía que se les mantuviera encerrados hasta que sanaran o las parcas se los llevasen. Entre tanto, la presidenta regional recibía aplausos (con mascarillas y sin ellas) por el supuesto éxito de la “operación Ifema” (uso del recinto ferial como hospital). Y animada por la oportunidad con cargo a la supuesta necesidad, contrataba la construcción a toda velocidad dizque de un hospital, el Cendal, hormigón, chapa y pladur que iba a costar 50 y acabó costando 170 millones de euros.

Si, la pandemia dio para mucho. ¿Conseguirá la comisión de investigación aclarar las mordidas del Cendal o todo, que es bastante, quedará en los escándalos de las mascarillas? Lo que de antemano sabemos es que de los contratos directos para traer mascarillas (más que carillas eran carísimas y de uso obligatorio) trincaron mordidas millonarias la pareja de Ayuso, los malincuentes Luis Medina (duque de Feria) y Enrique Luceño, que se embolsaron seis millones de euros con cargo al Ayuntamiento de Madrid gracias a un primo del alcalde Almeida, y el maladado Koldo García, asesor del entonces ministro y hombre fuerte del PSOE José Luis Ábalos, quien pudo conseguir cerca de un millón de euros. Y también sabemos que Ábalos fue expulsado del PSOE inmediatamente, aunque se negó a devolver el escaño y pasó al Grupo Mixto. Pero está por ver si el sentido de la probidad de Ayuso consiste en utilizar el poder para forrar a su pareja de hecho y demás familia con el visto bueno de su superior, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y cabe esperar de la comisión investigadora alguna luz sobre otros casos, por ejemplo, la presunta mordida de 5 millones de euros que a cuenta de los test del Covid habrían facilitado el dirigente nacional del PP Elias Bendodo cuando era consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y su colega de Sanidad Jesús Aguirre. Continuará.

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Reconocimiento que promueve además, sin concretar en qué condiciones, bajo que gobierno, ¿el de los terroristas de Hamás?, con qué fronteras y, sobre todo, sin consenso interno y en Europa. Y una misión diplomática inventada más para buscarse un hueco internacional entre la izquierda radical, al más puro estilo Zapatero porque tiene serias dudas de que pueda agotar la legislatura.

Un ataque el iraní sobre cuyas consecuencias se pregunta ahora la mayoría del mundo occidental y un conflicto en Oriente Medio que en el caso de España abre un nuevo frente de preocupación con epicentro en Marruecos y sus apetencias sobre Ceuta, Melilla, las Canarias y con amenaza para nuestros intereses comerciales y geoestratégicos en la zona del Estrecho y el norte de África, en los que no parece reparar nuestro Presidente ni nuestro gobierno.

Recordar que Marruecos restableció relaciones con Israel como parte de los Acuerdos de Abraham a finales de 2020, con la mediación de Estados Unidos y desde entonces, el país magrebí no sólo es socio preferente de Washington en detrimento de España, sino que las relaciones de defensa entre Israel y Marruecos están desarrollándose muy rápido, han realizado maniobras militares conjuntas, Israel es ya el tercer suministrador de armas de Marruecos y la empresa israelí Blue Bird  ha anunciado que va a abrir un centro de producción de sus sistemas aéreos no tripulados en el reino alauita.

Pero sobre Marruecos, Pedro Sánchez es como los tres monos sabios, ni ve, ni oye y mucho menos habla. Todavía seguimos sin saber por qué se plegó a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, de forma unilateral y dando un giro histórico a la política exterior española mantenida por todos los gobiernos desde que España abandonó su colonia en noviembre de 1975.

Tampoco se ha explicado las razones de por qué mientras la sequía azota a España, ha decidido conceder un crédito de 250 millones de euros para construir la mayor planta desaladora de agua con última tecnología en Marruecos, que construyen empresas directamente vinculadas con el primer ministro marroquí. Ni porqué desmanteló la unidad de élite de la lucha contra el narcotráfico en la costa gaditana. O su falta de firmeza en defender la españolidad de Ceuta y Melilla. Y ni siquiera ha pedido explicaciones a Rabat sobre las maniobras militares cerca de las costas de Canarias durante tres meses y con un despliegue a gran escala de la armada marroquí.

