Comisiones Obreras (CCOO) exigió hoy viernes al Gobierno que acabe con la política de reducción de cuotas a la Seguridad Social. Por el contrario, el sindicato pidió al Ejecutivo que suba dos puntos las cotizaciones empresariales al instituto de previsión social. Además, la central celebró que el Gobierno asuma la conveniencia de sacar del sistema contributivo las pensiones de viudedad, y propuso un plan para hacerlo de forma gradual en 25 años.

El sindicato plantea una subida de dos puntos en las cuotas a la Seguridad Social que pagan las empresas, desde el 28,3% actual hasta el 30,3% del sueldo bruto (base de cotización). Este incremento “temporal” de los tipos de cotización que financian las pensiones permitiría ahorrar entre 6.000 y 7.000 millones de euros anuales, el 0,67% del PIB, sostiene.

Además reclama al Gobierno que abandone su política de incentivos al empleo consistente en aligerar a los empresarios su factura con la Seguridad Social. En concreto, CCOO pide el fin de las reducciones de cuotas, y su conversión en bonificaciones, lo que permitiría, al menos, que el Estado compense a la Seguridad Social por la pérdida de ingresos.

Actualmente, la Seguridad Social deja de recibir unos 2.500 millones de euros anuales a consecuencia de las reducciones de cuotas, según los cálculos del sindicato. En el caso de las bonificaciones, el Gobierno compensa la pérdida de ingresos a la Seguridad Social. En cambio, en el caso de las reducciones, nadie compensa esa exención de cuotas.

En el Presupuesto de 2016, el Gobierno calcula que la Seguridad Social dejará de recibir 2.100 millones de euros por estas reducciones; mientras el gasto en bonificaciones ascenderá a 1.635 millones de euros.

Tarifas planas y reducidas

La reducción más importante actual es la tarifa reducida, que exime a las empresas del pago de cuotas por los primeros 500 euros de sueldo, y que sustituyó a la anterior ‘tarifa plana’, aún vigente en el caso de los autónomos.

En este sentido, CCOO plantea además reformar el sistema de cotización de los autónomos de forma que los trabajadores por cuenta propia suban sus aportaciones a la Seguridad Social. Con el sistema actual, los autónomos pueden elegir su base de cotización. Y un 85% lo hace por la base mínima (893 euros en 2016). “Debe profundizarse en los sistemas de estimación directa de ingresos por actividades económicas o profesionales, lo que tendrá importantes consecuencias en la recaudación fiscal y fiscal y en los ingresos de la Seguridad Social”, defiende la central.

El sindicato reclama además políticas dirigidas a recuperar los 3 millones de empleos perdidos durante la crisis. Según sus estimaciones, la pérdida de un millón de afiliados a la Seguridad Social equivale a una reducción de ingresos por valor de 5.000 millones de euros anuales, un 1,43% del PIB.

Pensión de viudedad

CCOO exige además que el Congreso aborde cuanto antes un cambio en la financiación de las pensiones de muerte y supervivencia. En su opinión, el traslado debe ser gradual y concluir en el plazo de 25 años con la salida del sistema de pensiones contributivas de las pensiones de viudedad y orfandad. El Estado asumiría su financiación vía impuestos.

En 2016, los Presupuestos Generales del Estado prevén un gasto cercano a los 23.150 millones de euros en estas prestaciones. Una cantidad muy importante a juzgar por que el presupuesto total para pensiones contributivas asciende a 118.450 millones de euros.

Finalmente el sindicato liderado por Toxo pide al Gobierno que aborde una reforma fiscal. Esta es la actuación más determinante y necesaria”, explica Carlos Bravo, responsable de pensiones de la central. Aunque nuestra estructura tributaria es similar, España recauda una suma “mucho menor” que sus socios comunitarios en concepto de impuestos. “Casi 90.000 millones menos de ingresos en 2012. Y casi 70.000 millones menos gasto público que la media comunitaria”, apuntan.

“La tolerancia con el fraude fiscal en España es insostenible en términos economicos y éticos”, concluyen.

Además, la central es partidaria de que el Estado asuma los gastos de administración de la Seguridad Social, que ahora se pagan con cotizaciones.