No habrá cambios. La nueva cotización por los cheques restaurante y el resto de pagos en especie, se quedará como está. Y tampoco se aceptará introducir la medida progresivamente, tal como pedían los empresarios, para tener cuatro años hasta verse obligados a pagar al completo por los conceptos salariales que hasta ahora no cotizaban, como los cheques guardería, los pluses de transporte o los planes de pensiones que promueven las empresas.

Fuentes del ministerio de Empleo afirmaron este martes que el Grupo Popular en el Congreso se opondrá este miércoles a la tramitación como proyecto de ley del real decreto ley 16/2013. Así, la norma que instituye los pagos a la Seguridad Social por conceptos antes excluidos recibirá previsiblemente este miércoles la convalidación por parte del Congreso, según afirmaron a Europa Press en fuentes del ministerio de Empleo.

La oposición a los cambios en la norma desaira a los empresarios de CEOE y Cepyme, que habían llegado a pedir al Ejecutivo la retirada del decreto ley. Estas fuentes del departamento que dirige Fátima Báñez indican que la tramitación como proyecto de ley “no consta”, una negativa que cierra la puerta a posibles modificaciones en el texto legal.

Tampoco admitirá el Gobierno que se suavice la entrada en vigor del decreto ley mediante su desarrollo reglamentario. “No tendría mucho sentido”, advirtieron en estas fuentes.

Y tampoco se trazará un camino de cuatro años para aplicar progresiva la norma, con la introducción de un 25 por ciento de cotización adicional cada año. “Los derechos no se trocean”, replicaron en estas fuentes a la patronal.

Impacto anual de 900 millones

El Gobierno prevé recaudar 900 millones por los nuevos conceptos de cotización. Por su parte, las empresas cifran en que la nueva subida tendrá el impacto equivalente a una subida de un punto en las cuotas a la Seguridad Social.

Los nuevos pagos por conceptos como cheques guardería, vales de comida, ‘stock options’ o planes de pensiones de empresa, encarecen a las empresas un 30 por ciento la prestación de estos beneficios sociales. Para el trabajador, los nuevos pagos suponen una disminución de más del 6 por ciento de su salario neto.

Algunos voces auguran la desaparición de estos beneficios sociales, como portavoz de Empleo del Grupo Socialista en el Congreso, Isabel López i Chamosa. “Los empresarios no van a pagar nada de su bolsillo”, ha criticado en declaraciones en el Congreso de los Diputados.

En cambio los sindicatos aseguran que las nuevas cotizaciones no deberían suponer la supresión de estos beneficios, si bien las centrales admiten que los nuevos pagos acentuarán la conflictividad en las empresas, según dijo el ‘número dos’ de CCOO, Ramón Górriz.

Otras voces recuerdan que es ilegal descontar las cotizaciones que debe pagar la empresa del sueldo del trabajador. Desde el ministerio de Empleo, por su parte, recuerdan que las nuevas cotizaciones, aunque menguan la nómina en un primer momento – el citado 6 por ciento que corresponde al trabajador –, contribuirán a engordar la futura pensión de cada trabajador, así como el resto de percepciones que se reciban como consecuencia de las cotizaciones al instituto de previsión social.

Las citadas fuentes de Empleo recordaron hoy a los empresarios que el Ejecutivo prevé flexibilizar el mecanismo de aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social. Hasta el momento, sin embargo, las empresas cuentan con un plazo hasta el 31 de marzo para ponerse al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social de los nuevos derechos generados desde el 1 de enero.