Y todo esto, ¿a cambio de qué? Porque Marruecos sigue sin abrir las aduanas de Ceuta y Melilla, ha iniciado a través de una ONG una nueva campaña en la ONU para pedir la descolonización de las dos ciudades españolas y el archipiélago canario y sigue sin frenar las oleadas de inmigrantes hacia España. Cómo se preguntan desde ámbitos políticos y diplomáticos, ¿qué sabe el rey moro de Sánchez y de las actividades de su mujer, Begoña Gómez, tras el espionaje de Pegasus a su teléfono móvil y que desde Moncloa ni quieren, ni saben, ni pueden aclarar?

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El vuelco electoral de Reino Unido va a ser gigantesco y podría serlo mucho más de no tener a Keir Starmer y a muchos de sus colegas al frente del Partido Laborista británico.

Las críticas hacia los volantazos del partido laborista, ahora bajo la presión de saberse ganador seguro de las elecciones, se disparan y llegan desde todos los lugares y algunos que siempre sacaron la cara por el partido de Starmer por primera vez se desmarcan de su apoyo al partido referente de la izquierda británica y única alternativa a los conservadores.

Uno de ellos es Owen Jones, analista político y articulista en The Guardian, y conocido en España por su aparición en mítines de Podemos y las bromas con su parecido con Iñigo Errejón. En un mitin en Oviedo en 2015 llegó a decir “no soy el gemelo diabólico de Íñigo”.

El influyente opinador de la política británica en los últimos lustros se ha desmarcado del partido laborista justo antes de que vayan a arrasar en las próximas elecciones y lo hace por un gran número de problemas de conciencia a la hora de dar su voto a un partido que va camino del “ni chicha ni limoná” que defendía Tony Blair en su Third Way para conseguir atraer votos de un amplio sector de la población… tan amplio que no haga falta ser de izquierdas para votarlos.

Hay que recordar que Owen Jones se ha explayado en varias de sus  obras analizando no solo la política británica sino también a su sociedad.

Sus dos obras principales fueron “Chavs: La demonización de la clase obrera” que exploraba el fenómeno de los «chavs», un término despectivo utilizado en el Reino Unido para referirse a la clase trabajadora joven, y  “El establishment: La casta al desnudo” donde analizaba lo que él llama el «establishment» británico, una red informal de personas ricas y poderosas que, según él, controla la política, los medios de comunicación y la economía del Reino Unido, siendo el establishment una barrera para la democracia y la movilidad social.

El 21 de marzo anunciaba en su columna en The Guardian que cesaba su apoyo al partido laborista y detallaba las múltiples razones que le llevaban a esta decisión.

Su bisabuelo y bisabuela ya fueron concejales en Stockport por este partido, sus padres se conocieron en un mitin en los años sesenta y su regalo de 15 cumpleaños fue el carné del partido.

Toda su vida ha hecho campaña por este partido y en 2024 decide que su desencanto con el liderazgo y las decepciones con las últimas decisiones tomadas por el partido laborista son suficiente razón para dar la espalda justo antes de que vayan a llegar al poder.

Este sentimiento es extendido y muchos no llegarán a cancelar su membresía, pero quizás simplemente votarán al mal menor con una pinza en la nariz… y no es lo ideal.

Starmer salió electo con unas promesas que han ido desapareciendo una a una y dejando caer que en su mandato ya no se cumplirán algunas de las propuestas que estaban incluidas en su programa que le aupó al liderazgo.

La renacionalización de ciertos sectores en crisis ya no son parte del plan y parece que los planes para una sociedad más igualitaria también han ido desapareciendo. El incremento de impuestos a los ricos y empresas también parecen que no entrarán en los planes del próximo gobierno.

Las indecencias de Keir Starmer en temas como la guerra en Gaza añaden evidentemente una justificación aun mayor para apoyar a este partido laborista.

