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Pero, pese a lo llamativo de este apunte, lo más preocupante y distorsionador de la situación real de nuestro mercado laboral es que en junio oculta 1.332.065 parados reales y que no aparecen en el dato de paro registrado facilitado por los Servicios Públicos de Empleo. Cifra que resulta de sumar a los 2.291.982 parados registrados por el SEPE, otros 411.286 con disposición limitada, 196.457 clasificados como “otros no ocupados”, los 9.322 afectados por ERTES y, los fijos discontinuos inactivos que estarían por encima de los 715.000.

Añadir a esto que, como se ha señalado ya por los analistas y organismos independientes el número de desempleados registrados en junio, ha bajado en 28.739 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un 1,24%, una cifra inferior a mayo cuando el descenso fue del 1,54%., en un mes afectado de manera directa por la estacionalidad propia del periodo estival, el periodo vacacional y las actividades vinculadas al turismo.

Como apunta desde el Gabinete de Estudios de USO, es un mes de junio peor que el de 2025 en el que el desempleo bajó en 48.920 personas en relación con el mes anterior, y es la menor bajada del paro desde 2015, con la excepción de 2020 y 2021 años afectados por la pandemia. Mientras que respecto a junio de 2025 el paro interanual ha descendido en 113.981 personas (-4,74%) un punto porcentual menos que hace un año (-5,47%) y en términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 185 personas.

Y si de las cifras de desempleo pasamos a las de contratación vemos que el número total de contratos registrados en junio ha sido de 1.649.394 que suponen una subida de 152.721 un 10,20% sobre el mismo mes del año 2025. Por su parte, la contratación acumulada en los seis primeros meses de 2026 ha alcanzado una cifra de 7.825.030, lo que supone 379.644 contratos más, el 5,10%, que en igual periodo del año anterior. De este total de contratos 683.861 han sido de carácter indefinido, el 41,46%, y a la vista de ello la pregunta es inevitable: ¿cómo si se han formalizado casi 700.000 contratos indefinidos el paro sólo baja   en poco más de 28.000 personas? O como se cuestionan desde USO ¿Dónde están las personas objeto de estos contratos? ¿Cuánto duran? ¿Son los contratos cerilla, contratos indefinidos de corta, cortísima duración? Lo cierto es que se han realizado más contratos indefinidos que personas los han suscrito, 36.011 de ellas han sido objeto de más de un contrato indefinido. Son contratos que están implementado el pluriempleo y tiene que ver con el incremento de la contratación a tiempo parcial, o bien, con rescisiones de contratos y realización de una nueva contratación.

Probablemente, esto explica el aumento de los demandantes de empleo ocupados, incesante desde la entrada en vigor de la reforma laboral de Yolanda Díaz y que en junio superó los 4,15 millones de personas, o que las altas en la prestación por desempleo superen mes a mes el medio millón de solicitantes cuando en teoría baja el paro.

Y en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social -recordar una vez más que los datos del SEPE cuentan afiliaciones no afiliados- en magnitudes acumuladas del primer semestre de 2026 el incremento de la afiliación ha sido de 621.925.  Un dato mayor que el realizado en 12 meses, lo que implica que para conseguir este dato semestral de “récord” se ha realizado 7.825.030 contratos, es decir se ha realizado un promedio de 12,6 contratos por afiliado en los seis primeros meses del año.

Esta es la realidad de nuestro mercado laboral. Un mercado infectado de precariedad, inseguridad, temporalidad y bajos salarios donde la rotación en el empleo ha llegado a la contratación indefinida que está dejando de ser sinónimo de tener un empleo estable.

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En realidad, solo los ultras tenían hasta ahora el valor —o la deshonra— de menospreciar los efectos reparadores de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Además de no haber presentado jamás una propuesta en sus programas electorales que pusiera el foco en la diáspora, ahora se han atrevido a amenazarnos con intentar impedir que votemos.

Ni proponen ni nos escuchan y ahora nos quieren callar.

Esta banda —ya que no me atrevería a denominarla partido político— cada día se supera en el nivel de estulticia que profesa. No son los lápices más afilados y lo sabemos, pero el espectáculo que han montado, solicitando a la Junta Electoral Central que prive a los españoles residentes en el extranjero del derecho a votar por correo, es una prueba más de su catálogo de política de barra de bar.

