El secretario de acción sindical de CCOO, Ramón Górriz, ha afirmado este lunes que el número de trabajadores pendientes de sus convenios colectivos por el vencimiento, hoy, del plazo de un año dado a la ‘ultraactividad’ en la reforma laboral se ha reducido en los últimos cinco días desde 1,8 millones a 1,3 millones tras haberse firmado en este periodo acuerdos y prórrogas de convenios con efectos sobre entre 400.000 y 500.000 empleados.

Górriz ha considerado esto una «buena noticia» y aunque cree que el impulso que se ha dado a la negociación en los últimos tiempos ha sido importante, «se tiene que hacer mucho más».

Sin embargo, al dirigente sindical le parece «irresponsable» que haya sectores empresariales que se planteen dejar decaer convenios colectivos teniendo en cuenta los efectos que tendría el recorte de la renta de los trabajadores sobre el consumo y la recaudación de IRPF. «Significaría más recesión», ha advertido.

No obstante, ha reconocido que «son pocos» los empresarios que están optando por hacer decaer los convenios, si bien ha precisado que entre ellos se encuentran las patronales del País Vasco (comunidad donde 300.000 trabajadores están pendientes de su convenio) o el convenio de Candy, que afecta a 200.000 trabajadores.

Górriz ha informado además de que Telemadrid ha comunicado al comité de empresa que a partir de hoy aplicará el Estatuto de los Trabajadores y los complementos ‘ad persona’.

Entre las buenas noticias de los últimos días, el representante sindical ha mencionado la firma del convenio de empresas de ocio educativo, que afecta a 25.000 trabajadores; el acuerdo sobre el convenio regional del transporte en Castilla y León (2.000 trabajadores), el convenio del metal de Navarra (2.500 trabajadores) y el del transporte en Albacete (4.000 trabajadores).

La Generalitat aconseja acudir a los juzgados

Mientras tanto, un total de 14 convenios sectoriales han decaído este lunes en Cataluña después de cumplirse la prórroga de un año en la ‘ultraactividad’ fijada por la reforma laboral, afectando a unos 75.000 trabajadores, 33.000 de ellos del transporte de mercancías por carretera de Barcelona, y unos 40.000 de la Red Hospitalaria de Utilización Pública –XHUP, por sus siglas en catalán–.

El secretario de Empleo y Relaciones Laborales, Ramón Bonastre, ha reconocido, el marco normativo no deja claro en qué situación quedan los 75.000 trabajadores, a quienes les ha dado tres consejos: «forzar» la adhesión de su sector al protocolo de prórroga de la’ ultraactividad’ firmado entre sindicatos, patronales y Generalitat; preguntar al Consejo Laboral si hay un convenio superior aplicable, y en última instancia, acudir a la vía judicial.

El secretario de Empleo ha querido lanzar un mensaje de «tranquilidad» al afirmar que no existe ningún automatismo que haga perder los derechos laborales, y ha afirmado que habrá que analizar caso por caso, pues hay contratos que tienen incorporadas condiciones concretas, y en otros, los afectados quedan amparados por un convenio superior.

«En ningún caso» se quedan «desprotegidos», según Báñez

Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que, en el caso de que alguno se quede «bloqueado», los trabajadores «en ningún caso» se quedarán «desprotegidos» porque tienen un convenio de ámbito superior.

La ministra ha dicho además que tiene «muchísima confianza» y está «segura» de que empresarios y trabajadores van a «encontrar soluciones en el ámbito de la negociación» para cerrar los convenios colectivos pendientes.

Así lo ha afirmado este lunes en Santander la ministra, quien ha señalado que los trabajadores y los empresarios «tienen tiempo de seguir negociando» y cerrando acuerdos a lo largo de hoy y «tienen que hacer el esfuerzo de redoblar esa negociación y cerrar los acuerdos pendientes y, con responsabilidad, tomar decisiones». Además, ha apuntado que este mismo lunes «las partes pueden pactar seguir negociando».

Por su parte, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha anunciado que el sindicato buscará «la mayor conflictividad posible» en las empresas si no se cumplen los convenios colectivos, lo que, a su juicio, supondrá «una agresión» a los derechos de los trabajadores, porque «siguen vigentes hasta que haya una decisión democrática que indique lo contrario».

Etxaide ha acusado a Confebask, Cebek, Adegi y SEA de estar «saboteando» la consecución de acuerdos que permitan superar la actual coyuntura de crisis.