Los límites a las subcontratas retrasan el acuerdo entre patronal y sindicatos

19/06/2018

Luis del Amo. Los agentes sociales, una vez cerrado el capítulo salarial, discuten cómo embridar la actuación de las multiservicios.

La imagen de Rajoy entrevistándose con las ‘kellys’ – las que limpian los hoteles – ha dejado su impronta en la retina. El anterior presidente del Gobierno conocía así de primera mano los pesares de un colectivo, las camareras de piso, muy afectado por un aspecto concreto de la reglamentación laboral. Concretamente con el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores cuya modificación ahora discuten empresarios y sindicatos.

Y es que la reforma de tal artículo constituye ahora el escollo que está retrasando la llegada de un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, el IV AENC.

Una vez cerrado el apartado salarial, a priori el más difícil, patronos y obreros discuten ahora sobre la manera de regular la subcontratación, y en particular, la acción de las llamadas empresas multiservicios.

Así lo ha afirmado hoy el líder de UGT, Pepe Álvarez, quien da prácticamente por cerrado el preacuerdo con los empresarios en materia de salarios. Un acuerdo, por cierto, “muy importante”, según ha dicho, que recoge subidas de un 2% fijo, más un 1% variable en función de la productividad, y un salario mínimo de 14.000 euros brutos anuales en 2020, según se ha sabido hasta la fecha. Y que, según otras fuentes, se extendería por un período de tres años, hasta 2020.

La validez de este acuerdo salarial para los años 2018, 2019 y 2020 quedaría por tanto pendiente de unos retoques de la normativa laboral que el Gobierno quiere aprobar con consenso de empresarios y sindicatos.

Hay una segunda parte del AENC aún sin cerrar”, afirmó hoy Álvarez desde La Rioja. Según precisó estos flecos pendientes tienen que ver con la regulación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que regula las subcontrataciones, y que según Álvarez debe “volver a la normalidad”.

Las negociaciones de empresarios y sindicatos persiguen poner coto a la actuación de las llamadas empresas multiservicios. Unas compañías que, en muchos casos, devaluando salarios y condiciones laborales, se hacen con servicios favorecidas por la prevalencia del convenio de empresa que instauró la última reforma laboral del PP.

El caso de ‘Las kellys’

Así ha sucedido en el caso de las ‘kellys’, las camareras de piso, que han visto cómo su sueldo caía hasta los 700 u 800 euros, desde los antiguos 1.400 euros, después de que los hoteles externalizaran la limpieza de habitaciones, y la dejaran en manos de empresas multiservicios.

“No es normal que la actividad principal de un hotel no sea hacer las habitaciones, y esto se tenga que subcontratar”, ha ejemplificado hoy el líder de UGT.

“Y esto se está haciendo de manera masiva en la actualidad”, ha sentenciado.

Es verdad que los jueces han puesto coto a la actividad de estas multiservicios. Pero normalmente estas sentencias se refieren a la legimitidad de los convenios que las multiservicios han firmado con algunos trabajadores, sin ostentar, según los jueces, una representatividad real.

La jerarquía de convenios

En el fondo, por tanto, se sitúa una de las cuestiones más controvertidas de la última reforma laboral, como es el orden jerárquico de los convenios, trastocado por el PP, en favor del convenio de empresa.

Este cambio normativo impulsó a algunas empresas a firmar convenios colectivos propios, que empeoraban condiciones de trabajo y salarios con respecto al sector. Una prerrogativa que algunas multiservicios han aprovechado para competir en precios.

Ahora habrá que ver si el Gobierno opta por devolver su antigua preponderancia al convenio de sector. O si, en cambio, se limitará a aprobar una normativa que obligue a las empresas subcontratadas a igualar salarios y derechos laborales del sector y de la la empresa subcontratista.

Algo parecido, incluyendo la asunción de responsabilidades si hay incumplimiento, a lo que se hizo con las empresas de trabajo temporal (ETT) en los años noventa del pasado siglo, cuando un cambio normativo impulsado por la Unión Europea (UE) obligó a las empresas temporales a pagar lo mismo que la empresa matriz.

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