Keir Starmer ha justificado el ataque de Israel, o el derecho a cortar el agua y la electricidad a Palestina incluso cuando, como Owen Jones indica, Starmer es un defensor de los derechos humanos y conoce al dedillo la convención de Ginebra… tras innumerables críticas su “donde dije digo, digo Diego” no ha resultado convincente.

Kate Osamor, parlamentaria del partido laborista, fue recientemente suspendida del partido tras describir el asalto de Gaza como un genocidio, el mismo día que la Corte Internacional de Justicia juzgara a Israel como “presunto genocida”…

La alternativa que presenta Owen Jones es el voto a una nueva plataforma llamada “We deserve better” (merecemos algo mejor) y que aúna a candidatos independientes y ecologistas. Esta plataforma tendría como base de su ideología el incrementar impuestos a los poderosos, renacionalizar algunos sectores dando más importancia a lo público, oposición a los crímenes de guerra y buscar políticas realmente transformadoras con beneficio claro en la sociedad.

Lo que buscarían es poder llegar a ser un partido en la oposición, que de altavoz a una política y forma de entender el gobierno, que Keir Starmer y el actual partido laborista, está claro que no van a representar.

A la oposición de las elites racistas y antiinmigración habría que añadir una oposición a la izquierda del gobierno.

El próximo gobierno en Reino Unido claramente va a ser mejor que lo sufrido los últimos años a manos de Sunak, Truss, Johnson, May, Cameron y sus continuas malas decisiones empezando por el referéndum del Brexit y acabando por la manera a la “madrileña” que llevaron la pandemia… aquí también había prisa por las pintas de cerveza y restaurantes abiertos frente a las muertes de cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos.

La autocomplacencia en la política es mala acompañante y el que el gobierno vaya a ser mejor que lo presente, no significa que vaya a ser TODO lo bueno que podría ser.

Si bien muchos votantes de centro y derecha pueden llegar a votar por Starmer, esta facilidad para convencer a esos votantes es un síntoma de la falta de ambición y de ideas transformadoras que trae de la mano… cuando la izquierda puede convencer a gente de derechas quizás sus propuestas no sean ni representen a la izquierda,

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La violación de la embajada de México en Quito por parte de la policía ecuatoriana para detener a un asilado político es el último de los ejemplos de la ruptura de este orden mundial. Que esta agresión se resuelva con la ruptura de relaciones entre los dos países y la condena de los organismos internacionales es algo más que preocupante. Las consecuencias que se pueden derivar de este atentado no son otras que crear una gran inseguridad en las delegaciones diplomáticas dado que cualquier país puede saltarse a la torera la inmunidad con las que están protegidas estas sedes e invadir impunemente cualquier delegación diplomática (que formalmente es territorio de otro estado) cuando lo considere oportuno.

Pero también se ha deteriorado el papel de organismos internacionales como las Naciones Unidas, institución creada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial para tratar de resolver mediante la diplomacia y el diálogo los conflictos ente países. Su papel de mediador no siempre ha sido respetado especialmente cuando uno de los litigantes afectaba a una de las grandes potencias, pero la impotencia que ha demostrado estos días en los conflictos del Oriente Medio y de Ucrania es para reconsiderar seriamente el papel de esta institución, así como el de los convenios internacionales que muchos países  firman con gran parafernalia, pero les importa poco ignorarlos cuando sus intereses se ven afectados.

Además, estos días contemplamos que el presunto genocida Benjamín Netanyahu ha hecho oídos sordos no sólo a los patéticos llamamientos del secretario general de las Naciones Unidas respondiendo con un insultante menosprecio, sino que además ha despreciado las exigencias de su gran protector y financiador, el presidente de los Estados Unidos.

El drama humano de este conflicto es de sobras conocido y no es muy diferente al del holocausto alemán, sin embargo, no hay que olvidar que también hay algunos grandes beneficiados con estos conflictos como el de Ucrania, que no son otros que los fabricantes de armas que están haciendo su agosto con estas guerras. Es más que cínico el doble lenguaje de unos países que exigen públicamente el fin de los conflictos sean los principales suministradores de armas a los países enfrentados, y ello lo hacen, claro, con nuestros impuestos.

