La fuerza laboral joven en España está profundamente dividida. Por un lado destacan los jóvenes bien formados, con estudios medios o superiores, menos afectados por el paro, y con una alta participación en los programas públicos de ayudas. Por otro, los jóvenes con poca cualificación, sin estudios muchos de ellos, muy castigados por el paro, y con pocas posibilidades de encontrar un empleo. Para estos últimos es para los que el Gobierno debería adaptar su sistema de Garantía Juvenil, un plan europeo que promete empleo o formación a los cuatro meses de quedar inactivo, y cuya implantación en España “no ha sido masiva”, según denuncian los expertos reunidos por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

Una fuerte polarización distingue entre dos tipos de jóvenes en España, recuerdan los expertos que han participado en la jornada de Análisis de la implantación en España de la Garantía Juvenil, celebrada recientemente con la presencia de responsables de las Administraciones implicadas, junto a empresarios y sindicatos. “Hay una mayoría de jóvenes que no participan y otros son muy activos”, constatan.

Las conclusiones de estos expertos llegan después de las protestas de las Comunidades Autónomas que se quejan de los problemas de financiación de las ayudas. Aunque el programa goza del respaldo europeo son las maltrechas arcas de las Administraciones españolas las que deben adelantar gran parte del dinero. Unos problemas que han llevado incluso a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a lamentar el escaso impulso que los Gobiernos autónomos ofrecen al sistema de Garantía Juvenil.

Promesa de empleo o formación

La Garantía Juvenil es un plan europeo que ofrece un empleo o formación complementaria a los jóvenes en el plazo de los 4 meses posteriores al momento en que acabaron sus estudios o se quedaron en el desempleo. A pesar de lo atractivo de la oferta, en España apenas 30.000 jóvenes se han apuntado al programa. El ministerio ha anunciado que ampliará hasta los 29 años la edad para beneficiarse de las ayudas, divididas en cuatro bloques: orientación, empleabilidad, contratación y emprendimiento.

En primer lugar, los expertos que han analizado los resultados del programa instan al Gobierno a adoptar medidas que favorezcan la transición a un modelo productivo basado en el crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

En su evaluación destacan la “fuerte” heterogeneidad que caracteriza al grupo de los jóvenes. Señalan a su vez que en España el acceso “no ha sido masivo”. “Hay una mayoría de jóvenes que no participan y otros son muy activos”, reiteran.

Ante su escaso éxito, los expertos urgen al Gobierno a potenciar la difusión del programa en los medios de comunicación. Resaltan que los convenios firmados entre Empleo y las Cámaras de Comercio y otros organismos, cono el Instituto de la Juventud (Injuve) y el servicio público de empleo (Sepe) tardarán en dar su fruto. Y piden potenciar la participación de los distintos agentes implicados (sindicatos, administraciones, centros de orientación profesional, sindicatos, empresas).

Grandes diferencias europeas

Otras recomendaciones, que no suscitaron el consenso, se centran en establecer un marco laboral más flexible, reforzar el papel de las agencias privadas de colocación, mejorar los incentivos para darse de alta en el sistema, evitar que las empresas abusen de las bonificaciones sin ofrecer empleo de calidad y facilitar la continuidad en el trabajo, así como reforzar la figura de los servicios públicos e impulsar la colaboración público-privada.

La implantación de la Garantía Juvenil parte de una recomendación del Consejo Europeo en abril de 2013 por la que se insta a los Estados miembros a implantar este sistema. Los principales perceptores de los fondos serán los países con un paro superior al 25%. En el caso español, el desempleo juvenil duplica casi esa cifra, un 48,9%, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al pasado mes de diciembre.

Paralelamente, la Comisión Europea ha aconsejado acompañar la implantación de la Garantía Juvenil con una reforma de las llamadas políticas activas de empleo.

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) prevé analizar próximamente el funcionamiento de la formación profesional dual, así como las oportunidades que brinda el sector de las tecnologías de la información, como parte del proyecto financiado por la Comisión Europea que pretende divulgar sus políticas en materia de empleo juvenil.