El Gobierno abrió hoy la puerta a levantar el veto a la prejubilación de las personas despedidas antes de 2013. Estas personas, que habían suscrito un convenio especial con la Seguridad Social, están pendientes ahora de la negociación que el Ejecutivo entablará con los agentes sociales a partir de mañana miércoles. Con esta decisión, el Ejecutivo se plantea corregir el criterio más restrictivo que retrasaba de los 61 a los 63 años el acceso a la jubilación de unas 35.000 personas.

La decisión afecta a unas 35.000 personas que perdieron su empleo antes del 1 de abril por despidos individuales, y que firmaron convenios especiales con la Seguridad Social,  con la intención de jubilarse a los 61 años acogiéndose a una cláusula de salvaguarda incluida en la reforma de pensiones de 2011.

El máximo responsable de la Seguridad Social, Tomás Burgos, calificó el criterio que dificultaba el acceso a la pensión de una decisión “administrativa”, y anunció su disposición a suavizar la interpretación de la norma que regula el acceso a la pensión de quienes firmaron convenios especiales con la Seguridad Social, a fin de mantener su cotización a pesar de haber sido despedidos.

Burgos corregía así el proceso que, este verano, endureció en dos fases el acceso a las pensiones por jubilación anticipada; en un primer momento, en junio, la Seguridad Social comenzó a rechazar las solicitudes de pensión de quienes habían firmado un convenio especial con el instituto de previsión social. En agosto, en una segunda fase, se amplió la restricción que empezó a afectar a los trabajadores que tenían suscrito un convenio especial complementario de cotización del subsidio de desempleo.

Con estas medidas, la Seguridad Social obligada a las personas afectadas a postergar por dos años su acceso a la jubilación, hasta los 63 años. En un primer momento el Ejecutivo advirtió que se trataba de exdirectivos. Algo que niegan los sindicatos. “Esperar dos años, en el mejor de los casos, para cobrar la pensión puede llevar a muchas familias a una situación económica insostenible”, critican desde CCOO.

La rectificación del Gobierno no se producirá hasta que representantes de la Seguridad Social se reúnan con miembros de los agentes sociales. El miércoles se producirá la primera reunión, según detalló Burgos quien dijo que la voluntad del Ejecutivo es “encontrar una solución pactada con los agentes sociales”.

Burgos advirtió que los criterios de interpretación de la norma deben responder a la “finalidad esencial de la misma”. Sin embargo dejó la puerta abierta a una posible rectificación. “Si después de un análisis exhaustivo” se establece una conclusión distinta a la mantenida hasta ahora, “la Seguridad Social adoptará las medidas convenientes”, admitió.

Por su parte, los sindicatos amenazaron con una guerra judicial si las restricciones continúan. Así, Comisiones Obreras ha reiterado su voluntad de recurrir cada denegación de pensión motivada por esta causa. En cualquier caso, el sindicato exigió una rectificación al Gobierno. La demora de las resoluciones judiciales, advirtieron, causarían un perjuicio “irreparable” en caso de continuar la denegación de pensiones a las personas despedidas antes de 2013, y que firmaron convenios especiales con la Seguridad Social.