Estamos creando un nuevo orden mundial con unas nuevas reglas que no están escritas y de las que sólo tienen las claves gente muy selecta.

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Ahí está, si no, la clarísima intervención del presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés en el Senado, donde dijo que venía a trolear al PP para terminar troleando y humillando a Sánchez y al Gobierno, sin que ningún senador del PSOE replicara. El que calla otorga que dice  sabiamente el refranero.

Son dos versiones distintas sobre las que ustedes pueden elegir a quién creer, pero dados los antecedentes y el valor que tiene la palabra del presidente del gobierno, es evidente que no caben muchas dudas sobre de qué lado decantarse a la hora de la credibilidad.

A la vista de su trayectoria, de sus concesiones, la colonización de las instituciones y lo que él llama sus “cambios de opinión” nadie, salvo los muy fanatizados o los estómagos agradecidos, cuestionan hoy que Pedro Sánchez ha puesto en venta al Estado para seguir en el gobierno y en el lote de salida los independentistas catalanes incluyen como exigencia prioritaria el pacto fiscal. Una demanda claramente inconstitucional, que no tiene amparo legal ni en la Constitución, ni en la LOFCA, ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y que de llevarse a cabo violaría los principios de igualdad, de solidaridad y de justicia, y crearía regiones más pobres en las que se produciría un grave deterioro de los servicios básicos esenciales como la sanidad o la educación.

Los cálculos que maneja el Gobierno catalán estiman que  la puesta en marcha de este plan, denominado “Propuesta de una financiación justa para Cataluña”, permitirá a su autonomía «recaudar y gestionar» 51.981 millones de euros en impuestos entre IRPF (23.000 millones), IVA (14.200 millones), Sociedades (5.300 millones) e Impuestos Especiales (3.500 millones). Esto supondría duplicar los 25.616 millones que reciben actualmente del Estado y  Cataluña se quedaría con 26.365 millones de euros de los que actualmente aporta a la caja común, lo que recortaría en un 12% la financiación del resto de las comunidades autónomas.

Añadido al impacto territorial la independencia fiscal de Cataluña provocaría también la ruptura de la caja única de Hacienda al impedir que una misma Administración Tributaria  realice el control de la totalidad de los impuestos que gravan las actividades económicas, originando graves problemas en la gestión de los impuestos y, sobre todo, en la lucha contra el fraude. Sólo en este último aspecto, la Asociación de Inspectores de Hacienda apunta que se podrían perder en torno a 3.000 millones de ingresos para las arcas públicas.

Pero, además de estos impactos directos sobre la economía y el sistema de financiación, la cesión de este privilegio fiscal a Cataluña abriría la puerta a reclamaciones similares de las comunidades más ricas que, si se quedaran con lo que recaudan dejaría sin fondos al Estado, abocando a su práctica desaparición.

Recordar aquí que Madrid, el mayor motor económico de España, es también la comunidad más próspera, la que más recauda con menos impuestos y más aporta -el triple que Cataluña- al resto de las regiones, vía solidaridad, para hacer posible que comunidades menos prósperas puedan tener una sanidad, educación y servicios sociales dignos. Sólo en el último año, Madrid ha aportado al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales 4.039 millones de euros, frente a los 1.517 de Cataluña o los 390 millones de Baleares.

Pues, a pesar de todo esto, apuesten a que, una vez solventadas las elecciones autónomas de Euskadi y Cataluña y las europeas de junio, veremos como las negativas del Sánchez se convierten en negociaciones formales para ceder al chantaje fiscal de Junts y de ERC. El propio presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, no ha podido ser más claro respecto a la sumisión de Sánchez y el PSOE: “son rapidísimos saliendo a decir que no, pero luego se lo tragan”. Y es que, como recuerda Puigdemont, el proceso independentistas no se ha terminado y lo que Pedro Sánchez dice hoy que es imposible, termina siendo mañana una realidad si ello le permite seguir durmiendo en La Moncloa a costa de romper España y de la humillación y el empobrecimiento de los españoles.

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Dicen que estos programas abarcan desde la educación infantil hasta la formación profesional y la educación superior, con el objetivo de mejorar la calidad educativa, la equidad de oportunidades y la empleabilidad de los ciudadanos.