A la “prioridad nacional”, nacional escrita con z, ahora añaden un ataque frontal a una ciudadanía que en muchos casos fue expulsada de nuestro país por razones económicas y políticas y que, en vez de recibir el agradecimiento del partido de Santiago Abascal por las décadas de remesas o la despresurización del mercado laboral tras la crisis de 2008, recibe propuestas pueriles enfocadas a negar nuestra participación en la vida política de España.

Son antiinmigrantes y ahora vuelve a quedar patente que son claramente anti emigrantes también.

El peso del voto exterior es, por desgracia, menos importante de lo que debería, y su bravuconada no les va a costar lo que debería. Pero, tras haber estado desde 2011 forzados a rogar el voto, no estamos dispuestos a que vuelvan a cercenar nuestras posibilidades de participación en los futuros procesos electorales.

Los bullies nunca deberían haber entrado en nuestro Congreso y Senado, y es importante asegurarnos de que desde el exterior no se apoyen sus actitudes y propuestas que buscan quitarnos de en medio.

Esta polémica la ha comenzado VOX siguiendo la estela marcada por Alberto Núñez Feijóo y por Isabel Díaz Ayuso, que se han despachado en los dos últimos días con una serie de elucubraciones, polémicas infundadas e incluso exigencias y amenazas a nuestro cuerpo diplomático.

Los diplomáticos ya se han defendido, y la duda sobre su honorabilidad no le ha salido gratis a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Algunas de las dudas que sembraron fueron en relación con la Ley de Memoria Democrática y los efectos de la disposición adicional en la recuperación de la nacionalidad por parte de descendientes.

Cada una de las personas que ha solicitado recuperar la nacionalidad a través de este proceso, desde octubre de 2022 hasta la finalización en octubre de 2025, ha tenido que demostrar que sus progenitores o abuelos fueron españoles de origen… proceso parecido al que sucede en los países de nuestro entorno, pero sin límites temporales.

Lo irregular en el caso de España es que el acceso a la nacionalidad de los descendientes no se soluciona de manera permanente por parte de ningún partido, por mucho que en sus programas o viajes por Latinoamérica sigan prometiéndolo.

Hay una solución evidente y clara encima de la mesa, y desde el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ya se ha presentado tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado: una reforma del Código Civil en materia de nacionalidad. Esta propuesta evitaría seguir presentando parches temporales como fueron la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la LMD de 2022 y nos evitaríamos polémicas absurdas por el acceso a un derecho que debería ser reconocido por un código civil que necesita ser actualizado.

A pesar de lo escuchado en los últimos días, no olvidemos que el Partido Popular, en la propuesta 344 de uno de sus programas electorales, dice:

“La comunidad de descendientes de españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada. Para atender esta demanda también se hace necesario el refuerzo de los Consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad.”

Sorprende la utilización de la nacionalidad ahora en sentido contrario y como un constructo de “ingeniería electoral”.

El programa nos sorprende, pero aún más nos sorprende recordar aquellos tiempos no tan lejanos en los que Alberto Núñez Feijóo, paseando por Buenos Aires, hablaba de su intención de solucionar el problema de la nacionalidad de los descendientes y solo parecía mostrar pegas al parche temporal de la LMD por sus formas, pero no por su contenido.

Ha cambiado el discurso radicalmente, y el problema de la nacionalidad que antes necesitaba solución ahora es una estrategia para ganar votos. Justamente los votos que algunos partidos van a pescar en los caladeros de América Latina cada vez que se acercan elecciones, utilizando sus redes en asociaciones y federaciones, con gastos que nunca se realizan en territorio europeo, donde no logran los beneficios que sí logran al otro lado del charco.

Desde el exterior estamos bastante hartos de que se nos utilice con fines electoralistas y de que se nos amenace, más aún cuando se está poniendo encima de la mesa recortar la esperanza de recuperación de la nacionalidad española a los cientos de miles de españoles que tardarán aún unos años en resolver sus peticiones por el cuello de botella y la falta de recursos en los consulados generales.

¿Queda alguna duda de qué haría VOX en el gobierno en relación con la tramitación de nacionalidades por la LMD? ¿Hay algún iluso que crea que se mantendrían las plantillas encargadas de intentar agilizar este proceso y se trabajaría por mejorar los sistemas?

Queda claro que, al parecer, el voto de unos españoles vale más que el de otros, y aun a sabiendas de que la petición de VOX no tiene recorrido, no vamos a estar callados.

