La intervención del Banco de Valencia era cosa esperada desde hace unas semanas. La inspección del Banco de España había detectado un problema de solvencia en la medida en que los recursos propios de la entidad no cumplían los requisitos mínimos exigidos para una entidad cotizada; problema que, al hacerse público, provocó una crisis adicional de liquidez de la entidad al que tampoco han podido hacer frente.

Inicialmente, los administradores del Banco de Valencia, participado en un 27% por BFA (matriz de Bankia) y con poder de nombramiento de los administradores de la entidad, dijeron al Banco de España que iban a intentar obtener los recursos necesarios para hacer frente a los dos problemas detectados. Hace una semana, la agencia Moody’s hizo saber que iba a bajar la calificación de la deuda del Banco de Valencia hasta el nivel el bono basura, lo que implicaba que prácticamente ninguna entidad financiera iba a seguir prestando fondos al banco y que quien lo hiciera pediría una remuneración imposible de recuperar por parte del Banco de Valencia.

Los accionistas principales del banco, BFA-Bankia y algunas de las principales familias de empresarios de la Comunidad Valenciana, dejaron claro prácticamente desde el principio que su nuevo apoyo a la entidad sería o mínimo o nulo. En Bankia, presidida por Rodrigo Rato, se señaló que la participación en el Valencia era ‘financiera’ y que, como mucho estaban dispuestos a acudir a la ampliación en estudio en la proporción que les tocaba. Los demás accionistas parece que señalaron que no iban a acudir a la ampliación.

En estas condiciones, los administradores del Banco de Valencia negociaron con la agencia de calificación un aplazamiento en la notificación de la bajada de la calificación, al tiempo que pedían a la CNMV una prórroga para hacer públicas las cuentas de resultados del tercer trimestre. Moody’s habría dicho que si y el plazo terminaba el martes 22. Y de hecho el Banco de Valencia no publicó sus cuentas de resultados en tiempo. Los argumentos que utilizaron fueron por una parte que al haber elecciones legislativas una posible intervención podía ser interpretada en clave política y por otra que preferían que el Banco de España acabara la inspección para publicar unas cuentas congruentes con dicha inspección.

Este lunes, los administradores del Banco de Valencia han comunicado al Banco de España la imposibilidad que tenía la entidad para hacer frente a los problemas, acuciantes, de liquidez y que tampoco iba a poder solucionar los de solvencia planteados. Por ello, terminaban, solicitaban la intervención del FROB como está estipulado.

El FROB ha entrado en el Banco de Valencia tomando tres medidas: el cese inmediato de sus administradores, que han sido sustituidos por tres técnicos del FROB; una ampliación provisional de capital por valor de 1.000 millones de euros suscrita íntegramente por el FROB y que es una primera aproximación a las previsibles necesidades de capital que tendrá el banco cuando se conozca completamente su situación, y la apertura de una línea de liquidez de 2.000 millones de euros para hacer frente a los vencimientos inmediatos que pueda tener el banco y a la salida de depósitos que, previsiblemente, se ha debido venir produciendo en las últimas semanas.

A partir de ahora el FROB estudiará la situación real de la entidad, completando el alcance de la inspección llevada a cabo por el Banco de España, a través de la contratación de una empresa auditora que le presentará un informe sobre la sanidad de la entidad. Lo habitual en los anteriores casos ocurridos (Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, CAM…) es que este informe destape una situación peor incluso que la detectada por el Banco de España. Con el informe, tres bancos de negocios establecerán un precio al que podría ser vendida la entidad, bien a los accionistas actuales bien a terceros.

Como no se conoce la situación real de la entidad, lo que se ha decidido ahora es proporcionar los recursos necesarios para que el banco pueda seguir funcionando. Y por ahora ninguno de los accionistas pierde el capital invertido ya que éste formalmente sigue en el pasivo del banco. Otra cosa será cuando se acaben los análisis y se fije un precio de los activos del banco porque en ese momento, con toda seguridad dadas las experiencias anteriores, será el momento en el que se vea con claridad que los activos valen bastante menos del precio al que figuren en balance y por lo tanto haya que hacer un ajuste patrimonial para equilibrar el balance.

A la vista de las cantidades manejadas como iniciales por el FROB, 1.000 millones de euros de capital y 2.000 millones de línea de liquidez, es prácticamente seguro que la gran mayoría del capital actualmente desembolsado por los accionistas se deberá destinar a enjuagar pérdidas y por lo tanto que los titulares de las acciones lo verán reducirse prácticamente a cero. Otra cosa es, contablemente, como repercutirá en cada uno de los accionistas y eso depende de cómo lo tengan valorado en sus balances respectivos.