Hay muchos nombres de planes y programas que se han ido creando para mejorar las diferentes etapas educativas, como fueron el programa Plan Educa3, de hace unos años, o el Programa Escuela 2.0. Actualmente, hay varios programas activos como son el Plan PROA+, cuyo objetivo es reducir el abandono escolar temprano y con presupuesto de 360 millones entre 2021-2024, el Plan de Modernización de la Formación Profesional con 1.500 millones de euros y el de FP Dual con 110 millones de euros… Unos cuantos millones de euros.

Para grado y posgrado hay igualmente otra serie de programas como son el de Erasmus y el de becas para estudios de postgrado.

Para modernizar y educar el país parece que este gobierno encuentra numerosas vías de financiación combinando dinero proveniente del Fondo Social Europeo, Presupuestos Generales del Estado y en ocasiones con el apoyo de las Comunidades Autónomas.

Hay un programa que afecta a la población en el exterior que ni tiene la financiación que correspondería, ni jamás ningún gobierno de ninguno de los dos colores posibles, han otorgado la importancia debida y es el programa de Aulas ALCE.

Lo mas paradigmático ante el olvido y ninguneo de nuestras instituciones hacia la emigración, es el proceso que en noviembre solicitó a la ciudadanía en todo Reino Unido para estudiar la apertura de aulas ALCE en más ciudades de Reino Unido (solo existen en Londres y alrededores) y que creó ilusión en ciudades como Manchester, Birmingham, Liverpool, Leeds, Glasgow y Edimburgo y que desde Madrid dieron señales de posibilidades reales de ser abiertas… y el resultado final ha sido la no apertura de ningún aula adicional y el cierre injusto de varias aulas en Londres y que afectará centenares de familias.

Los millones de euros destinados a otros programas de educación y que se encuentran con facilidad, en el caso de aulas ALCE parece que no se encuentra a pesar de que son migajas en comparación… en este caso se toman decisiones por falta de meros miles de euros. Quizás desde la Embajada se podrían desviar algún fondo para asegurar mantener estas aulas… una o dos fiestas menos con la Cámara de Comercio seguramente cubrirían el coste.

Si el resultado es frustrante, las formas han sido pésimas.

Basta ya del paternalismo de nuestras instituciones y del no contar con la población antes de las tomas de decisiones.

No es normal que ni los mismos profesores, ni las familias afectadas hayan sabido nada de una restructuración que nunca se había puesto encima de la mesa ni con aquellos afectados ni con los representantes de la ciudadanía que son las consejeras generales por Reino Unido que somos Nuria Fraile y yo, David Casarejos.

Al parecer hay alguna organización que se ha reunido “multitud de ocasiones” con esta y otras consejerías y salen en multitud de fotos en la embajada y que desconocemos el contenido de las mismas reuniones… ¿Hablarán del tiempo?

Las excusas que al parecer se están dando por parte de la consejería de educación son principalmente el precio del alquiler de las aulas.

La decisión ha sido tomada unilateralmente y sin derecho alguno a queja o búsqueda de soluciones alternativas para evitar que de repente muchas familias tengan que prescindir de las clases de español que sus hijas o hijos tenían disponibles y es injusto que te cierren las aulas de Hammersmith y te manden a Portobello Road, como si fuera tan fácil desplazarse por Londres durante horas punta en plena semana laboral.

La guinda del pastel de las formas en las que se ha llevado a cabo este proceso es una encuesta, en la que se está “guiando” a las familias como han de responderla y en una de las preguntas abre la puerta a que se pueda usar esta encuesta como una prueba de que estas aulas no eran tan necesarias… a veces parece que nuestras instituciones no se enteran de que como adultos podemos identificar algunos actos como coacciones y presión por la que no vamos a pasar.