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Cierto es que la palabra de Pedro tiene menos valor que un billete de Monopoly y que es especialista consumado en los cambios de opinión, pero hoy todo apunta a que las elecciones generales serán en marzo. Es una exigencia del PNV para seguir sosteniendo al Gobierno estos meses que han aceptado en La Moncloa. Porque los nacionalistas vascos no quieren bajo ningún concepto un superdomingo electoral que tendría derivadas muy perjudiciales para sus candidatos en las municipales por sus apoyos al sanchismo. Al tiempo que una salida del Gobierno de Pedro Sánchez en marzo puede rebajar el voto de castigo a los candidatos socialistas en mayo, especialmente en Castilla-La Mancha.

Además, Sánchez ha dejado la puerta abierta a un adelanto “técnico» de unos meses en el caso de que el Congreso diera la espalda a sus hipotéticos Presupuestos del Estado y necesita también adelantar los comicios para no coincidir con el juicio de su mujer y para repetir como candidato para seguir aforado. Sabe que si le imputan y el Congreso niega el suplicatorio decae todo el proceso y hasta marzo tiene tiempo también para culminar el proceso de la regularización extraordinaria de inmigrantes y la polémica “ley de nietos” que podrían adulterar el censo electoral en torno a dos millones más de nuevos votantes que Sánchez considera afines al PSOE.

De hecho, el Gobierno de Sánchez se ha negado a entregar los informes sobre el impacto de la regularización masiva en el censo electoral lo que para los analistas políticos y la oposición parlamentaria supone una nueva confirmación del propósito electoral de dicha regularización. Una operación que alteraría los resultados de los comicios, o lo que es lo mismo, la sospecha de pucherazos en masa que permitirían cambiar por la fuerza el resultado de las urnas.

Una regularización extraordinaria de inmigrantes que, en contra de los mensajes torticeros del Gobierno apenas tendrá impacto sobre la financiación futura de las pensiones. En concreto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que esta medida apenas tendrá impacto sobre la economía española y aportará únicamente 0,03 puntos del PIB en ingresos por cotizaciones en promedio entre 2022 y 2050, con el añadido de que desde la CEOE denuncian que el diseño de la norma genera inseguridad jurídica para las empresas ya que no disponen de mecanismos que les permitan conocer si al trabajador se le ha denegado o no la regularización definitiva.

Y una atribución imprudente de nacionalidades de la Ley de Memoria a hijos y nietos de exiliados que ni conocen España y muchos tampoco tienen interés de conocer y que en se ha convertido en un problema para la democracia española. Con el agravante de que la empresa elegida para la nacionalización masiva en Argentina ha sido Ineco, la empresa pública que enchufó a Jésica, la “sobrina” de Ábalos, y que ha pasado de ser une ingeniería tradicional a la tecnológica de cabecera del sanchismo gobernante.

Con un presidente del Gobierno que plagió su tesis doctoral, al que pillaron cambiando la urna de las votaciones en el comité federal de su partido, que ha sido denunciado por amañar, junto a la banda del Peugeot, con votos falsos las primarias que ganó a Susana Díaz en 2017, acorralado por los casos de corrupción en su entorno familiar y político, humillado ante el chantaje permanente de sus socios enemigos de España, que presume de gobernar sin el Parlamento, que se ha dedicado a colonizar las instituciones democráticas y que desprecia la libertad de prensa y la independencia judicial, nada es descartable. Los antecedentes le avalan y no son, precisamente, tranquilizadores.

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Nadie podrá negar que la vivienda se ha convertido en nuestros días en un factor de exclusión y pobreza muy importante. El empleo que tenías, en función de formación que habías adquirido, pesaba mucho en tu integración social. Sin embargo, hoy, cuando vivimos la precarización generalizada del empleo y el deterioro de los salarios, no parece pesar tanto.

La brecha digital ha aparecido más recientemente como factor esencial para la inclusión social, sobre todo porque el acceso a empleos y servicios variará en función de tus habilidades digitales. Una ayuda, un empleo, muchas compras, son tan sólo accesibles si no soportas una brecha digital importante.

Muchos usuarios de servicios sociales, demandantes de empleo, o de ayudas se han especializado en trámites burocráticos concretos, otros compran esos servicios a terceros a cambio de dinero, o de favores y algunos renuncian a las ayudas con tal de no enfrentarse al infierno de las pantallas y de los clics.

La pandemia puso de relieve que eso de las clases online comportó serias dificultades para algunas familias pobres. Los docentes y los compañeros hicieron todo lo posible para rellenar esa brecha y, en muchos momentos lo consiguieron, a base de distribuir dispositivos y redoblar esfuerzos, pero no siempre fue posible, entre otras cosas porque el entorno familiar desconoce el mundo digital, a excepción de cuatro servicios básicos.

