De las 3.384 enfermedades derivadas de la exposición al amianto, un mineral tóxico muy utilizado antiguamente en la construcción y hoy prohibido, solo un 1,88% han recibido el reconocimiento de enfermedad profesional. Son datos manejados por UGT, y que se recogen en el último informe del Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos al Amianto (PIVISTEA).

El Programa, que se ha ido implantando progresivamente en las comunidades autónomas desde 2004, y recoge información proporcionada por diferentes administraciones y actores relacionados con la salud laboral, admite que las enfermedades derivadas de la exposición al amianto apenas son reconocidas como enfermedad profesional afirma el sindicato.

En concreto, de los 3.384 casos diagnosticados, solo 64 se han catalogado como dolencia profesional. Una clasificación que tiene consecuencias económicas, tanto para el trabajador, como para el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), tal y como vienen denunciando los sindicatos.

En particular, las centrales acusan a las Mutuas de trabajo, instituciones privadas que agrupan los servicios de salud contratados por empresas, de evitar la clafisicación profesional de las dolencias, con el fin de cargar sus costes a la Seguridad Social.

Más de 35.000 trabajadores en contacto

En el caso del amianto, el informe revela que con datos relativos a 13 autonomías, se detectan 1.529 empresas que realizan o han realizado actividad laboral con amianto, y 35.630 trabajadores que manipulan o en su día manipulares fibras de amianto en su actividad laboral.

Sin embargo, la mayor parte de los trabajadores afectados, un 60%, se aglutinan en torno a unas pocas empresas, en concreto 55 compañías.

En cuanto a los pacientes, la enfermedad profesional por contacto con el amianto afecta sobre todo a los hombres, y en relación con la mortalidad, predominan las dolencias como placas preurales y asbestosis.

Fondo de Compensación

UGT, que acusa a la Administración central de “inoperancia” en relación a este problema, ha reclamado a las empresas que tomen medidas preventivas, y ha insistido en la necesidad de crear un Fondo de Compensación a las víctimas declaradas y futuras del amianto.

Piden también desde la central que se incluyan los cánceres derivados del contacto con amianto (de laringe, esófago y otros) en el cuadro de enfermedades profesionales. Así como la posiblidad de adelantar la edad de jubilación de estos trabajadores, mediante la aplicación de coeficientes compensatorios de reducción de edad de paso al retiro.

También exigen que se reforme la normativa de calificación de enfermedades, necesitada de ajustes, actualización y uniformización.

Las familias sufren también dolencias

En opinión del sindicato, España es uno de los países con menor control de los problemas originados por el amianto. Problemas que exceden el ámbito laboral, añaden. Así recuerdan el caso de la sentencia que dio la razón a cuatro mujeres que exigieron indemnizaciones a la empresa Uralita, por contraer enfermedades ligadas de la inhalación de las fibras de amianto contenidas en los monos de trabajo de sus maridos, empleados de la firma.

“Si no adoptan ahora las medidas adecuadas, la situación será muy difícil de corregir en el futuro”, sentencian desde el sindicato que, hace un año, cifró en 90.000 el número de trabajadores afectados por este problema.