En la carta enviada por parte de las consejeras generales en Reino Unido a la atención de Acción Exterior, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, explicamos un dato que parece que el gobierno español no entiende: “Reino Unido ha sido el país en el que ha habido más crecimiento en la última década de ciudadanía española porcentualmente. Y en esta última década no ha habido ningún incremento en la oferta de las aulas ALCE en todo el territorio del Reino Unido (no solo en Londres) que refleje este aumento de nuestra comunidad, por lo tanto, excluyendo ya miles de menores que no viven en la demarcación de Londres o Dublín y excluyendo también a otros miles de menores que no puede acceder a las aulas ya abiertas en Londres porque simplemente no hay suficientes.”

Ante el poco aviso ofrecido a las familias, estas aulas deberían mantenerse en los lugares donde han estado establecidas y en cualquier caso nuestras instituciones tienen varios meses hasta la apertura del curso escolar en septiembre para lograr negociar otros centros en los mismos barrios donde están localizadas.

La desilusión que tenemos en el resto del país ante la falta de interés en ofrecer educación a través de aulas ALCE en grandes núcleos urbanos con miles de niños y niñas españolas fuera de Londres es mayor aún cuando vemos la fragilidad de las aulas actuales y lo fácil que resulta a nuestras instituciones quitarnos los pocos recursos que a veces logramos.

Cientos de familias en Londres están siendo pisoteadas y sabemos que hay inflación, que los alquileres suben y que los presupuestos son limitados… pero es curioso ver como los sueldos de nuestros dirigentes suben y se anuncian inversiones que no tienen impacto en la sociedad mientras se cierran escuelas y así nos va…

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Uno tiene la sensación que sus aportaciones como contribuyente están muy lejos de las prestaciones que recibimos. La hasta no hace mucho ejemplar sanidad pública ha caído en picado por falta de inversión; la calidad del sistema de educación público se ha deteriorado, mientras en la enseñanza superior las matrículas son en muchos casos prohibitivas; la utilidad de algunas obras públicas es más que discutible, se ha deteriorado mientras otras que han de relanzar significativamente la economía hace años que están paralizadas, como el corredor mediterráneo. Las inversiones en investigación son en muchos casos una invitación a que nuestros cerebros emigren a países donde tengan muchos más medios para realizar su trabajo.

También se agradecería una administración más ágil, hace tiempo que se planteó aquello de la “ventanilla única” en la que se pudieran hacer todas las gestiones habituales. Ahora, con el conflicto de los campesinos, han denunciado que para su quehacer diario han de pasar por más de veinte despachos. Por otra parte, no estaría de más modernizar el sistema informático de los centros públicos que los ordenadores de algunos centros son antediluvianos, por no hablar de la justicia que también necesita una profunda reforma tanto en las formas como en los contenidos.

Paralelamente, se realizan grandes obras de dudosa utilidad, como líneas del AVE sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, burocracia excesiva y en muchos de dudosa eficacia.

Todo esto es evidente que no se puede hacer en un día, pero es evidente que a muchos no nos dolería tanto a la hora de retratarnos ante Hacienda, pero son muchos que tienen la sensación que son muchos los que tienen la capacidad de gestión para defraudar al estado con mecanismos de ingeniería financiera, paraísos fiscales, externalizaciones, tráfico de influencias, puertas rotatorias, subvenciones más que dudosas… Es sintomática la frase de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuando afirma que “si empezamos con inspecciones fiscales caen la mitad”. Me gustaría que se explicara un poco mejor.

Entre los que no pagan, los que defraudan y el uso que hace el Gobierno de lo que pagamos los contribuyentes nos tienen contentos. Y encima algunos hablan de bajar impuestos para reducir aún más las prestaciones.

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Pero, un mes más hay que constatar que, incluso con los datos del Gobierno, la cifra de parados en España supera en más de medio millón a los 2.727.003 parados registrados si a esta cifra añadimos los 190.070 que se incluyen bajo el epígrafe de “otros no ocupados”, los 360.751 “con disposición limitada o demanda de empleo específico, y los 11.638 trabajadores que al finalizar el mes estaban en un ERTE. Todos ellos son personas sin trabajo que el Ministerio de Yolanda Díaz no considera parados y que al sumarlos a los registrados elevarían el número total de desempleados a 3.284.824 trabajadores.