El fracaso escolar y la brecha digital se encuentran íntimamente relacionados, hasta el punto de que hasta dos tercios de los alumnos que no superan curso, que fracasan en sus estudios, no cuentan con dispositivos, formación digital, o conectividad asegurada en sus viviendas.

Y todo lo que puede empeorar terminará empeorando si no hacemos nada. La brecha digital se configurará como un tajo que separa a los que están dentro de los que están fuera. Hace poco carecían de información, ahora carecen de instrumentos digitales esenciales para acceder a bienes y servicios.

Una brecha que se agranda cuando pierdes oportunidades de empleo, o no reúnes las condiciones de conectividad necesarias para teletrabajar. No tienes trabajo, no tienes ingresos. Entras en el circuito de los sistemas de protección social y sus redes públicas, privadas, semipúblicas, semiprivadas, de cooperación público-privada, del tercer sector. Cuando tu situación se cronifica pasas a ser cliente permanente del Ingreso Mínimo Vital (IMV), o de las rentas mínimas en extinción de las comunidades autónomas.

Es cierto que el acceso a las administraciones de forma telemática facilita algo el acceso de quienes tienen, por ejemplo, dificultades de movilidad, pero también lo es que quienes no disponen de dispositivos digitales, o de formación para utilizarlos, o de accesibilidad a la conectividad necesaria, terminan embarullados e imposibilitados para acceder. Basta ver las diferencias entre plataformas de servicios, su diseño, sus lenguajes de acceso. Así tenemos a un buen número de personas intentando infructuosamente clickar, encontrar la URL, abrir un menú desplegable, insertar archivos adjuntos, o encontrar la dichosa barra de direcciones.

El problema se produce cuando una familia acogotada por la falta de empleo, problemas de alquiler, impago de suministros básicos, se enfrenta a la tgra Mitación de una nueva prestación como el IMV, o a otro tipo de ayudas del Ayuntamiento, la Comunidad, o el Estado. En este caso entre el 30% y el 50% de los solicitantes se ven obligados a abandonar el trámite sin cumplimentarlo.

Hasta aquí los problemas económicos y sociales a los que se enfrentan las personas incapaces de superar la brecha digital. Son personas que no afrontan en las mismas condiciones las relaciones personales, la comunicación con amigos, o familiares que viven lejos. Personas que viven más intensamente la soledad, el aislamiento, la imposibilidad de expresar sus emociones.

Ahí se encuentra una parte mayor, o menor, pero importante, de los trastornos psíquicos, de los problemas de salud mental que atenazan a nuestra sociedad.

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Y esto lo dice el presidente de un gobierno que lleva tres años consecutivos incumpliendo el mandato constitucional de presentar los Presupuestos del Estado. Un presidente incapacitado para gobernar, sometido al chantaje permanente de sus socios parlamentarios independentistas y enemigos de España, que ha perdido todas las elecciones celebradas desde 2023, y que en los tres años que llevamos de legislatura sólo ha conseguido aprobar 19 leyes, el ratio más bajo de toda la democracia.

Ese es su sentido de la estabilidad. Porque si hablamos de los logros, el inventario es tan calamitoso como adverso. Con el sanchismo gobernante y la complicidad de sus socios de la Frankestein, los españoles pagamos los impuestos más altos de la historia y tenemos los peores servicios de la historia. Ahí están el caos ferroviario, las carreteras infames, el apagón histórico, las listas de espera sanitarias o los pésimos resultados de nuestros escolares en las estadísticas internacionales.

Todo un asalto a los bolsillos de los españoles que ya soportamos un esfuerzo fiscal un 17,8% superior a la media de nuestros socios europeos y que desde que gobierna Pedro Sánchez han pasado de aportar una media de 4.157 euros en 2017 a 6.573 euros en 2025, lo que suponen 2.416 euros más por persona, un incremento del 58,1%.

Y, a pesar de ese máximo histórico en ingresos tributarios de 325.356 millones de euros en términos de caja en 2025 con un incremento interanual del 10,4%, las cuentas públicas de España siguen en números rojos. Con el añadido de que la política fiscal confiscatoria y abusiva de este gobierno está desencadenando el empobrecimiento de las clases medias, que en este país hay más de millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión de los que 4,3 millones está en situación de exclusión severa. Y que España es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más capacidad de compra ha perdido en los últimos años.

