El diálogo social entre los sindicatos, la patronal y el Gobierno está paralizado. La situación política del país, y muy especialmente el desafío soberanista en Cataluña, con la convocatoria de elecciones el próximo 21 de diciembre, impiden avanzar en las reformas previstas en importantes asuntos como las pensiones, la calidad en el empleo, el salario mínimo interprofesional, y hasta en los salarios que negocian, a dos bandas, empresarios y sindicatos.

En materia de calidad del empleo, el Ejecutivo parece dispuesto a reformar algunos aspectos, como los incentivos al empleo, las polémicas bonificaciones cuya eficacia ha sido puesta en duda por numerosísimos expertos, pese a lo cual cada año acaparan la mayor parte de los fondos previstos en las políticas de empleo en España.

Sin embargo, en esta materia de empleo, el comienzo de las negociaciones está siendo infructuoso, según destacan desde los sindicatos, uno de los tres participantes en esta mesa que celebrará su próxima reunión el próximo 13 de diciembre, sin que se haya avanzado hasta el momento ni un solo paso desde su punto de partida.

Imposible antes de fin de año

“Esto no es diálogo social”, confirma desde CCOO Lola Santillana, la responsable de empleo que duda de la promesa que hizo el Gobierno de presentar antes de fin de año alguna medida que ayude a paliar el auge de los contratos temporales en los últimos años.

“Antes de fin de año va a ser difícil”, corrobora; sobre todo si se tiene en cuenta que hasta la fecha “no se han estructurado las mesas de diálogo social de una forma ordenada”, opina.

Tampoco parece haber muchos avances en otras materias, como la elevación de la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI), a pesar de que esta medida se incluye cada año en la ley de presupuestos generales del Estado.

Ni tampoco en lo relativo a las pensiones, donde los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo no parecen avanzar hacia ningún resultado cierto, habida cuenta de la debilidad parlamentaria que muestra en el Parlamento el grupo Popular que sostiene al Gobierno.

División sindical

Ni siquiera en el diálogo con los empresarios, donde no interviene el Gobierno, puede presentarse algún fruto. Y mucho menos después de que ayer el líder de CEOE, Juan Rosell, confirmara que su organización ofertará una subida salarial para 2018 similar a la que ofrecieron el año pasado, y que acabó dinamitando el pacto; esto es, entre el 1,2% y el 2% de subida, más medio punto adicional en función de objetivos.

Para mayor preocupación, la llegada de Pepe Álvarez a la dirección de UGT parece haber abierto una brecha en la unidad de acción de esta central con el otro sindicato mayoritario Comisiones Obreras.

La semana pasada el sindicato ‘ugetista’ se desmarcó de la acción conjunta y anunció que sus representantes negociarán en las mesas de convenios un avance salarial del 3% para 2018, sin esperar a los resultados del pacto con los empresarios, el llamado AENC (Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva).

El sindicato, por boca de su ‘número dos’, Gonzalo Pino advirtió además que su sindicato exigirá la inclusión de un mínimo salarial de 1.000 euros en los convenios con efectos económicos en 2018.

CCOO se muestra partidaria de incluir este salario mínimo de 1.000 euros por la vía de la negociación colectiva, aunque de manera progresiva, y no ya en 2018, como defienden desde la central ‘ugetista’, según confirmaron hoy a diarioabierto.es en fuentes de CCOO.