A esta cifra habría que añadir los llamados demandantes de empleo con relación laboral, entre los que se incluyen los fijos discontinuos que no están trabajando y que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, estima que superan los 778.000, con lo que el número real de trabajadores inactivos en España superaría ampliamente los cuatro millones de parados.

Y si de los datos de parados pasamos a analizar los de contratación vemos que el número total de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 1.123.488, lo que supone una bajada de 191.607 (-14,57%) sobre el mismo mes del año 2023, es decir ha habido menos contratos con una teórica mayor actividad debida a la Semana Santa.

De este total de contratos, sólo el 44,9% de todos los registrados, 504.893, son indefinidos, lo que supone un descenso de 110.781 (-17,99%) sobre igual mes del año anterior, con el  añadido de que menos de la mitad de estos contratos indefinidos firmados, sólo el 44%  alcanzan una jornada completa de trabajo por lo que, en este mes de mazo no sólo sigue disminuyendo el volumen total de la contratación sino que solo repunta la contratación temporal. Y si no se realizan contratos difícilmente se accederá al empleo ni descenderá el desempleo.

Una realidad que lleva a los responsables del Gabinete de Estudios de USO a preguntarse que “si se han registrado más de medio millón de contratos de trabajo de carácter indefinido en febrero, y más de 1,1 millones en total ¿cómo es posible que, realizándose esta cantidad de contrato no disminuya notablemente el número de parados?». Se están produciendo en la práctica tantas rescisiones de contratos como altas se producen. Se mantiene una alta rotación en el empleo. ¿Cuánto han durado estos más de medio millón contratos indefinidos?: tenemos contratos cerilla que se consumen en muy poco tiempo.

Una evidencia, esta última, que demuestra el hecho de que se han realizado más contratos indefinidos que personas los han suscrito. Son 23.546 los trabajadores que han sido objeto de más de un contrato indefinido. Son contratos que están implementado el pluriempleo y tiene que ver con el incremento de la contratación a tiempo parcial, o bien, con rescisiones de contratos y realización de una nueva contratación, por lo que podemos concluir, que la rotación en el empleo ha llegado a la contratación indefinida que está dejando de ser sinónimo de tener y mantener un empleo estable.

En España, diga lo que diga el Gobierno y vendan lo que vendan sus propagandistas no se crea empleo, se reparte.; lo que explica la caída de la productividad y de las horas trabajadas. Esta es la realidad de nuestro mercado laboral y estos son los logros de las políticas económicas, fiscales y sociales del sanchismo gobernante.

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Uno de esos conceptos que siguen intentando legitimar es la necesidad de acabar con cualquier estructura política que trabaje por la diversidad y por descentralizar esa “Una Grande y Libre” que tanto añoran y que prohibía lenguas e identidades culturales.

El modelo de las comunidades autónomas que tanto molesta a esa parte del electorado que, ya por fin va decayendo, no es un modelo perfecto ni mucho menos y muchas comunidades pueden sentirse desfavorecidas en ese reparto del pastel.

Países con mayor historia democrática que nuestro país, como es Reino Unido, parece que de cierta manera llevan unos lustros intentando crear un modelo de devolución y descentralización que en cierta medida puede parecerse a las comunidades autónomas: las combined authorities (CA).

Las similitudes son numerosas, pero el aspecto principal que ambas conllevan es la descentralización del poder político en un estado plurinacional.

La comparación entre ambos sistemas nos lleva también a un número de competencias que pasan a manos de las regiones y se puede ver cómo tanto en España como en Reino Unido, las competencias compartidas van en áreas como educación, sanidad, transporte y desarrollo económico.

Finalmente, otra similitud es el hecho de que en ambos modelos se establece un gobierno propio: Cada comunidad autónoma y combined authority tiene su propio gobierno, con un parlamento, asamblea o comités y un presidente o alcalde.

El origen de estos modelos es bien diferente y mientras que en España las Comunidades Autónomas son un producto de esa “transición” forzada y traducida en la Constitución española de 1978 como una forma de reconocer la diversidad cultural e histórica de España.

