El pacto por la formación alcanzado por empresarios y sindicatos ha topado con sus primeros detractores. Las organizaciones sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, y empresariales, CEOE y Cepyme, pretenden que las empresas asuman todo el poder en la gestión de cursos para ocupados. Un modelo al que ahora tiene que contestar el Gobierno y que, según USO – el sindicato minoritario – perpetúa todos los errores del pasado.

El disgusto de USO se enmarca en el proceso de reforma del sistema de formación para el empleo que ha emprendido el Gobierno. Hace unas semanas, el Ejecutivo presentó una propuesta que prevé abrir a la competencia la organización de los cursos. Por su parte, empresarios y sindicatos – UGT y CCOO – han contestado esta semana con una propuesta conjunta que da a las empresas todo el poder a la hora de contratar los cursos.

El modelo de formación para el empleo se gestiona con las cuotas que pagan empresarios y trabajadores, un 0,7% del sueldo bruto. El Ejecutivo ha propuesto que empresarios y trabajadores dejen de prestar la formación. Admite que participen en la planificación y evaluación, como hasta ahora; pero quiere poner fin a un modelo que reserva a sindicatos y patronales el papel de juez y parte, pues planifican, por un lado, los cursos que luego en parte también impartirán.

Propuesta del “crédito-formación”

El modelo entregado a Empleo por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme sostiene la formación debe quedar en manos de quienes la financian, empresarios y trabajadores, tal y como recoge el documento que los agentes sociales entregaron el miércoles pasado a la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.

La propuesta incluye la creación de lo que denominan un ‘crédito-formación’. Este sistema pone en manos de las empresas el acceso al importe total cotizado para formación en el ejercicio anterior para poder gastarlo sin límite y como consideren oportuno, sometido siempre a consultas a los representantes de los trabajadores, según ha informado Efe.

El pacto también prevé la creación de un fondo global de formación que gestionaría los excedentes de los fondos que las empresas no apliquen en cada ejercicio. Ese fondo global debería ser gestionado por entidades bipartitas de las que formen parte las organizaciones patronales y sindicales en el marco de la negociación colectiva o el diálogo social.

Según este modelo pactado, las empresas podrán optar por gestionar directamente su crédito-formación o acudir a una empresa externa especializada. Asimismo, la formación será impartida por centros de formación o por las propias empresas con medios propios.

Los plazos aprietan al Ministerio

Empresarios y sindicatos reconocen que han entregado un documento de máximos al ministerio de Empleo, cuyos contenidos están abiertos a la negociación y al diálogo. Sin embargo, la propuesta dista mucho de la intención inicial del ministerio que dirige Fátima Báñez, expresada en un borrador.

El borrador de la reforma de Empleo censuraba el doble papel de planificadores y ejecutores desempeñado por patronales y sindicatos. En su lugar, la propuesta del ministerio determina abrir a la competencia la organización de los cursos. Y fija incluso un mecanismo que fije los precios de los cursos, tras un estudios previos de mercado.

El de la formación fue uno de los asuntos abordados en la reunión entre Rajoy y los agentes sociales en su reunión en La Moncloa el pasado 18 de marzo. En aquella ocasión, el presidente del Gobierno recalcó su intención de abrir una nueva etapa de diálogo social a los líderes de CCOO, Ignacio F. Toxo, UGT, Cándido Méndez, CEOE, Juan Rosell y Cepyme, Jesús Terciado.

Por su parte, el ministerio de Empleo desea llevar un documento final en abril ante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. En la primera quincena de mayo, según preveía el borrador, se pretende además presentar la reforma ante el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.

La reforma precisa además de una amplia modificación legislativas, en primer lugar del real decreto 395/2007, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. También se prevé la modificación de una decena de normas de diversa entidad.