Que con más de 3,7 millones de parados reales tenemos un mercado laboral contaminado por la precariedad y la rotación en el empleo hasta el punto de que en la España del sanchismo tener un trabajo fijo ha dejado de ser sinónimo de tener un empleo estable y poder llegar a fin de mes. A lo que hay que añadir unos precios de la vivienda inasumibles para la mayoría de la población, una inflación desmesurada, el deterioro de los servicios y unos impuestos de usura que revelan, el fracaso de las políticas económicas y sociales del gobierno.

España lidera también el ranking de la OCDE entre los países en los que más ha subido la deuda pública cerrando el año 2025 con un nuevo récord histórico anual de deuda que se elevó hasta los 1,698 billones de euros, 77.652 millones que en el año precedente. Como explican la teoría y la lógica económica la crisis de deuda y déficit es el fracaso de un modelo económico en el que el Estado adquiere un tamaño desmesurado que termina por lastrar la economía y la libertad individual.

Toda una muestra de dejación e ineficacia en un país donde el PIB per cápita, indicador que introduce el factor población en la ecuación y mide la riqueza por habitante, está en 32. 630 euros por habitante, un 25% por debajo de los 43.310 euros por habitante de media en la eurozona, con datos de la oficina de estadísticas de la Comisión Europea, Eurostat. Con el añadido de que las inversiones de empresas nacionales se encuentran bajo mínimos, sólo un 4,8% por encima de 2019, a pesar del contexto favorable en tipos de interés y acceso al crédito, al tiempo que la inversión extranjera se desploma más de un 60% después de caer un 24% en 2024.

Estos son los logros de los que presumen Sánchez. Un personaje tóxico que arruina todo lo que toca. Y lo más graves es que anuncia que “en esa tarea vamos a continuar”. ¡Que nos pille confesados!

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Pero una vez más, los rectores del BCE aplican un remedio que no sólo puede ser peor que la propia enfermedad, sino que amenaza con estrangular el crecimiento de las economías europeas cuando estamos todavía en una fase de incipiente recuperación. Porque lo que parece obviar, es que el problema de la inflación actual no es consecuencia de un exceso de demanda sino del petróleo. Estamos ante una inflación de guerra derivada de que Europa no es autosuficiente en fuentes y suministros de energía.

Con estas premisas y en el actual contexto, una subida de los tipos de interés para contener el crecimiento de los precios que, si funciona en situaciones de normalidad, puede ser no sólo contraproducente sino decisivamente adversa en una coyuntura de conflicto armado. La subida de los intereses funciona cuando actúa como freno del consumo, pero la inflación que estamos padeciendo como consecuencia de la guerra de Irán, es una inflación de oferta.

Es decir, los precios no suben por un crecimiento del consumo, al contrario. Los precios suben porque suben los costes de producción y de transporte. Y en este contexto aumentar los tipos de interés sólo contribuye a acentuar aún más la contracción del consumo y la inversión derivados de la deriva inflacionaria y de la incertidumbre ocasionando una recesión e incluso el colapso de la economía.

Eso, además del impacto sobre las hipotecas que afecta especialmente a las de interés variable que les toque revisión. En concreto los expertos apuntan a que una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años y a un interés de euríbor más un punto de diferencial pagaba con el euríbor de mayo de 2025 una cuota media mensual de 717,65 euros con el euríbor de mayo de 2025 que se elevara hasta 775,61 con la subida ahora aprobada, es decir 58 euros más.

Lo aconsejable y conveniente en circunstancias de enfrentamiento bélico como las actuales es fomentar la actividad económica contrarrestando el aumento de los precios con medidas fiscales y de apoyo a las empresas y familias que contribuyan a frenar la progresión de los costes para evitar que las subidas se trasladen al consumo.

Así, la propia Comisión Europea ha pedido ya a los estados miembros reducir los impuestos de la electricidad al mínimo legal para aliviar la factura de los hogares y la industria, además de impulsar inversiones superiores a 900 millones de euros en redes, renovables y energía nuclear. Medidas como rebajar la fiscalidad sobre los carburantes cuando más de la mitad del precio final de las gasolinas y gasóleos son impuestos, reducir o eliminar el gravamen de generación eléctrica o deflactar la inflación se antojan soluciones necesarias y sensatas en situaciones de inflación de oferta.

Algo de lo que aquí, con este gobierno caracterizado por su voracidad fiscal e infectado de una fiebre antinuclear que le mantiene en el empeño de cerrar unas centrales que suministran energía limpia y barata y han demostrado su seguridad y su eficacia como reguladores del sistema, ni se enteran ni quieren enterarse.

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