La reforma de las pensiones pasó hoy como un rayo por el Consejo de Ministros. El hecho de que afecte a pensionistas actuales y futuros, y que suponga eliminar su vinculación directa con el IPC en la escala anual de subidas, apenas mereció preguntas por parte de los periodistas tras la aprobación del anteproyecto de ley que recoge la reforma. La cuestión catalana eclipsó este primer paso en la tramitación de la norma, aunque no menos que la confusa vía elegida por el Gobierno, que inició a la vez la negociación con los agentes sociales y que pretende tener la norma en vigor antes del fin de año.

La aprobación del anteproyecto de ley acerca la introducción del factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones. Esta fórmula está destinada a rebajar la pensión inicial conforme aumenta la esperanza de vida. Pero sobre todo, el proyecto supone el principio del fin de la estrecha ligazón que une en la actualidad las subidas de las pensiones con los precios medidos por el Índice de Precios de Consumo (IPC). Según los sindicatos, que han pedido la retirada de la norma, la reforma supondrá una fuerte pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.

En su lugar, el Gobierno propone un índice de revalorización anual que tenga en cuenta no solo los precios, sino también los ingresos y gastos de la Seguridad Social así como sus déficit estructurales a tener en cuenta en un período de once años.

El nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medidas de once ejercicios para modular los datos y evitar cambios bruscos en el sistema. Además, aplicará un suelo del 0,25 por ciento y un techo del IPC más el 0,25 por ciento, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores.

Según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el nuevo índice es «más completo y global», ya que tiene en cuenta la inflación, pero también la situación económica del país en cada momento. «La propuesta es que las pensiones no se congelen nunca y que suban siempre en función de las circunstancias económicas y de lo que el país se pueda permitir», ha señalado Báñez, tras destacar además que se elimina la discrecionalidad política y se garantiza la racionalidad en el sistema, informa Europa Press.

Confusa tramitación

A la misma hora que el Consejo de Ministros aprobaba el texto, que puede ser modificado durante su tramitación parlamentaria, el Ejecutivo presentó a los sindicatos y empresarios su propuesta en una reunión a la acudieron el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, y los representantes de los sindicatos UGT, Carmen López, y CCOO, Carlos Bravo; y de las patronales CEOE, Marina Gordon, y Cepyme, Teresa Díaz de Terán.

Tras la reunión, los sindicatos exigieron al Gobierno la retirada del proyecto. Según la representante de UGT, Carmen López, los pensionistas sufrirán una pérdida de poder adquisitivo de entre un 20 y un 28 por ciento en caso de que el Ejecutivo mantenga en los términos actuales su propuesta.

Por su parte, CCOO estima que la reforma del Gobierno acarreará a los pensionistas una pérdida de entre el 14 y el 28 por ciento del poder adquisitivo en quince años.

Además, las centrales han mostrado su descontento por el procedimiento empleado por el Gobierno en la tramitación de estos cambios. “Es la primera vez que los agentes sociales desconocemos lo que está aprobando el Consejo de Ministros”, ha advertido López.

El Gobierno buscará financiación alternativa, según los sindicatos

Según fuentes sindicales, el Gobierno se ha mostrado proclive en la reunión a buscar fuentes alternativas de ingresos para la Seguridad Social. De este modo se compensarían los efectos de las fórmulas que ligan las pensiones a la demografía y a la situación económica, ha admitido el secretario de Estado, según las mismas fuentes, que opinan que el Gobierno reconoce así ímplicitamente que la reforma reducirá el poder de compra de los pensionistas.

El Ejecutivo viene defendiendo que la reforma elimina interferencias políticas en la evolución de las pensiones. Sin embargo, según fuentes sindicales, el responsable de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha admitido que el mecanismo elegido no elimina la discrecionalidad sino que deja en manos de los políticos distintas decisiones, es decir, no aleja al sistema de pensiones de decisiones políticas.

Las mismas fuentes indican que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a cambiar algunos aspectos técnicos de la fórmula del factor de sostenibilidad. En concreto, el Ejecutivo se inclina a cambiar el multiplicador que aumenta o reduce la cuantía de la pensión en función de la situación de las cuentas de la Seguridad Social; es decir, si hay superávit o déficit.

Propuesta de CEOE y críticas sindicales

Previamente, los empresarios han respaldado la intención del Gobierno de desligar las pensiones de la evolución de los precios, ha destacado el secretario general de CEOE, José María Lacasa. Según ha informado, la propuesta de CEOE pasa por vincular la evolución del importe de las pensiones con diversos factores, como la esperanza de vida, la ratio entre cotizantes y perceptores, y la evolución de la economía, destacó Lacasa.

Por su parte, los sindicatos han insistido en pedir al Gobierno que retire la reforma y han mostrado además su enfado por el procedimiento empleado en la negociación de esta reforma. Así, las centrales han criticado la premura con el Ejecutivo está abordando la tramitación de una norma que quiere tener aprobada antes del 31 de diciembre. La aprobación del anteproyecto este viernes por el Consejo de Ministros continuará con la remisión del texto legal al Consejo Económico y Social (CES) para que emita su dictamen.

CCOO y UGT defienden que el sistema de pensiones tiene solo un problema coyuntural y han acusado hoy al Gobierno de aprovechar la crisis económica para aplicar cambios de calado en el sistema. Por su parte, CCOO ha insistido en pedir al Ejecutivo que busque financiación adicional para el sistema de pensiones, y ha pedido que se eleven dos puntos las cotizaciones a la Seguridad Social.