El Pleno del Congreso aprobó este jueves por unanimidad tramitar como proyecto legislativo el decreto ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, lo que abrirá la puerta a que los grupos de la oposición puedan presentar enmiendas.

La víspera del debate, el Gobierno no había querido confirmar esta tramitación, y ni siquiera lo dio por hecho ante la Cámara la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando por la mañana presentó el texto al Congreso.

La votación ha confirmado al fin lo que había avanzado en su intervención el portavoz ‘popular’ Alfonso Alonso, en respuesta a las acusaciones de la oposición de que un decreto que modifica 26 leyes de nueve ministerios socava las funciones del Parlamento, ya que se le impide debatir a fondo sobre medidas tan importantes como la privatización de Aena, la puesta en marcha de la Garantía Juvenil o los incentivos fiscales para los autónomos.

De hecho, formaciones como el PNV o ERC ni siquiera han participado en la votación de la convalidación, y otras como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que también han optado por no votar, han reclamado que se parta el decreto en ocho o nueve proyectos de ley para que cada uno se tramite en su correspondiente comisión.

Alonso ha querido dejar claro que el análisis de este ‘macrodecreto’ no acaba con su convalidación este jueves en el Congreso, sino que sólo es «el inicio del debate, que naturalmente será sosegado y técnico«.

Se verá en la Comisión de Economía

Así, ahora se abrirá un plazo de enmiendas reducido, ya que por proceder de un decreto ley su tramitación se considera urgente, y la norma pasará a la Comisión de Economía para revisar el articulado, lo que podría suceder este mismo mes de julio o retrasarse hasta después del verano.

A continuación, y tal y como explicó el secretario de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, la tramitación del proyecto de ley derivado del decreto ley se centralizará en la Comisión de Economía y Competitividad, aunque su contenido afecte también a asuntos de justicia, fomento o incluso cultura.

Convalidación del macrodecreto

El decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia fue convalidado este jueves por el Pleno del Congreso con los 180 votos del PP y el rechazo del grueso de la oposición, que critica el texto por modificar de un golpe 26 leyes de nueve ministerios, socavando la labor de las Cortes al impedir un debate sectorializado.

La decisión de los ‘populares’ de aceptar que el decreto se tramite como proyecto de ley en la Comisión de Economía, lo que abre la puerta a la posible inclusión de enmiendas, no cambió la postura de los grupos de la oposición, que uno a uno fueron criticando el «despotismo» con el que el Ejecutivo ejerce su mayoría absoluta, despreciando la función parlamentaria e incluyendo medidas de muy variado tenor en un único texto normativo.

Y es que el decreto incluye desde las bonificaciones a la contratación asociadas a la Garantía Juvenil a rebajas fiscales para autónomos, cambios en la gestión de los Puertos, medidas para la privatización de Aena, la liberalización del sector del butano, la gestión del Registro Civil, el uso de drones, los cambios en las condiciones de los créditos de pago a proveedores de los ayuntamientos o la reducción de las comisiones por pago con tarjeta de crédito.

Más medidas, entre otras, son la agilización del proceso para abrir nuevas superficies comerciales, se crea la figura de capital Riesgo-Pyme, se mejora la financiación de la internacionalización de las empresas, se lanza un fondo de eficiencia energética de 370 millones, otras diez ciudades tendrán áreas comerciales con libertad de horarios, o la bonificación para las prácticas retribuidas de universitarios y estudiantes de FP.

En total, 172 páginas que cambian 26 leyes de nueve ministerios distintos, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que llegó a la Cámara el lunes por la tarde. De hecho, este mismo jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba casi 70 correcciones, lo que ha sumado argumentos a la oposición de la «irresponsabilidad» que supondría apoyar un texto que han tenido tan poco tiempo de estudiar.

Medidas urgentes

Unas medidas que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado de urgentes para impulsar el crecimiento económico aprovechando la incipiente recuperación, y que movilizarán un total de unos 11.000 millones de euros. Por eso, ha acusado a la oposición de buscar «excusas de forma» para no apoyar al Gobierno y ha recordado que en los 40 años de Democracia se han aprobado más de 560 decretos, que es un instrumento «legal» y para nada nuevo.

En este punto, ha acusado además al PSOE de criticar lo que practicaba profusamente cuando ocupaba el Gobierno, incluyendo también en sus decretos asuntos de diverso pelaje, y ha recordado que con los socialistas «se podía hacer esto y los mayores recortes de la Democracia» por decreto.

El portavoz ‘popular’, Alfonso Alonso, ha ido incluso más allá y ha acusado a los grupos de «montar bronca» para «no hablar de que el tiempo de los ajustes ha pasado» e impedir al Gobierno dar «buenas noticias», y ha recordado que la función parlamentaria se cumple con el trámite de la convalidación, que en cualquier caso es sólo «el principio del debate», que continuará con el proyecto de ley.

Sin embargo, los portavoces de los diferentes grupos de la oposición le han recordado que muchas de las medidas llegan con meses de retraso, sin que haya habido explicaciones del Gobierno ante la Cámara pese a las reiteradas solicitudes y que se podían haber aprobado igualmente en diversos decretos para favorecer su debate en profundidad.

De hecho, las formas para la aprobación del decreto han disgustado tanto en las filas de la oposición que no sólo han llevado a votar en contra a formaciones como PSOE o CiU -que ha reconocido que habría apoyado algunas de las medidas si se hubieran presentado de otra forma-, sino que incluso han motivado la decisión de no votar de los diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el PNV y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Además, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha confirmado durante el debate la intención de su grupo de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley, impugnación que abrirá al resto de grupos de la oposición.