Hay demanda de mayor autonomía en la historia anterior a la dictadura por parte de algunas regiones con una identidad cultural e histórica propia, como Cataluña, País Vasco y Galicia, pero contaba en su contra con un miedo a la fragmentación, ya que algunos sectores temían que la creación de comunidades autónomas pudiera fragilizar la unidad de España.

La descentralización del poder puede mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública… aunque en los últimos años nos ha quedado claro todas las puertas que la opacidad de algunos gobiernos autonómicos pueden abrir a la corrupción.

Las CCAA se supone que se crearon para permitir a los ciudadanos participar de forma más directa en la gestión de sus propios asuntos, pero el problema llega cuando se evidencia que pueden facilitar que los parlamentos regionales sirvan más para servir ciertos fines personales de algunos y algunas lideresas y pasen a utilizarse como el lugar idóneo al que extender las crispaciones en el Congreso de los Diputados… Y no debería ser una tercera cámara en la que discutir decisiones nacionales.

La historia de las Combined Authorities en Reino Unido es mucho más reciente y son organizaciones en pleno desarrollo con diferentes velocidades entre las diferentes regiones donde se establecen. Se crearon en la Ley de Ciudades y Gobiernos Locales de 2011, como una forma de mejorar la eficiencia y la colaboración entre los gobiernos locales en Inglaterra.

A pesar del crecimiento en el número de CAs, en total, hay 39 áreas en el Reino Unido en las que no se crearon y las razones son varias:

Falta de interés: Algunas áreas no han mostrado interés en formar una Combined Authority.

Tamaño pequeño: Algunas áreas son demasiado pequeñas para tener una Combined Authority viable.

Oposición política: En algunas áreas, ha habido oposición política a la formación de una Combined Authority.

El gobierno del Reino Unido ha expresado de todas formas su deseo de que haya Combined Authorities en todas las áreas de Inglaterra que lo deseen.

Es cierto que en la comparación las comunidades autónomas tienen un mayor grado de autonomía que las combined authorities. Tienen su propio estatuto de autonomía, que es una especie de mini-constitución, y pueden legislar en una amplia gama de materias en contraste con las combined authorities con un menor grado de autonomía, sin estatuto de autonomía propio y que además solo pueden legislar en las materias que les han sido delegadas por el gobierno central.

Las comunidades autónomas tienen sus propios sistemas de financiación, que se complementan con las transferencias del gobierno central, mientras que las combined authorities dependen en gran medida de las subvenciones del gobierno central.

Las tres Combined authorities más grandes en Reino Unido y que superan el tamaño de muchas comunidades autónomas en España son Greater Manchester, West Midlands y West Yorkshire y tiene competencias en transporte, educación, economía, salud, vivienda, policía y bomberos y regeneración urbana y en el caso de Manchester cuenta con un presupuesto anual de más de seis mil millones de libras esterlinas.

Manchester y West Yorkshire están en manos de los laboristas y West Midlands en manos de los conservadores y en los tres casos han optado por una cambio en la gestión del transporte público en estas regiones, creando nuevas organizaciones públicas que gestionan todas las rutas de transportes con un gran impacto en la política de costes para la ciudadanía y la reducción de impacto medioambiental.

Una encuesta realizada en 2023 en Reino Unido encontró que el 52% de los encuestados en las áreas con Combined Authorities tenían una opinión favorable de ellas y el 38% de los encuestados en las áreas sin Combined Authorities tenían una opinión favorable de ellas.

Las principales razones por las que las personas tienen una opinión favorable son la creencia de que las Combined Authorities pueden mejorar la economía local, pueden mejorar el transporte público o pueden dar a las comunidades locales una voz más fuerte.

Las principales razones por las que las personas tienen una opinión desfavorable de las Combined Authorities son la creencia de que pueden ser una forma de centralización del poder, conducirán a la pérdida de la identidad local o no son responsables ante el público.

Quizás las CCAA no son perfectas, pero parecen que en otros países de nuestro entorno están planteándose que quizás la descentralización que estas ofrecen permiten una serie de beneficios que la política actual no nos ofrece… Con más poder de decisión cerca de la ciudadanía, pero siempre y cuando se vote teniendo en cuenta meramente la perspectiva regional.

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