El líder de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, admitió que existen “indicios” de una “trama” de cobro de comisiones en el caso de los ERE de Andalucía investigado por la juez Alaya. Sin embargo, Toxo exculpó al sindicato, acusó a la Junta andaluza por la “chapuza administrativa” y, tras admitir “comportamientos reprobables” en su organización, anunció que solo respaldará a cinco de los diez imputados entre los que tienen distinta vinculación con la central en el proceso judicial que se sigue en Sevilla.

 El caso de los ERE investigado por la juez Mercedes Alaya escribió este jueves un nuevo episodio. El líder de CCCOO, una de las centrales, junto con UGT, investigadas por el supuesto cobro de comisiones millonarias, admitió la existencia de “indicios” que demuestran que hubo una “trama” dedicada a expoliar los fondos públicos en principio destinados a indemnizar por despido a los trabajadores inmersos en uno de estos expedientes de regulación de empleo (ERE).

 Toxo anunció que el sindicato abrirá expediente a dos militantes de la organización; en concreto, a Francisco González y Francisco Casado. Del resto de los diez imputados que Alaya vincula a la organización sindical, el líder de CCOO afirmó que dos de ellos han dejado de militar en la organización, en concreto Damián Jiménez y José Manuel Casado; mientras que un tercero, Cristóbal Martínez, nunca ha sido afiliado del sindicato, dijo.

 Una “chapuza” de la Junta

 A continuación, el líder de CCOO culpó a la Junta de Andalucía encargada de organizar los despidos colectivos mediante ERE. En este sentido, la juez Alaya investiga la responsabilidad de la exministra Magdalena Álvarez mientras ocupó el puesto de consejera del Gobierno andaluz. En su instrucción, la juez investiga las supuestas comisiones concedidas a miembros de UGT y CCOO por consultoras y aseguradoras a cambio de la gestión de esos ERE.

 Toxo admitió hoy que facturar a una consultora “no es adecuado”, si bien remarcó la legalidad del procedimiento, tras reclamar que se facturen los servicios sindicales directamente a las empresas, según dijo en la presentación en Madrid de las conclusiones de una comisión de investigación encargada por el sindicato, compuesta por 3 miembros de la dirección del sindicato y 2 juristas de su gabinete jurídico, para aclarar la actuación de CCOO en el caso de los ERE.

 Esta comisión, aunque reconoce algunos “desórdenes”, negó que exista enriquecimiento personal de los imputados, según explicó el líder sindical que compareció acompañado por el líder de la central en Andalucía, Francisco Carbonero.

 Indicios de una “trama”

 El informe entiende sin embargo que existen indicios de la existencia de una trama. “Hay indicios de que así es”, declaró Toxo, quien sin embargo, matizó que “Comisiones Obreras no ha formado parte, ni formará, de esa trama” vinculada a los ERE en Andalucía.

 Además, el sindicato reconoce que el sistema de facturación es “manifiestamente mejorable”. También admite la existencia de los llamados ‘intrusos’ en los expedientes de regulación de empelo, si bien señala que estos intrusos se incluyeron en los Ere en una fase ulterior del proceso en la cual ya no intervenía el sindicato, dijo.

 El caso de los ERE se desató al detectar que personas ajenas a las empresas inmersas en los procesos de despido colectivo se beneficiaron de indemnizaciones que, al no trabajar en esas empresas, obviamente, no les correspondían. “No hay intrusos en los expedientes pero sí hemos detectado intrusos en las pólizas, donde ya no participaban los sindicatos”, declaró Toxo, quien recordó, por otra parte, que la investigación de Alaya se centra tan solo en 21 de los miles de expedientes en los que ha participado la central en la última década en Andalucía.

 “Desorden” en la facturación

 Con todo, Toxo confesó que ha habido “desorden” en la facturación de la central a las consultoras y aseguradoras que intervenían en estos procesos, si bien el líder de CCOO trasladó la responsabilidad por estas actuaciones a algunas ramas de la central que, añadió, “confundieron autonomía con independencia”. En este sentido, la investigación de Alaya señala a la federación andaluza de Industria del sindicato. “Han sido federaciones del sindicato pero afecta al conjunto de la organización”, aclaró Toxo.

 Por su parte, el responsable territorial de CCOO admitió que algunos de los imputados son afiliados aunque sostuvo que en el caso de los ERE, no actuaban en nombre de la central. Así, Carbonero ejemplificó que uno de ellos trabajaba para una aseguradora; mientras que otro, además de su trabajo por cuenta ajena, había montado una empresa por cuya actividad se ha visto implicado.

 Toxo, por su lado, dijo estar “convencido” de que el juicio instruido por Alaya concluirá demostando que CCOO no ha cometido “ninguna ilegalidad”. “Ha habido facturación, que no cobro, de comisiones”, agregó, antes de indicar que estas facturas se emitieron de manera “desordenada” por algunas áreas del sindicato, que siguieron su propio “criterio” y a una instancia “que no es la adecuada”, como fueron las consultoras y aseguradoras. Aun así, recalcó que cinco de los diez imputados merecerán la protección jurídica del sindicato, mientras que tres no pertenecen ya a la organización; y a otros dos, se les ha abierto expediente.