Caixa Manresa, fundada en 1865 y heredera de la Tabla de Comunes Depósitos creada en 1605, se fusionó en julio de 2010 con Caixa Tarragona y con Caixa Catalunya para crear CatalunyaCaixa. La entidad tuvo que traspasar todo su negocio financiero a CatalunyaBanc, que ha terminado en manos del BBVA.

Un grupo de empresarios y profesionales de Manresa (Barcelona) trató de ‘resucitar’ el espíritu fundacional de Caixa Manresa mediante la creación de una cooperativa de crédito de ámbito local. Esta figura requiere un capital social de 1,05 millones de euros, frente a los 18 millones que se exigen para un banco, los 3,6 millones de una cooperativa de crédito de ámbito autonómico o los 4,8 millones para una que supere esa dimensión.

El proyecto se quedó en un sueño, que vuelve ahora con Caixa Catalana Cooperativa de Crédit, impulsada por Joan Olivé (exdirectivo de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y ‘la Caixa’, ahora empresario de Tarragona) y Jaume Vall (que lo hizo en Caixa Sabadell). Su modelo es Caixa Popular, creada en 1978 y que ha logrado mantenerse al margen del proceso de concentración en las cajas rurales y cooperativas de crédito en la Comunidad Valenciana.

El objetivo del grupo de extrabajadores y exdirectivos de las antiguas cajas de ahorros catalanas, profesores universitarios (entre ellos, Josep Ramón Sanchís, de la Universitat de Valéncia, y autor del libro “Caixa Popular, un model de banca cooperativa social i diferent”, o el profesor de la UPC Marcel Coderch), profesionales del sector financiero y económico de Cataluña, y personas vinculadas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (de la que forma parte la ahora alcaldesa de Barcelona Ada Colau), es crear una ‘caixa’ popular que opere con unas comisiones hasta un 80% más bajas que las que se aplican en las entidades financieras.

Este grupo plantea la necesidad de «movilizar el ahorro de los catalanes para ponerlo a trabajar para revitalizar la economía catalana«. Según el documento fundacional, Caixa Catalana Cooperativa de Crédit será “una entidad financiera social e inclusiva, gobernada por los mismos clientes y los trabajadores”. “Su misión preferente debe ser luchar contra el paro, financiando a autónomos, pequeños empresarios, parados que necesitan un crédito para retornar al mundo laboral, y a entidades de carácter social, especialmente las que facilitan empleo a personas con discapacidades«.

Los trabajadores de la entidad contarán con el 15%. El mismo porcentaje que la Generalitat, cuyo papel es dar estabilidad a la Caixa Catalana Cooperativa de Crédit. El resto «debe quedar totalmente diseminado por el territorio de Cataluña y difuso entre los diferentes extractos profesionales y empresariales». Los clientes sumarían el 50%, y los colegios profesionales, gremios de oficios y cooperativas tendrían el 20% restante.

La idea es que la cooperativa de crédito comience a funcionar en 2016, bajo el lema «una nueva Caja Catalana, 100 años después», en referencia al periodo de creación de buena parte de esas entidades en Cataluña.

Pese a que no ocultan sus simpatías por el proceso soberanista en Cataluña, los promotores de la Caixa Catalana Cooperativa de Crédit se declaran al margen de éste, y niegan que el proyecto tenga intencionalidad política. También dejan muy claro que la entidad será controlada por políticos, porque es lo que llevó a la desaparición de la práctica totalidad de las cajas de ahorros.

Denaria, en la Comunidad Valenciana

Mientras en Cataluña tratan de recuperar el espíritu fundacional de las cajas de ahorro con una cooperativa de crédito, en la Comunidad Valenciana llevan desde febrero de 2013 intentando sacar adelante el proyecto de Denaria

Denaria, impulsada por Cepyme Alicante y con el apoyo de la Cámara de Comercio, la Diputación y la Universidad de la provincia, entre otras instituciones, se quiere centrar en la financiación de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. El proyecto sufrió un parón por la reforma de las cooperativas de crédito que preparaba el Ministerio de Economía y que finalmente se ha dejado para la próxima legislatura, entre otros motivos por la oposición del PP de la Comunidad Valenciana y de otras autonomías a la bancarización de estas entidades.

Cristóbal Navarro, presidente de Cepyme Alicante y vicepresidente de Coepa, asegura que Denaria cuenta con el apoyo inicial de 700 empresas y de 5.000 profesionales de la Comunidad Valenciana. Pero más de dos años después del lanzamiento del proyecto la web de Cepyme Alicante sigue reclamando inscripciones para Denaria, “la cooperativa de crédito de nuestra tierra”.

Lo mismo sucede con Publicaja, una cooperativa de crédito impulsada desde enero de 2013 por funcionarios de la Región de Murcia. Dos años y medio después, todavía sigue sin ponerse en marcha la “cooperativa de crédito de los empleados públicos de la Región de Murcia«, que nace «para gestionar primeramente los ahorros y demás intereses económicos de nuestro colectivo de forma democrática, con rigor y transparencia, así como  fomentar y promocionar la economía real del resto de nuestros conciudadanos, y rechazar la especulativa”.